El juez pide a la Complutense que le diga cuánto pagó a Begoña Gómez por dirigir la cátedra

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha pedido a la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que informe sobre cuánto se pagó a la investigada por dirigir la cátedra «Transformación Social Competitiva». El magistrado insta al centro a entregar «a la mayor brevedad posible» la relación de «alumnos matriculados y asistentes a cada una de las ediciones» de la cátedra. En esta causa judicial están imputados también, además de Begoña Gómez, el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

Además, el juez Peinado pide a la Complutense que informe sobre la «relación de cantidades pagadas, especificando número de cuentas corrientes beneficiarias, a la directora de la cátedra, director adjunto, profesor José Manuel Ruano y a todos los profesores», en alusión a la cátedra que dirigía Begoña Gómez. En este sentido, el juez instructor pide a la Fundación La Caixa y Reale Seguros que «aporten los expedientes de concesión de la subvención para el patrocinio de creación de la cátedra y posteriores actos de continuación o seguimiento de la misma, con toda la documentación aportada» por la mujer del presidente del Gobierno.

Por otro lado, el magistrado ha solicitado también a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que informe sobre la «evolución» del informe que se encargó a raíz de la documentación que pidió a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Fue a finales de julio cuando el juez Juan Carlos Peinado pidió a la SEPI que le enviase, en concreto, el expediente del rescate de Air Europa que realizó el Gobierno de Pedro Sánchez en 2020, en plena pandemia. La SEPI está adscrita al Ministerio de Hacienda, que lidera María Jesús Montero.

La defensa de Begoña Gómez, que ejerce el ex ministro socialista Antonio Camacho, recurrió la decisión del magistrado de pedir esta información, alegando que dicho rescate no es «objeto del presente procedimiento» y por no existir «resolución que así lo establezca».

«No es un caso preferente»

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado pronunciarse antes del próximo 30 de septiembre sobre el recurso en el que Begoña Gómez pide archivar la causa en la está siendo investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El tribunal asegura que no se pronunciará antes de esta fecha «al no tratarse de una causa de resolución preferente». En un auto publicado este jueves, se desestima el recurso presentado por la defensa de la mujer del presidente del Gobierno, «manteniendo el señalamiento acordado» por el motivo citado.

Los magistrados indican que el señalamiento recurrido ha seguido el orden ordinario del despacho de asuntos según la agenda del propio tribunal e, insisten, «puesto que no se trata de un asunto de resolución preferente». A su juicio, «las vulneraciones del derecho de defensa que se expresan en el mismo, exceden el objeto del recurso que impugna el señalamiento de la deliberación, votación y fallo del recurso de apelación interpuesto por esa parte».

En este sentido, los jueces destacan que la Fiscalía se opuso al recurso presentado por Begoña Gómez, aunque «sin discrepar de las cuestiones planteadas por la representación de la investigada», que comparte. «Para la Fiscalía, la fecha de señalamiento para la deliberación queda al margen del ámbito del recurso, ya que se fija para el mes en curso, lo que entra dentro de lo razonable a la luz de la carga de trabajo», añaden.

La defensa legal de la esposa de Sánchez presentó recurso de súplica en respuesta a la providencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial en la se que informaba a la partes de que el 30 de septiembre estudiaría tanto el recurso de Gómez como el de la Fiscalía, que pedía delimitar la causa.

Su abogado, el ex ministro socialista Antonio Camacho, lamentó en su escrito que en esta causa se están produciendo «graves violaciones del derecho de defensa» tanto de su defendida como de los otros investigados, en alusión al empresario Juan Carlos Barrabés y el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache.

En este recurso se acusó al juez Peinado de estar llevando una «errática deriva procesal y material». Se afirmó también a la Audiencia Provincial que «desafortunadamente» recurrir ante la Sección 23 «es el único remedio que procesalmente cabe utilizar para intentar evitar irreparables daños en el derecho de defensa».