La juez imputa a otros dos cargos del Gobierno canario en la trama del ‘Tito Berni’

La juez del caso Mediador ha decidido imputar a otros dos cargos del Gobierno canario del socialista Ángel Víctor Torres en la trama del ‘Tito Berni’. Se trata de el viceconsejero de Sector Primario del Gobierno canario, Álvaro de la Bárcena Argany, y Estefanía Margarita González Núñez, a quienes achaca presuntos delitos de revelación de secretos y prevaricación.

Está previsto que el próximo 29 de junio declaren nuevamente ante Lorenzo-Cáceres el propio Tito Berni y su sobrino, según se recoge en una providencia consultada por esta agencia de noticias. En una resolución imputa a otras seis personas, entre ellas los dos cargos canarios, que deberán declarar entre el 28 y 29 de junio.

La juez del denominado caso Mediador ha acordado también ampliar la investigación patrimonial a la mujer de Taishet Fuentes Gutiérrez –ex director de Ganadería de Canarias y sobrino del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni– en el marco del procedimiento que se sigue contra el ex diputado socialista, como presunto líder de una supuesta trama que se dedicaba a cobrar mordidas a cambio de favores políticos.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife ha acordado esta medida toda vez que «respecto de la cuenta de Yeneba Calero figura una ingente cantidad de operaciones de bizum con su marido –Fuentes Gutiérrez–» que, a su juicio, «debe de ser analizada para verificar» si pudo «recibir pagos de procedencia ilícita».

Según ha explicado la juez, «son muchas las conversaciones en las que se hablan de pagos a Taishet» o en las que él «reclama los pagos o agradece los recibidos».

En un auto emitido este martes, la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ha estimado pertinente «librar los correspondientes oficios solicitados» por la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. Así, ha enviado peticiones de información a entidades bancarias como el Banco Santander, Caixa Bank e ING Bank respecto a seis cuentas que se encuentran bajo sospecha.

En concreto, la titular del Juzgado ha reclamado que se le informe sobre los «titulares, autorizados o identidad de las personas que hayan participado como intermediario, apoderado, representante, beneficiarios o destinatarios, y/o manejen o hayan manejado o utilizado las cuentas referenciadas por cualquier otro concepto».

Además, la juez ha solicitado los «detalles» de «todos» los movimientos de las cuentas señaladas desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad –incluido los ‘bizum’ o medios de pagos similares–, así como «la identidad de las personas por cuenta o en cuyo beneficio se realizaron las operaciones de transferencia, giros o traspasos».

Informe de la Agencia Tributaria

En el marco de su resolución, la instructora ha autorizado a los funcionarios de Vigilancia Aduanera, los de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) y/o los del Grupo de Delitos Tecnológicos del Cuerpo Nacional de Policía para «recabar cualquier otra información y documentación complementaria que consideren necesaria para realizar el seguimiento de las operaciones que se vayan conociendo y resulten de interés para la investigación relacionadas con las cuentas citadas».

La juez ha considerado «necesaria y proporcional» la medida complementaria de investigación solicitada «a fin de poder avanzar y esclarecer los graves delitos públicos que son objeto de investigación en este procedimiento». A su juicio, no hay «otra medida menos gravosa dada las circunstancias» del caso que permita «esclarecer» si hubo «pagos a través de entidades o terceros de origen ilícito».

La titular del Juzgado ha acordado estas diligencias después de haber recibido un informe de la Agencia Tributaria en el que «se hace referencia a nuevas conversaciones de los investigados de las que se extraen nuevos números de cuenta aportados a las actuaciones y que procede investigar». La medida afecta a la pareja de Fuentes Gutiérrez y a un matrimonio «hasta ahora desconocido en la causa».

Aviso al ‘Mediador’

En otro auto, al que también ha tenido acceso Europa Press, la instructora ha rechazado las diligencias solicitadas por el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, el Mediador que da nombre a la trama.

Según se desprende de la resolución judicial, pretendía que Lorenzo-Cáceres investigara un presunto delito de revelación de secretos revocando el consentimiento que dio inicialmente para que la Policía analizara sus teléfonos móviles, lo que desencadenó las pesquisas.

La magistrada ha aclarado que «su revocación, carece de efectos retroactivos, sin que proceda la devolución de los terminales móviles intervenidos, toda vez que los mismos son instrumentos y pruebas de los hechos delictivos investigados en esta causa», por lo que «deberán quedar bajo la custodia judicial».

Además, la instructora ha advertido de que, aunque podría obedecer a «una estrategia de defensa», «se podría valorar si la misma ahora obedece a lo que podría llegar a representar ser la base de un delito de estafa procesal, para intentar entorpecer esa instrucción» porque no aporta indicio de la presunta revelación de secretos.

Asimismo, Lorenzo-Cáceres ha puesto de relieve que «son muchas las publicaciones y varias las comparecencias en los medios de comunicación de este investigado que libremente ha comparecido en varios programas de TV, para hablar de esta causa y su contenido».

Le ha reprochado también que, de su escrito, «parece desprenderse (…) convertir en investigados a los investigadores, al solicitarse diligencias dirigidas a cuestionar la actuación del grupo investigador como las relativas a informar sobre las visitas a comisaria del investigado, sin señalar otros datos, y sin haberse decretado nulidad alguna que lo ampare o respalde, pero queriendo cuestionar gratuitamente la investigación policial».

Sobre esto, ha recordado que «ha declarado en sede judicial con todas las garantías procesales tres veces, en las que ha reconocido su participación y pretendía que se valorase su colaboración, al haber aportado datos precisos a la investigación», por lo que le recrimina que quiera «ahora tras año y medio de investigación, y en una nueva y libre línea de actuación, adquirir la condición de parte denunciante y/o perjudicado».