Jueces ven «pocos visos» a la demanda de Juan Carlos I a Revilla: «Son opiniones de hechos ya conocidos»

La demanda por vulneración del honor presentada por el rey emérito Juan Carlos I contra el ex presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla ha generado importantes dudas entre expertos jurídicos sobre su viabilidad. Según jueces consultados especialistas en este tipo de temas civiles, el caso presenta «pocos visos de prosperar», «muchas aristas» y se encuentra en «arenas movedizas» del Derecho, al enfrentar libertad de expresión contra derecho al honor.

La demanda, que reclama 50.000 euros por supuestas manifestaciones «injuriosas» realizadas por Revilla entre mayo de 2022 y enero de 2025, ha sido asignada al Juzgado de Primera Instancia número 13 de Santander. Los magistrados consultados coinciden en señalar lo excepcional del caso: «Es un caso nada habitual», apunta un magistrado de primera instancia que juzga habitualmente casos de honor.

La rareza del litigio es porque es «de persona física contra persona física» en estos asuntos, más frecuentes entre medios de comunicación y figuras públicas. En todo caso, otro magistrado de las altas esferas subraya que Revilla lo tiene fácil, ya que no aporta datos nuevos sobre el emérito: «Se trata de comentarios y opiniones, sobre hechos ya publicados por la prensa».

El procedimiento comenzó con la presentación de la solicitud de conciliación este 1 de abril, coincidiendo justo con la entrada en vigor de la Ley Orgánica Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que establece la obligatoriedad de un acto de conciliación previo a la interposición de demandas civiles.

Los expertos consultados señalan que Revilla podría ampararse en varios argumentos defensivos. En primer lugar, la libertad de expresión y el interés público que suscitan sus declaraciones.

«Aunque no es un periodista, su función en algunos programas como comunicador, tertuliano y opinador es comentar la actualidad», explica un magistrado, sugiriendo que sus intervenciones podrían estar protegidas no sólo por la libertad de expresión sino también por la libertad de información.

Otro factor relevante es que las expresiones de Revilla sobre posible corrupción del monarca emérito podrían tener fundamento en hechos públicamente conocidos. «Las sospechas públicas están fundamentadas no sólo por la existencia de procedimientos judiciales, sino también por los problemas que ha podido tener el Rey emérito con Hacienda. Eso es público y notorio», señala un juez consultado.

La inviolabilidad

Un punto controvertido en el caso es si la inviolabilidad constitucional que amparó a Juan Carlos I durante su reinado extiende su protección a críticas actuales. «Sería extender mucho el principio de inviolabilidad», opina un magistrado, añadiendo que este principio protege al monarca de ser juzgado o condenado, pero resulta dudoso que impida que «alguien pueda referirse a él de una manera determinada». Los delitos de injurias a la Corona se abre como otro escenario a mayores que las fuentes pulsadas tampoco ven viable para los intereses del emérito.

También se debate si las menciones a Juan Carlos I en las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción, que concluyeron que había indicios de delitos como blanqueo y cohecho pero que habían prescrito, podrían avalar las afirmaciones del político cántabro. «El fiscal no valora hechos probados, sino si hay base para ejercer una acción penal», matiza un juez, señalando la diferencia entre una valoración fiscal y una sentencia judicial.

Procedimiento

Si la conciliación no prospera –como suele ser lo habitual–, según vaticinan las fuentes consultadas, el caso se tramitaría como juicio ordinario. El Rey emérito no tendría obligación de comparecer personalmente en las vistas, pudiendo hacerlo sus abogados, salvo que se acordara su interrogatorio como parte a petición de Revilla, lo cual es muy plausible.

Aunque Juan Carlos I tiene su residencia oficial en Abu Dabi, la demanda se tramita en Santander al ser el domicilio del demandado. No obstante, si el caso avanza, podría plantearse un cambio de competencia territorial hacia Madrid, al ser el lugar donde se habrían realizado algunas de las declaraciones controvertidas en programas televisivos.

Declaración desde Abu Dabi

Sobre el hipotético interrogatorio al Rey emérito, el juez encargado del caso,  Íñigo Landín, podría aceptar que comparezca desde Oriente Medio. Lo ideal sería desde un juzgado allí, pero si la parte contraria, Revilla, lo acepta, también Juan Carlos I podría atender la videollamada desde su casa para evitar desplazamientos.

Para Revilla, no comparecer en caso de ser citado podría resultar perjudicial, ya que «se le podría tener por conforme con los hechos alegados de contrario», según explica un magistrado con experiencia en estos procedimientos.

Los expertos coinciden en que el resultado del proceso dependerá del «juego de todos esos factores» y de valorar si las expresiones concretas del político cántabro estaban justificadas o si constituyeron «un exceso verbal» que fue «más allá del mero afán de informar», con «ánimo denigratorio».