Podemos admite un descontrol en la «definición de los puestos de trabajo»

El escándalo por la demanda de la escolta podría no ser el único ni último de Podemos. La formación de Pablo Iglesias reconoce, en un informe interno, que tiene problemas para definir los puestos de trabajo de sus empleados, lo que abre la puerta a la asignación de funciones y labores que no corresponderían con la categoría de contratos, o con las atribuciones del puesto en cuestión.

Como reveló en exclusiva OKDIARIO, una ex escolta de Iglesias, contratada por Podemos, ha demandado al partido por el trato laboral «discriminatorio» recibido de la número dos, Irene Montero. Según la demanda, la dirigente podemita la obligaba «de manera recurrente» y fuera de horario a hacer de recadera para ella y sus hijos, llevar y traer amigos y familiares al casoplón de Galapagar o encargarse del mantenimiento de la vivienda y la mecánica de los vehículos particulares de la pareja.

En el ‘Informe de control interno’, correspondiente al ejercicio 2018 -el último disponible- la formación de Iglesias reconoce sus carencias para la adecuada definición de los puestos de trabajo. Y si bien destaca algunos avances, asume también que le queda camino por recorrer.

En el epígrafe ‘Recursos Humanos’, Podemos admite «disfunciones» poro la «incorrecta definición de los puestos de trabajo». «Hemos de destacar que, si bien en 2018 hemos sido capaces de sentar las bases para esta nueva forma de definir los puestos de trabajo, hemos de asumir que no hemos alcanzado el punto óptimo», se puede leer en el documento. Así, concluyen que ese es su «reto» para el presente ejercicio, de forma que se «garantice que toda vinculación a la organización sea definida de manera correcta».

«Rastreo» de trabajadores

El informe de los podemitas revela las carencias en materia de recursos humanos en el partido. Así, pese a su nacimiento en 2014, se admite que hasta el año pasado no se disponía de un sistema de registro unificado y profesional de todos los trabajadores de la organización. En 2018 se puso en marcha un «sistema documental articulado» que, explica el partido, le permite «disponer, prácticamente en tiempo real, del rastro de cada persona trabajadora de la organización».

Con clara vocación confiscatoria, Podemos manifiesta un interés especial por controlar «la actividad y la estadística» de cada uno de sus empleados, es decir, por medir su nivel de productividad mediante un «plan de evaluación del desempeño», en el que la dirección puede «recopilar el nivel de satisfacción con el logro de los objetivos descritos para cada puesto».

En conclusión, el partido admite que si bien «se ha avanzado y mejorado en la gestión de los recursos» sigue «lejos de haber llegado al punto óptimo» que midan «la satisfacción, el desempeño y la medición de resultados».

A ese descontrol se suma ahora la primera denuncia contra Podemos, revelada en exclusiva por este diario, por exceder las funciones asignadas al puesto del contrato, por orden directa de Montero.

La portavoz parlamentaria obligaba a la trabajadora, según la demanda, a adquirir productos para sus bebés y alimentación en los supermercados, llevarle la cena al chalet de Galapagar, desde Madrid, o, incluso, «comprar comida para los perros». También le pedía que adelantase el comienzo de su jornada laboral «para calentar el habitáculo del coche».

Tras conocerse el escándalo, los dirigentes podemitas han evitado pronunciarse públicamente. Incluso su actividad en las redes se ha reducido de forma drástica. Un día antes de despedir a su escolta -en junio de este año-Montero daba lecciones sobre derechos sociales en unas jornadas en el Congreso sobre trabajadores de servicios públicos. «Mis derechos, los derechos de todos», defendía la dirigente podemita.