Irene Montero defiende crear un registro para «saber» qué médicos no quieren practicar abortos

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido este martes el «derecho de todas las mujeres a interrumpir su embarazo en el centro público más cercano». «Siempre tendrá que haber personal disponible», ha advertido, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tras la aprobación de la nueva ley del aborto, que permitirá abortar a las menores de 16 y 17 años sin consentimiento paterno, además de promover su realización en los centros de la red pública. La norma -que se ha tramitado de urgencia para saltarse el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- obligará a las comunidades autónomas a crear un registro de objetores sanitarios que no quieren realizar la interrupción voluntaria del embarazo para que en los servicios públicos siempre haya profesionales suficientes para poder practicarla. El aborto será libre hasta la semana 14 de gestación.

Este registro ha generado polémica en la comunidad médica, en la medida en que obliga a los sanitarios a manifestar su negativa a realizar esta práctica. Montero no ha tenido reparos en señalar que «una vez que sepamos, en la privada y en la pública, el personal sanitario que objeta a la hora de practicar interrupciones voluntarias del embarazo, cada centro hospitalario y comunidad autónoma tendrán que garantizar que hay siempre personal disponible». Según la ministra, «lo que no puede ocurrir es que el ejercicio de un derecho constitucional como la objeción de conciencia impida el acceso a un derecho fundamental para que más de la mitad de la población, las mujeres, podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo».

La ley establece que «se creará en cada comunidad autónoma un registro de personas profesionales sanitarias que decidan objetar de conciencia respecto de la intervención directa en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo». «Quienes se declaren personas objetoras de conciencia lo serán a los efectos de la práctica directa de la prestación de interrupción voluntaria del embarazo tanto en el ámbito de la sanidad pública como de la privada».

«Calidad democrática»

Montero ha celebrado que la nueva ley «hace compatible el derecho de objeción con el de todas las mujeres a interrumpir su embarazo, si ésa es su decisión». Según la ministra, la norma es indicativa «de la calidad democrática» del país, ya que el «derecho a decidir sobre el propio cuerpo es parte del derecho a la salud» y, al mismo tiempo, «abre la puerta de entrada al ejercicio de muchos derechos», como la posibilidad de que las mujeres puedan «elegir sus proyectos de vida». Montero se ha jactado de pertenecer a un «Gobierno feminista que en tiempos de crisis garantiza derechos para todas las mujeres».

Montero también ha destacado otras medidas de la norma, como el acceso al aborto sin permiso paterno de menores de 16 y 17 años, o la eliminación de los tres días de reflexión. «El Estado respeta la decisión de las mujeres, no duda de su decisión», ha apuntado al respecto.

«El tabú de la regla»

Entre otras medidas, la ministra ha destacado también que con esta ley «la regla dejará de ser un tabú» y se dispensarán productos de higiene menstrual de forma gratuita en centros educativos, centros penitenciarios y sociales, como medida «contra la pobreza menstrual». No obstante, el Gobierno no ha accedido a rebajar el IVA de estos productos. También se incluye la polémica «incapacidad temporal» cubierta íntegramente por el Estado por reglas dolorosas o incapacitantes. «Se acabó trabajar con dolor», ha declarado Montero.