Montero compromete a Iglesias y Dina: endurecerá el castigo penal por espiar el móvil de una mujer

El Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero tiene previsto endurecer con la ley del ‘sólo sí es sí’ el castigo penal a conductas de «violencia de género» en el «ámbito digital», como el visionado de imágenes en el móvil de un mujer sin su consentimiento. Pero, de momento, remite al Código Penal, que ya persigue estas conductas. Así ha respondido el departamento de Montero a una pregunta del PP en el Congreso sobre esta cuestión. Si bien los populares no citan en su enunciado el caso Dina-Iglesias, sí que se refieren implícitamente a la retención de la tarjeta SIM del móvil de Dina Bousselham, ex asesora de Podemos, por parte del actual vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias.

De este modo, el ministerio de Montero compromete así tanto a Iglesias como a Bousselham en un caso donde el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón tendrá que volver a interrogar a la ex asesora, después de que el Tribunal Supremo le haya devuelto la investigación hasta agotar esta instrucción. El futuro judicial de Iglesias en esta pieza pasa precisamente por Bousselham, pues de ella depende una eventual imputación por el delito de descubrimiento y revelación de secretos, ya que el Código Penal exige denuncia de la persona agraviada para poder proceder contra el denunciado.

En concreto, la diputada del PP Marga Prohens preguntó al Ministerio de Igualdad sobre si «visionar y custodiar imágenes íntimas de otra persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito de violencia de género».

A este respecto, el Ministerio de Montero ha contestado que, en primer lugar, sobre «la tipificación de determinadas conductas como delitos se remite a lo establecido en el Código Penal», y en segundo lugar, ha deslizado que este tipo de acciones serán perseguidas más duramente a través de la conocida como ley del ‘sólo sí es sí’ que reformará el Código Penal y que todavía está siendo tramitada por el Gobierno como anteproyecto.

«El Proyecto de Ley Orgánica pretende dar respuesta especialmente a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión sexual», señala el Ministerio de Igualdad de Irene Montero a la diputada del PP al interesarse por el visionado de imágenes de una mujer sin su consentimiento.

Para protegerla

En el caso de Iglesias, el líder de Podemos esgrimió que retuvo el móvil de Bousselham para protegerla («no someterla a más presión», alegó), admitiendo incluso la existencia de fotografías íntimas e información sensible. Es más, el vicepresidente segundo del Gobierno llegó a declarar que «me pude equivocar», dijo en la cadena Ser, a la hora de no hacerle llegar inmediatamente a su ex asesora el contenido de la tarjeta SIM del móvil, cuya desaparición denunció ella.

En su respuesta parlamentaria, Igualdad subraya que «el objetivo del anteproyecto de Ley Orgánica es la protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las personas mediante la prevención y la erradicación de todas las violencias sexuales, que afectan a las mujeres de manera desproporcionada, en cumplimiento, entre otras, de las obligaciones asumidas por España tras la ratificación en 2014 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica».

Además, el ministerio que dirige Irene Montero recalca que «cualquier manifestación de violencia contra las mujeres, en el ámbito que sea, es objeto de preocupación y atención de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, órgano dependiente del Ministerio de Igualdad, a quien le corresponde proponer la política del Gobierno contra las distintas formas de violencia contra la mujer e impulsar, coordinar y asesorar en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia».

¿Autorización?

En una resolución del pasado enero, el Tribunal Supremo consideró inexcusable oír a Bousselham acerca de si «efectivamente ‘denuncia’ el acto antes descrito, donde el aforado Pablo Iglesias el día 20 de enero de 2016, examina el contenido de la tarjeta y posteriormente se la guarda; e incluso como un prius a esa denuncia, relacionado con uno de los elementos típicos inexcusables del delito que el Instructor indica, si el aforado Pablo Iglesias contaba con su autorización para que ese día, examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria y restara en su posesión».

En este sentido, el alto tribunal agrega: «O en la formulación conjunta de esos extremos, si no mediaba tal autorización, si manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta que aquel hubiera entrado en conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento».