Interior admite su descontrol con los inmigrantes trasladados desde Canarias: no sabe ni dónde están

La caótica gestión de la crisis migratoria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez no tiene fin. Tras la polémica por el traslado a la Península de centenares de inmigrantes llegados desde Canarias, el Ejecutivo admite de manera indirecta que desconoce dónde se encuentran.

Así responde por escrito a una pregunta de Vox en el Congreso de los Diputados. El Gobierno señala que «no existe ninguna obligación legal por parte de la Policía Nacional de tener conocimiento del paradero de los inmigrantes irregulares una vez que quedan en libertad y tras ser identificados». Una situación que desde el partido de Santiago Abascal consideran preocupante debido a la actual situación de pandemia.

En su pregunta, Vox recordaba que los sindicatos policiales «han protestado frente al déficit de información por parte del Gobierno y por la falta de control de la situación».

Los principales problemas que se deberían afrontar, recoge el partido, sería «el seguimiento de los inmigrantes para tener conocimiento de su paradero, la trazabilidad de los mismos, la realización de pruebas PCR para garantizar la salud tanto de los propios inmigrantes como de los demás ciudadanos y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la falta de control de los inmigrantes para asegurar el cumplimiento de las actuales restricciones de movilidad vigente en los distintos territorios».

«No obstante», concluye Vox, «ante esta situación el Gobierno brilla por su opacidad e incapacidad de gestión de la situación».

La formación recoge en su iniciativa la queja del segundo teniente alcalde de Roquetas de Mar, que exigió explicaciones al Gobierno sobre este asunto, afirmando que: «Es una auténtica vergüenza para los roqueteros que no pueden desplazarse a comercios cercanos porque están en otras localidades, pasear en bici hasta el Faro Sabinal porque pertenece al término municipal de El Ejido o ir un domingo a comer a Enix. La economía está sufriendo y mucha gente padece las restricciones de movilidad, por lo que resulta indignante leer que haya personas que lleguen en patera a Canarias, cojan un vuelo a Granada y un taxi a Roquetas de Mar».

«Ante la preocupación y alarma social que esta situación está generando y la incertidumbre provocada por las declaraciones de miembros del Gobierno, Vox entiende que se debe abordar la situación de la forma más adecuada con el fin de garantizar la seguridad y la salud de nuestros ciudadanos y de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», concluía el texto presentado en la Cámara baja.

El partido de Abascal se interesaba, en concreto, por si el Gobierno «está realizando un control y seguimiento del paradero de los inmigrantes irregulares llegados a la Península desde las islas Canarias» y de qué tipo.

La respuesta por parte del Gobierno es rotunda: «En relación con la iniciativa de referencia, y por lo que se refiere al ámbito de competencias del Ministerio del Interior, se señala que no existe ninguna obligación legal por parte de la Policía Nacional de tener conocimiento del paradero de los inmigrantes irregulares una vez que quedan en libertad y tras ser identificados».

Más de 2.000 inmigrantes

Tras negarlo durante semanas, el Ejecutivo acabó reconociendo el pasado enero el traslado de más de 2.000 inmigrantes irregulares. En otra respuesta parlamentaria, en esta ocasión a Bildu, el Gobierno explicaba que parte de esos inmigrantes fueron desplazados hasta los aeropuertos de Madrid, Sevilla y Málaga, entre otros destinos.

En concreto, según la última contestación de Moncloa, el Gobierno trasladó a la Península entre el 1 de junio de 2020 y el 11 de diciembre de 2020 un total de 2.035 inmigrantes, coincidiendo fundamentalmente con la segunda ola de la pandemia de Covid. El mes en que se produjo un mayor número de traslados fue el de noviembre, con 603 desplazamientos.

El Gobierno trató por activa y pasiva de desvincularse de esos traslados. Sin embargo, OKDIARIO publicó la prueba definitiva que demostraba el conocimiento de Interior sobre la llegada de vuelos regulares desde Canarias hasta otras provincias, y la coordinación que existe con la Policía. Bajo el título «Instrucciones operativas para el apoyo al aeropuerto de Manises», el documento publicado por este periódico recogía las indicaciones para «el control a realizar a la entrada de extranjeros llegados desde las islas Baleares o Canarias y que, habiendo entrado de manera irregular en España (patera, cayuco, etc) arriben a los diferentes aeropuertos o puertos de la Comunidad Valenciana».

Prueba PCR

Otra muestra del descontrol de la gestión es la opacidad del Gobierno sobre las pruebas PCR realizadas a los inmigrantes.

El ministro Grande-Marlaska afirmó que a todas las personas que llegan a España irregularmente por vía marítima se les realiza una PCR y reprochó que «unir inmigración irregular con pandemia es xenofobia».

Sin embargo, a preguntas de este periódico sobre el número de pruebas diagnósticas realizadas, el Ministerio se declaró «no competente» y derivó a las comunidades autónomas.

Efectivamente, el protocolo frente al coronavirus recoge que se realizará un test a los inmigrantes que llegan a España. Sin embargo cabe señalar que hasta los traslados a la Península pasan varios días, y el Gobierno no ha aclarado si se les repite entonces la prueba.