La inmigración ilegal en Canarias destroza el protocolo anti-Covid del Gobierno

Más de 2.000 inmigrantes llegados en los últimos días sólo a las costas canarias de forma ilegal saturan los recursos de Policía Nacional, Salvamento Marítimo y Cruz Roja y salta las costuras del protocolo anti-Covid que Pedro Sánchez aprobó para controlar el contagio por inmigración ilegal. «Protocolo de actuación ante posibles casos importados de COVID- 19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular». Así se llama el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO. Un texto vigente desde el mes de junio y que según el propio Gobierno es el que se está empleando ahora mismo para capear una crisis migratoria similar en cifras y dificultad a la que experimentamos en nuestro país en 2006. La diferencia es que ahora hablamos de inmigración ilegal y Covid.

Es obvio que la diferencia entre aquella crisis y ésta es que la pandemia está marcando cualquier actuación fronteriza y policial y cabe preguntarse si el protocolo que se está usando da respuesta a las terribles imágenes de los muelles atestados de personas recién desembarcadas de los cayucos y a las decenas de contagios que están sufriendo miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Protección Civil y voluntarios de organizaciones colaboradoras. Repasando el documento que ha conocido OKDIARIO y comparándolo con la citada situación sólo cabe una conclusión: el protocolo es imposible de cumplir y no protege de los contagios. En apenas 5 meses se ha revelado como papel mojado para combatir la inmigración ilegal y el Covid.

Y lo peor es que el Gobierno asegura que el protocolo se actualizó a finales de julio para hacerlo más efectivo, así que conviene repasarlo.

«Evitar la propagación del virus»

El objeto de esta herramienta de trabajo no puede ser más claro: «Este protocolo recoge las medidas anticipatorias y actuaciones a llevar a cabo con las personas migrantes que acceden de manera irregular a través de la frontera marítima española y las fronteras terrestres existentes en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla con el Reino de Marruecos, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19».

El Gobierno reconoce a través de su Secretaría de Estado de Migraciones la brecha sanitaria que supone la frontera con Marruecos. Imaginemos por un momento lo que plantea este organismo ante la llegada de un inmigrante ilegal sospechoso de poder portar el virus de la pandemia. El protocolo, como no puede ser de otra manera, fija como objetivo principal evitar la propagación del virus y establece como norma de actuación asumir que cualquier inmigrante que entre de forma ilegal a España puede ser un foco de contagio, por lo que recomienda los siguientes parámetros de comportamiento:

1. Distancia social, aislamiento y lavado de manos.

2. Utilización de Equipos de Protección Personal Individual.

3. Realización de pruebas diagnósticas cuando sea necesario.

4. Identificación de casos positivos y trazabilidad y cuarentena de contactos.

5. Formación del personal.

Sólo hace falta ver las imágenes que en las últimas horas llegan de Arguineguin, en Gran Canaria, y volver a leer el punto 1 del protocolo para comprender que todo lo demás sobra o es inútil si no existe manera de evitar el hacinamiento que se está produciendo en el muelle de la localidad canaria. Fuentes policiales consultadas por OKDIARIO denuncian la falta de adecuación de este protocolo a la singularidad canaria, que no ahora, sino desde hace semanas, recibe una presión mayor de la inmigración ilegal sobre sus costas. De hecho, tan ilusorio se ha mostrado el citado protocolo que ya se está recurriendo al Ejército para aliviar la situación con la instalación de un campamento para alojar a las personas recién llegadas.

¿Y cómo plantea el Gobierno el triaje de estas personas?, ¿Cuál es la división que deben realizar los trabajadores que asisten la llegada de los cayucos? Esto dice textualmente el protocolo:

«Las personas que ingresen en los CETIS, y en las plazas puestas a disposición por las entidades sociales, del programa de atención humanitaria, deben clasificarse en:

a) Personas sin síntomas y sin contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19.

b) Personas sin síntomas, en aislamiento preventivo por contacto estrecho con caso posible o confirmado de COVID-19.

c) Personas con síntomas compatibles con el COVID-19.

d) Casos confirmados de COVID-19».

Leyendo lo anterior, y teniendo en cuenta el hacinamiento que se produce en un cayuco con hasta 200 personas a bordo, no puede haber ni un solo inmigrante ilegal que pueda considerarse libre de Covid de forma fehaciente hasta que supere un periodo de cuarentena. Cuarentena que se cumple en el muelle porque los CETIS están desbordados. Y con los muelles llenos siguen llegando cayucos.

El documento sigue detallando rutinas imposibles, como la separación y aislamiento de personas con síntomas, muchos de ellos compatibles con las secuelas de la travesía en cayuco, diarrea, fiebre o tos. Aislamiento también de los trabajadores y voluntarios en contacto con positivos o personas que hayan tenido estrecho contacto con positivos. Y un punto que preocupa especialmente: este documento no descarta el traslado por tierra, mar o aire de inmigrantes contagiados durante su cuarentena a cualquier punto del país para aliviar la situación de lugares como Arguineguin.

Como previsión, y según el propio Gobierno una previsión actualizada a finales de julio, el protocolo habla de plazas reservadas para casos de contagio: «En el programa de atención humanitaria se han bloqueado 706 plazas de un total de 5.931 y se están habilitando nuevas plazas para situaciones de aislamiento y para mantener las distancias». Nuevas plazas, sin especificar cuántas. Comparar las cifras que maneja la Secretaría de Migración con las 2.000 personas que a día de hoy se hacinan en Arguineguin demuestra que la gestión de esta crisis migratoria en plena pandemia está desbordando al Gobierno.