El informe que acorrala a Simón: la UE alertó el 2-M del peligro de las reuniones masivas y lo ocultó

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, será investigado por la juez Mónica Aguirre por un delito de imprudencia temeraria. Y la querella, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, incorpora un documento clave que le acorrala: se trata de un informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) de la UE fechado el 2 de marzo y donde se advirtió al director del CCAES de que se debía «evitar la asistencia a las reuniones masivas» -tal y como hoy se puede leer en el documento que reproduce este diario-.

La querella subraya que esa alerta llegó directamente al organismo que dirige Simón y, pese a ello, fue silenciada. Todo ello, a falta de seis días para el 8-M.

La querella subraya la importancia de este informe europeo del ECDC. «El 3 de marzo de 2020, cuando España había pasado en nueve días de 2 afectados declarados a 114 y siendo obvio la velocidad del crecimiento de las cifras de contagio, se conoció un informe fechado el día anterior del ECDC […] del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades», destaca el texto de la querella.

El informe europeo comunicado al organismo de Fernando Simón incluye un apartado decisivo en materia de «Medidas relacionadas con las reuniones masivas». Y allí se advierte de que «las reuniones masivas como eventos deportivos, conciertos, eventos religiosos y conferencias aumentan el número de contactos entre personas por largos períodos y a veces en espacios reducidos».

«Por lo tanto, -continúa el texto- las reuniones masivas pueden conducir a la introducción del virus en la comunidad anfitriona del evento y/o facilitar la transmisión propagación el virus. Las medidas para reducir el riesgo que presentan las reuniones masivas incluyen medidas de distanciamiento interpersonal para evitar el hacinamiento y medidas organizativas, como la cancelación o aplazamiento de un evento».

Esas exigencias se incumplieron por completo al permitir e impulsar el acto del 8-M.

Prohibir eventos

La querella contra Fernando Simón aclara que «tras la recepción de esta comunicación del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, los querellados deberían de haber informado tanto a la opinión pública en la rueda de prensa que diariamente ofrecían como al Gobierno de la nación sobre la necesidad de prohibir los eventos políticos, religiosos, culturales y deportivos convocados hasta ese momento. Nada de esto hicieron poniendo así a la población española en grave peligro».

La querella puntualiza, además, que en esta comunicación a los estados miembros, informa que de «la evidencia de los análisis de casos hasta la fecha es que la infección por Covid-19 causa una enfermedad leve en aproximadamente el 80% de los casos y la mayoría de esos casos, se recuperan, el 14% tiene una enfermedad más grave y el 6% experimenta una enfermedad crítica».

Porque, efectivamente se trataba de una alerta severa y grave. Tanto, que el texto continuaba señalando que «basados en las características epidemiológicas observadas, se supone que el riesgo de transmisión afecta a toda la población» y que «un sencillo cálculo indica que potencialmente más de 2.700.000 personas en España son susceptibles de padecer esta enfermedad en su modo crítico. No es preciso hacer más comentarios, dado que no hay sistema de salud que soporte esa presión, ni siquiera en un 10% del número estimado si se produce de modo súbito, o si se va duplicando el número de afectados cada día o cada dos o tres días como mucho, tal y como sucedía hasta el 3 de marzo de 2020. Estas cifras hablan por sí mismas sobre la gravedad de la situación».

«Crucial interrumpir las cadenas de transmisión»

El informe de la agencia de la UE «argumenta que es crucial interrumpir las cadenas de transmisión al ser humano para evitar una mayor propagación y ‘… disminuir el pico de brotes y ralentizar el aumento de casos…’ además es crucial para enfrentar la epidemia y ‘…salvar vidas así como minimizar el impacto socioeconómico…’».

Entre las medidas referidas a la estrategia para enfrentar la pandemia, el ECDC establece la necesidad de «asegurar que el público en general sea consciente de la seriedad del Covis. La comprensión por un alto grado de población de la participación comunitaria y la aceptación de las medidas implementadas (incluyendo el más estricto distanciamiento social) son clave para evitar una mayor propagación. Proceder a la implementación de un distanciamiento social (por ejemplo, la suspensión de reuniones a gran escala y el cierre de escuelas y lugares de trabajo) para interrumpir las cadenas de transmisión».

La querella destaca que «a pesar de esta obligación de advertir a la población el peligro que entrañaba el virus Covid-19 para evitar contagios y fallecimientos, los querellados no sólo no avisaron, sino que quitaron importancia a la pandemia, cuando no animaron a los ciudadanos a seguir reuniéndose en masas».

Querella contra Simón

En España son más de 40.000 los fallecidos por el Covid-19. La juez titular del Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid ha reactivado la querella contra Fernando Simón presentada a finales de marzo por la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena.

En un auto al que ha tenido acceso OKDIARIO, la juez comunica que admite la personación de la asociación e impone una fianza de 500 euros.

Hasta este lunes, la magistrada no había realizado nuevos movimientos en la causa. Sin embargo, tres días después de archivarse provisionalmente la denuncia contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, esta instructora ha dado pasos decisivos.

La asociación presidida por José María Mena presentó a finales de marzo una querella contra Simón y otros miembros de su equipo: la directora General de Salud Pública, Pilar Aparicio y el secretario General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Faustino Blanco.