El informe de la Policía clave para procesar a la cúpula de ETA: «Ordenaron matar a todos los ertzainas»

«Ordenaron matar a todos los ertzainas», revela un informe de la Policía clave para procesar a los altos mandos de ETA. La investigación a la que ha tenido acceso OKDIARIO relaciona a la cúpula de la banda terrorista con el atentado ocurrido en Sangüesa (Navarra) hace 20 años, en el que los asesinos acabaron con la vida de dos policías nacionales. Este documento de inteligencia, elaborado por la Comisaría General de Información (CGI), ya está en la Audiencia Nacional.

El 30 de mayo de 2003, dos terroristas de ETA asesinaron a los agentes Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernández. Tras admitir a trámite la querella de la asociación Dignidad y Justicia en la que reclaman responsabilidades a los jefes de ETA por este atentado, el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional ha recibido un informe de la Policía Nacional con nuevas pruebas para procesar a los dirigentes de la banda que dieron la orden de cometer el atentado con un coche bomba.

Los agentes de inteligencia han analizado documentos internos de la banda, manifestaciones de los etarras y autocríticas que determinan qué miembros de la cúpula tuvieron relación con este atentado. Los especialistas en terrorismo indican que hay indicios de la posible relación del atentado con los etarras Miren Itxaso Iriberri y Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, ambos miembros del comando terrorista Basajun que dirigía la actividad de la banda en Navarra.

Los jefes de ETA

Pero aún habría más responsables si se asciende en el escalafón de la banda terrorista. El informe revela que el asesinato de los dos policías nacionales se produjo cuando ETA estaba liderada por el Comité Ejecutivo o Zuba. De esta cúpula dependían los seis grandes aparatos en los que se dividía la organización. El terrorista Juan Fernández Iradi, alias Susper, dirigía el aparato militar y así lo atestiguan sus agendas intervenidas por la Policía. También los etarras Gorka Palacios Aday y los miembros liberados Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Arrano, Asier Arzullus Goñi, alias Sendoa, e Idoia Mendizábal Múgica, alias Ilargi, formaban parte de esta ‘división militar’ de la banda.

Además, los agentes han encontrado suficientes indicios para vincular a Félix Ignacio Esparza Luri como máximo responsable del aparato logístico, y a Ignacio López de Vergara Astola como jefe del aparato de acogida. También señalan a Mikel Albisu Iriarte, alias Antza, como el líder del aparato político, y a Ramón Sagarzazu Gaztelumendi como el jefe del aparato internacional.

Las finanzas estaban a cargo de Soledad Iparraguirre Guenerechea. La terrorista era la tesorera de ETA y conseguía la mayor parte de sus fondos a través de extorsiones a empresarios. «Un empresario al zulo», llegaba a ordenarles a sus subordinados cuando faltaba dinero. Uno de los documentos contables que elaboró la tesorera ha sido incluido en el informe de los agentes que revela que ETA pudo recaudar y gastar sumas millonarias a principios de este siglo.

Informe de la Policía con órdenes

El informe de los peritos también evidencia que la cúpula de ETA ejercía un control total sobre los actos de sus militantes. «La capacidad de elección que tenía un militante una vez que decide entrar en ETA es nula, su futuro, incluso su salida de la organización, lo decide Zuba, ejerciendo un total dominio sobre el militante», concluyen los agentes. Zuba es el acrónimo de Zuzendaritza Batzordea, que en castellano significa comité directivo.

El informe también refleja que ETA era una organización sumamente estructurada y jerarquizada, en la que sus integrantes tenían una labor encomendada y un responsable al que rendían cuentas de ese desempeño. Este jefe trasmitía órdenes emanadas de otro jefe superior o directamente del órgano directivo. Era una cadena piramidal donde regía una férrea disciplina.

Así, el aparato militar de ETA decidió trasmitir por carta las acciones que debían llevar a cabo. El comando Basajun recibió una de estas comunicaciones en la que se indicaba que se debía tener como blanco a guardias civiles, policías nacionales, militares y ertzainas (señalados como zipaios en los documentos intervenidos). Además, les demandaban incluir en sus objetivos edificios españoles y hacerlos explotar desde dentro.

El comando dio cumplimiento a estas órdenes. En 2002 detonó un coche bomba contra la Universidad de Navarra en Pamplona, colocó otro vehículo con explosivos contra una patrulla policial y mató a un cabo de la Guardia Civil, entre otros atentados. Durante estas fechas también tuvo lugar el atentado de Sangüesa que se investiga en los tribunales y que es la razón de ser de este informe de la Policía.

Los peritos también enmarcan el atentado investigado en una operación especial de la cúpula denominada O.H. Oraindik Hemen, que iba en contra de militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Esta operación se llevó a cabo durante los días previos al 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

Este informe de la Policía ya ha sido remitido al juez Francisco de Jorge, que deberá valorar cómo procesar a los señalados por la Policía. El documento, que consta de más de 200 folios y está en posesión de este periódico, evidencia una clara relación de la cúpula con los etarras que fueron condenados como autores materiales del atentado. Si bien también señala que «no existen pruebas» para responsabilizar al ex dirigente Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki. La Audiencia Nacional busca a los responsables de los que un día sembraron el terror en España décadas después.