Otegi arranca a Sánchez la reforma que impedirá a la Audiencia bloquear la excarcelación de etarras

EH Bildu ya ha escenificado públicamente su apoyo casi incondicional al PSOE para que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno. Casi incondicional, ya que el respaldo de sus seis parlamentarios no será, ni mucho menos, gratuito. Ambas formaciones conversan regular y discretamente sobre las exigencias que plantean los abertzales en diversas cuestiones. La más importante, la de los presos etarras. Los de Arnaldo Otegi ya han conseguido el compromiso del PSOE para que, en la próxima legislatura, la Audiencia Nacional deje de decidir sobre la concesión de terceros grados a los presos etarras que cumplen condena en cárceles vascas.

Hay más amnistías en marcha que las que exige el ex presidente fugado Carles Puigdemont. Pero mucho más discretas y veladas. Otegi no persigue que sea una ley de amnistía la que saque a los poco más del centenar de presos etarras que quedan en las cárceles vascas. Pero el efecto buscado es, en esencia, el mismo.

Según adelantan fuentes próximas a EH Bildu en el Congreso, los equipos negociadores de abertzales y socialistas han avanzado significativamente en sus conversaciones desde que se inició el mes de septiembre. Hay puntos de encuentro sobre la solución a ese «problema», que pasaría por una cesión de competencias en materia de justicia al País Vasco.

Lo que plantea Otegi al PSOE, y este ve cada vez con mejores ojos, es que los presos etarras, tras una reforma legal aún por articular, dejen de estar bajo el paraguas del juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Así ha sido hasta ahora, en base a la ley 5/2003 que regula el papel de estos juzgados centrales.

Aquella norma nació para evitar «disfunciones» y dar «mayor eficacia y operatividad en la represión de los delitos» que juzga la Audiencia Nacional. Entre ellos, los de terrorismo. Esa ley nació para establecer un orden y evitar que, cuando había presos etarras en cárceles por toda España, fuesen juzgados territoriales los que decidiesen sobre su futuro penitenciario. Así, se unificarían criterios y la doctrina sería la misma para todos, independientemente de la comunidad donde cumpliesen condena.

Otros jueces

Pero el argumento que plantean los abertzales rompe con esa premisa: con todos los presos etarras ya en el País Vasco, no caben esas diferencias de criterio. Lo que piden, en esencia, es que la administración de justicia del País Vasco obtenga todas las competencias de vigilancia penitenciaria sobre los presos que estén en su jurisdicción. Y con ello, de los etarras.

A día de hoy, las decisiones sobre los terceros grados de los presos etarras y los regímenes de semilibertad dependen de la Audiencia Nacional. Y es la Fiscalía de este organismo la que recurre sistemáticamente cada beneficio penitenciario que otorga el Gobierno vasco. En la mayoría de casos, asumiendo que no se ha producido una petición de perdón concreta a las víctimas, que no se han desvinculado del terrorismo o que no han colaborado con el esclarecimiento de crímenes de ETA sin resolver.

Con la pelota en manos de la justicia vasca, tras esa cesión parcial de competencias, el asunto cambia radicalmente. Serían otros jueces lo que analizarían las actas de las juntas de tratamiento penitenciario de las cárceles vascas, y podrían usar los criterios actuales de la Audiencia Nacional… u otros diferentes y más beneficiosos para los presos de ETA.

De hecho, durante el acto de apertura del Año Judicial, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, avanzó la necesidad de «reformar» las competencias de la Audiencia Nacional. Se han quedado, dijo, «obsoletas» y «sobrepasadas por la realidad jurídica».

A la calle

Bildu ya ha avanzado que apoyará con sus seis diputados la investidura de Pedro Sánchez sin «precios en público, ni líneas rojas en público», según su líder, Arnaldo Otegi. Pero lo cierto es que la formación proetarra sí pone precio a ese apoyo en un documento interno, en el que Otegi presume de los logros obtenidos desde que Sánchez está en La Moncloa. En Análisis de coyuntura y escenarios en el Estado español -revelado por OKDIARIO- el partido de Otegi habla abiertamente de los etarras en las cárceles y advierte que «urge dar una salida a la situación de los presos políticos vascos, a los que aún no se aplica la política penitenciaria ordinaria».

En otras palabras, ello implicaría el tercer grado o la libertad condicional para 110 presos que actualmente cumplen condena, según los últimos cálculos de la red de apoyo a los presos de ETA Sare.

La reivindicación de «vuelta a casa» de los presos se ha convertido en el lema de las últimas manifestaciones convocadas por el entorno proetarra, reclamando así el fin de la «política penitenciaria de excepción».

«Queremos reconocer la importancia de los pasos dados en lo relativo a la cuestión de los presos y presas durante esta legislatura, en la que se ha puesto fin a la política de dispersión», se jacta Bildu en el documento, en el que avisa que su apoyo «no se puede entender como la entrega de un cheque en blanco».