El informe de Interior sobre la reforma para regularizar inmigrantes: «Hay riesgo de efecto llamada»

El Ministerio del Interior alertó hasta en dos ocasiones al de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones -dirigido por José Luis Escrivá- del riesgo de que se produzca un «efecto llamada» con su reforma del Reglamento de Extranjería, aprobada el pasado julio, como reveló OKDIARIO. Ahora, este periódico accede al contenido íntegro de esos avisos, que revelan la enorme preocupación en el seno del Gobierno por una reforma que, pese a ello, está ya en vigor. Entre las principales novedades, se contempla la regularización de los inmigrantes que realicen un curso de formación para el empleo. El Ejecutivo estima que hasta 1,3 millones de inmigrantes irregulares podrían acogerse a esta nueva modalidad.

Pese a que niega públicamente la presión migratoria en España, Interior admite en este documento el «reto» que supone la llegada de inmigrantes a España y la «tendencia creciente» que experimenta. Así, se destaca que las llegadas marítimas a España representan ya un 57,39% del total de la UE.

Interior advierte de que «entre los elementos que deben configurar esta política de lucha contra la inmigración irregular se incluye la necesidad de evitar incorporar elementos que hagan atractiva la inmigración irregular hacia España y, por medio de España, al resto de la Unión Europea», concluyendo que «la reforma contiene elementos que son un riesgo y una dificultad añadida a los esfuerzos que España (no sólo este Ministerio) dedica a la lucha contra el tráfico de personas y la inmigración irregular y también por ello tiene difícil encaje en la UE».

El informe destaca que «la UE es, por sí misma, un área de atracción para flujos migratorios, regulares e irregulares» y que «la situación geográfica de España, como país de primera línea, obliga a redoblar la atención y el esfuerzo de vigilancia de nuestras fronteras exteriores, que son también las fronteras de la UE». Así, prosigue, «mientras otros Estados miembros disponen de instrumentos legales para evitar la llegada irregular de flujos migratorios, o pueden revertir esta llegada con traslados a los países de primera entrada, éste no es el caso de España».

Interior avisa del «efecto llamada» que puede provocar el reglamento, y alerta de que éste será «sin duda difundido por las redes de tráfico de personas en los países de origen». Por ello, considera que la modificación «no es oportuna actualmente, no sólo por la tendencia estadística señalada, sino porque un elemento clave de la lucha contra la inmigración irregular, el retorno, no está siendo eficaz».

Así, opina este departamento que, «con el objeto de evitar atraer a más inmigrantes irregulares, y poner en riesgo sus vidas, convendría, más bien, revisar el sistema que ha permitido que esa bolsa de irregulares se haya hecho permanente o incluso siga creciendo» y «la reforma, lejos de solucionar la tendencia, podría tender a agrandarlo».

«Fraude»

El aviso de Interior afecta a algunos de los puntos clave de la reforma, como el llamado «arraigo para la formación», que permitirá que cualquier extranjero que haya permanecido durante dos años en España en situación irregular y que manifieste su compromiso de seguir una formación «reglada» obtenga una residencia por un año, prorrogable por un segundo año.

Según este Ministerio, esta circunstancia puede dar lugar a situaciones indeseadas pues «aunque con posterioridad se compruebe que el extranjero no ha cursado estudios y, consecuentemente, no le correspondiese la concesión de la autorización definitiva, habría podido disfrutar durante dos años de una residencia provisional obtenida en el marco de un fraude que la norma no permite detectar».

Igualmente, Interior rechaza, entre otros, la concesión de la residencia temporal para aquellos inmigrantes que colaboren con las autoridades públicas, por razones de seguridad o interés público. E incide en que, en el caso de que el inmigrante no sea contratado finalmente en el marco de las contrataciones en origen, debe ser devuelto.

Cabe recordar que, a finales de septiembre, la Comisión Europea remitió un nuevo aviso a las autoridades españolas por incumplir con la transposición de la directiva que regula las deportaciones de inmigrantes en la Unión Europea, un caso por el que Bruselas ya amenazó a España con acudir a la Justicia europea si no transponía la norma, pero que finalmente no concluyó. Se trata de un paso inicial en un procedimiento de infracción que, en última instancia, prevé un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE si el Estado miembro infractor no corrige las deficiencias identificadas por Bruselas. Interior muestra su preocupación por este punto y propone, además, algunas medidas, como dictar resoluciones de retorno individuales para los menores acompañados.

Como ha informado este periódico, el Ministerio de Política Territorial estimó que «el sector de población extranjera que podría acogerse a este nuevo tipo de arraigo sería de más de 1.300.000 personas». El ministerio teme que con ello se produzca la saturación de las oficinas de extranjería, que ya adolecen de falta de personal.

Entre otras medidas novedosas, el nuevo reglamento crea una nueva modalidad de autorización para aquellos inmigrantes que acrediten seis meses de trabajo irregular y denuncien su situación ante las autoridades laborales. Según el Gobierno, se fomenta así la figura del confidente y la lucha contra la economía sumergida.