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El Gobierno estima que 1,3 millones de inmigrantes podrán regularizarse si hacen un curso de formación

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El nuevo Reglamento de Extranjería, con el que el Gobierno busca facilitar la incorporación de los inmigrantes al mercado laboral, ya está en vigor. El real decreto flexibiliza los procedimientos para conceder autorizaciones de residencia y trabajo e incorpora como principal novedad la figura del «arraigo por formación», que otorgará una autorización de residencia por un periodo de 12 meses -prorrogable otro año- a los inmigrantes que hayan permanecido en España de forma continuada durante un mínimo de dos años si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo. Una vez finalizados los cursos, el extranjero podrá optar a un permiso de trabajo si logra una oferta de contrato. Esta figura, impulsada por el Ministerio de Inclusión, ha provocado discrepancias en el seno del Gobierno, con advertencias por parte de los ministerios del Interior y de Política Territorial. Este último avisó de la saturación que supondría para las oficinas de extranjería y pidió replantear el plazo de aplicación de la nueva normativa. Según el dictamen del Consejo de Estado -al que ha tenido acceso OKDIARIO- este departamento estimó que hasta 1,3 millones de extranjeros podrían optar a este nuevo tipo de arraigo.

«El Ministerio de Política Territorial, de quien dependen orgánicamente las oficinas de extranjería, ha advertido de la carga administrativa que este nuevo arraigo pueda generar», recoge el citado dictamen.

El Ministerio señalaba en su informe que «serán muchos millares los solicitantes de esta nueva figura, teniendo en cuenta que en el año 2021 todos los arraigos solicitados (laborales, sociales y familiares) fueron 154.000, el número más alto desde 2005, y prevé que en 2022 serán unos 200.000» y estimó, según consta en el dictamen del Consejo de Estado, «que las personas que podrán acogerse al nuevo arraigo para la formación serán más de 1.300.000».

El departamento consideraba así «insuficiente» el plazo de veinte días para preparar las oficinas al nuevo reglamento y reclamaba un «periodo transitorio» de adaptación, así como «poner en marcha las medidas de refuerzos humanos, tecnológicos y materiales» para «cumplir con los plazos de resolución reglamentarios».

Regularización como en 2005

El Ministerio de Política Territorial señaló incluso que «el impacto de este nuevo tipo de arraigo en el número de solicitudes podría ser asimilable a aquel procedimiento [el de regularización de extranjeros de 2005], donde se presentaron 700.000 solicitudes en 3 meses». Se trata del proceso que llevó a cabo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que concluyó con una regularización masiva de extranjeros.

Según los datos aportados, y recogidos en el dictamen del Consejo de Estado, «el sector de población extranjera que podría acogerse a este nuevo tipo de arraigo sería de más de 1.300.000 personas». El Ministerio ya admite que «tan sólo con los supuestos de arraigo actuales, mucho más exigentes que el nuevo supuesto de arraigo para la formación, durante 2021 se presentaron ante las oficinas de extranjería 154.000 solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales (que incluye los distintos supuestos de arraigo), lo que supone el dato más alto desde el proceso de 2005. Asimismo, durante el primer cuatrimestre del año 2022 se presentaron un 33 % más de solicitudes respecto al mismo periodo del año 2021, por lo que la previsión es que se alcancen 200.000 solicitudes antes de final de año».

El Ministerio de Política Territorial prosigue advirtiendo que «al contrario del proceso de 2005, que establecía un periodo de solicitud de tan sólo 3 meses, nos encontramos ante un proceso continuo sin fecha límite de finalización que requiere de una estructura y medios de los que no se dispone actualmente».

«Efecto llamada»

También el Ministerio del Interior se mostró muy crítico con la reforma impulsada por José Luis Escrivá. En este caso, el departamento de Grande-Marlaska avisó del riesgo de que se produzca un «efecto llamada». El informe del secretario general técnico del Ministerio «partía de la tendencia creciente de la presión migratoria irregular hacia España en los últimos años y señalaba que la lucha contra la inmigración irregular y las redes que traficaban con seres humanos era un pilar de la política migratoria española y también europea», según recoge el Consejo de Estado.

«Dada la amplitud con la que se plantea, no es descartable su consecuente efecto llamada. En todo caso, así será sin duda difundido por las redes de tráfico de personas en los países de origen», alertó Interior, que consideraba que la reforma no es «oportuna actualmente, no sólo por la tendencia estadística señalada anteriormente, sino porque un elemento clave de la lucha contra la inmigración irregular, el retorno, no está siendo eficaz (ni en España, ni en muchos otros Estados miembros de la UE) (…)». Por ello, «la propuesta de reforma, lejos de solucionar la tendencia, podría tender a agrandarlo».

Escrivá, por su parte, descarta que su reforma pueda producir tal «efecto llamada» y defiende que el objetivo del Gobierno es «actualizar el modelo migratorio para que se propicie la migración regular y segura en toda circunstancia».

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