El ‘independentista’ Assange publica la ‘filtración’ de una carta pública acusando a España de «censura»

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, sigue actuando como portavoz del independentismo catalán de una manera entusiasta, como lleva haciendo desde el 1 de septiembre —cuando se inmiscuyó en el debate catalán a cuenta de la exclusiva de El Periódico sobre el supuesto aviso de la CIA del atentado en La Rambla—.

Este miércoles, su página de filtraciones ha publicado a bombo y platillo un documento que poco tiene de secreto y mucho de subversivo y antidemocrático: la carta remitida por varios eurodiputados a la Comisión denunciando lo que ellos califican de «los ataques a la libertad de prensa y a la libertad de reunión en España».

Full doc: MEPs write to EU Commission over attacks on freedom of press, information and assembly in Spain over #CatalanReferendum pic.twitter.com/peCaD3P53u

— WikiLeaks (@wikileaks) September 12, 2017

El texto está firmado por Ramón Tremosa (ALDE-PDeCAT), Jordi Solé, Josep Maria Terricabras (Verdes-ERC) y Marina Albiol (Izquierda Unitaria-IU). En él, tratan de describir los acontecimientos de los últimos días en España completamente al revés de como han acontecido. De hecho, empiezan por el final:

«El 12 de septiembre, la Corte Suprema de España en Cataluña, aplicando un auto previo del Tribunal Constitucional español, requirió a la Televisión Pública Catalana (TVC) a que no emitiera ningún anuncio del Gobierno o informara sobre nada relacionado con la organización del referéndum de independencia del 1 de octubre. El referéndum fue aprobado por el Parlamento catalán el 7 de septiembre con mayoría absoluta».

Este primer párrafo ya demuestra el poco apego a la verdad que tienen los independentistas catalanes. Así, se refieren al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como Corte Suprema de España en Cataluña, escribiendo tal nomenclatura inventada con mayúsculas, en un intento de aparentar que ése es efectivamente su nombre. Y todo a pesar de que las competencias en Administración de Justicia están transferidas a la Comunidad Autónoma catalana.

Además, no hacen —ni se esperaba, eso es cierto— ninguna referencia a las circunstancias en que se votó esa ley del referéndum: por la vía de urgencia, sin debate ni tiempo para presentar enmiendas, saltándose el preceptivo informe del Consejo de Garantías Estatutarias y todos los requerimientos de la oposición para que fueran respetados sus derechos y las leyes vigentes.

Continúa la misiva: «Esta advertencia equivale a censura. La corte aclara que el director de la Televisión Catalana arriesga enfrentar cargos criminales si la TVC continúa emitiendo la publicidad o informando del referéndum».

El empeño por llamar «censura» a lo que no es más que el cumplimiento de la ley es palmario. El Constitucional se ha limitado a admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la nación y, ante los «graves indicios apreciados», consecuentemente ha suspendido de manera cautelar la vigencia de la citada ley. En ese contexto y en cualquier democracia, el cumplimiento de las resoluciones del más alto tribunal no puede ser interpretado más que como la efectividad del Estado de derecho y su división de poderes.

«También el 12 de septiembre, la judicatura española decidió, tras petición del Partido Popular, prohibir un debate público previsto para el 17 de septiembre sobre el derecho a decidir de Cataluña».

Nuevamente, mienten los eurodiputados pues presentan como un debate sobre el derecho a decidir lo que en realidad era un acto de apoyo «al 1-O, al derecho a votar SÍ o NO», como los mismos organizadores, una asociación llamada ‘Madrileños por el derecho a decidir’,  han reconocido este mismo miércoles en un comunicado.

Finalmente, los independentistas sentados en el Parlamento Europeo invocan «los artículos 10, 11 y 12 de la Carta de Derechos Fundamentales así como los artículos 19 y 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos» para preguntar «¿cuál es la posición de la Comisión en este ataque a los derechos fundamentales de expresión, información y reunión en España? ¿Va a investigar de manera urgente la comisión estos hechos?»

El activista Assange, recluido desde hace cinco años en la embajada ecuatoriana en Londres, se ha convertido en el mayor altavoz de los delirios independentistas  en las últimas semanas. Ha acusado a los periódicos españoles —algunos de ellos lo financiaron en su momento cuando llegaron a acuerdos para publicar las supuestas filtraciones de su página web— de ser «un torrente de mentiras».

Ha publicado una entrevista en la que espetaba que «el 1-O Europa verá el nacimiento de una nación de 7,5 millones de habitantes o una guerra civil».

Espanya, això no funcionarà a #Catalunya. Els catalans tenen dret a l'autodeterminació. Els arrests només unifiquen i enforteixen. pic.twitter.com/HNdIG43S27

— Julian Assange 🔹 (@JulianAssange) September 9, 2017

Y ha llegado al punto de compartir en su Twitter una fotografía histórica de un hombre solo enfrentado a un tanque en las movilizaciones por la libertad en China de la plaza de Tiananmen acompañada de un texto en catalán, que seguramente no escribiera él, claro: «España, eso no funcionará en Cataluña. Los catalanes tienen derecho a la autodeterminación. Los arrestos sólo unifican y fortalecen».

Un «derecho a la autodeterminación» que les otorga Julian Assange y nadie más, ya que la misma Organización de Naciones Unidas (ONU) a la que invoca el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, en sus constantes referencias al «derecho internacional», niega que un territorio como el catalán pueda acogerse a esa figura.

Según la ONU, “el derecho de autodeterminación es el derecho de los pueblos a participar en su propio gobierno, libre de la influencia indebida de agentes externos”, pero sólo se debe aplicar en determinadas circunstancias, como “cuando un territorio está saliendo de la ocupación o de la dominación colonial o pudiera decirse que su población está sometida a niveles significativos de opresión dentro de la estructura estatal vigente”.

Pero debe de ser que ni Assange ni el último colectivo al que se ha asociado desde su reclusión en una embajada, los independentistas catalanes, tienen demasiado apego a la realidad, el estado de Derecho, la legalidad internacional,  la división de poderes. o, simplemente, la verdad.