El independentismo catalán acosa a otro niño en Tarragona por pedir estudiar en español

Nuevo acoso a un niño en Cataluña por querer ser educado en español. El independentismo vuelve a cargar contra otro niño y su familia en Vilaseca (Tarragona). Lo hace con una nueva concentración este lunes y después de que el Gobierno de España asegurara, tras el acoso al niño de Canet de Mar, que zanjaría los linchamientos públicos contra las familias gracias a su diálogo con los partidos independentistas.

Con la promesa del Gobierno de Pedro Sánchez encima de la mesa. Con su garantía de que se defendería a las familias con respaldo judicial para estudiar un 25% en español en los colegios catalanes. Y con la investigación por acoso lanzada por la Fiscalía en el caso de Canet de Mar. Con todo ello, la escena se repite tal cual.

El escenario del nuevo acoso a otro niño es ahora Tarragona. Y el centro educativo, el Instituto de Vilaseca Ramon Barbat Miracle, que debe cambiar su modelo lingüístico a raíz de otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El asunto es literalmente el mismo que antes de navidades desató un acoso feroz contra la familia y el niño de Canet de Mar que reclamaron su derecho a ser educados un 25% en español. Y, de nuevo, la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) ha salido en defensa de esta familia que está viviendo ya escenas de acoso similares.

Este mismo lunes, a las 20:00 horas, los radicales han convocado una concentración en Tarragona para presionar a la familia del niño y amedrentar a todo el resto que decida ejercer su derecho a reclamar ante los tribunales el cumplimiento de la ley educativa.

Y es que, como era previsible, el TSJC ha vuelto a estimar parcialmente la denuncia de una familia y ha obligado al instituto a impartir el 25% de clases en español.

El centro Ramón Barbat de Vilaseca se convierte, de este modo, en otro más de los centros escolares que tienen que ser forzados por la Justicia a cumplir la ley ante su deseo de no cumplir los mandatos legales y la inacción y protección de la Generalitat ante este incumplimiento generalizado.

La familia planteó su reclamación judicial en enero de 2020. Lo hizo señalando a la Consejería de Educación – dirigida por el consejero Josep González-Cambray, de Esquerra Republicana (ERC)-que, en contra de la ley y de la actual sentencia, desestimó la solicitud del niño para ser educado con un 25% de las clases en español y el 75% en catalán.

El fallo judicial señala sin rodeos que el proyecto educativo vigente «no contempla ninguna previsión respecto a la lengua castellana en cuanto a lengua vehicular y de aprendizaje, sin establecimiento de porcentaje». Añade que «el catalán es la lengua de uso habitual, y aunque se contempla la lengua inglesa y alemana, no existe previsión de utilización del castellano. Es evidente que la previsión contenida en el proyecto lingüístico no respeta el porcentaje mínimo establecido», que es del 25%.

La sentencia no es firme y la Generalitat ya ha anunciado sus recursos contra el nuevo fallo del TSJC.

La Generalitat ha reaccionado, de hecho. Y ha aprobado ya un acuerdo para blindar el catalán y expulsar por completo el español en las escuelas. La exposición oficial del Gobierno separatista señala que todo ello lo hace por «la cohesión social en los centros educativos». El acuerdo prevé dar protección jurídica a los docentes y equipos directivos frente a los «ataques» de la Justicia por imponer como única lengua el catalán en la educación.