Los socios de Sánchez orquestan el acoso al niño de Canet de Mar a la salida del colegio

El independentismo prosigue con su campaña de hostigamiento al niño de Canet de Mar (Barcelona), señalado tras lograr que la Justicia reconozca su derecho a recibir el 25% de  sus horas lectivas en español. Los separatistas han cumplido sus planes y, ante la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez -que ni se ha pronunciado- y de la Generalitat -que ha alentado las protestas- se han concentrado este viernes en los alrededores del colegio Turó del Drac, donde estudia el menor, para expresar su rechazo a la decisión judicial. La protesta, convocada por el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, ha tenido lugar a la misma hora en que los niños salían del centro. Entre los asistentes se ha podido ver a diputados de Junts per Catalunya -como Francesc de Dalmases y Salvador Vergés- y de ERC -Pau Morales-, partidos aliados de Pedro Sánchez y que con sus votos permiten su supervivencia en La Moncloa. Los manifestantes, aproximadamente medio millar, han proferido gritos a favor de la escuela en catalán, la independencia y contra España y han exigido a los profesores que desobedezcan la obligación de impartir parte de las clases en español.

Aunque en un principio los manifestantes se habían citado en las puertas del colegio, los organizadores han desplazado finalmente la reivindicación a un parque cercano tras solicitarlo los padres para no afectar al día a día del centro educativo. Aún así, algunas familias han aprovechado la salida de las clases para unirse a la protesta. Los manifestantes han recorrido varias calles del centro de la localidad. La alcaldesa, de ERC, ha encabezado la marcha tras la pancarta. El próximo 18 de diciembre, la Asamblea Nacional Catalana ha convocado una gran manifestación en Barcelona contra las sentencias que blindan la enseñanza en español.

Campaña de acoso

La familia del pequeño consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) amparase su derecho a recibir un 25% de las horas en castellano. Una decisión que se hizo efectiva este jueves. Por este motivo, desde hace días, el niño y los progenitores son víctimas de una campaña de acoso por parte del separatismo, incluidos otros padres del centro escolar.

Ante el señalamiento, la familia tuvo incluso que dirigirse esta semana a la Justicia para reclamar protección y pedir que se preservase su identidad. En el escrito, remitido al TSJC, los demandantes describían la campaña de hostigamiento revelando la existencia de «un grupo público de Whatsapp que utiliza el logo del centro escolar y que tiene como finalidad dificultar la ejecución de las medidas cautelares» ordenadas por la Justicia. En ese grupo, proseguían en su denuncia, «se vierten gravísimas amenazas» hacia ellos y su hijo, incluso «solicitando que el centro identifique a la familia y al niño, del que se pide expresamente que sea expulsado del centro o que se le haga el vacío en la clase». «En comentarios más extremistas se reclama el conocimiento del domicilio de la familia para que pueda ser apedreado».

En respuesta a la petición, este viernes, el TSJC ordenó a la Generalitat y la dirección del centro a adoptar las «medidas necesarias» para «preservar la protección e intimidad» del menor y de sus progenitores, además de garantizar «la normal convivencia y el pacífico despliegue del entorno educativo».

Tras varios días de acoso, la única reacción del Gobierno se ha limitado a un ofrecimiento telefónico a la Generalitat para colaborar en la protección del menor. Según fuentes del Ejecutivo, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha llamado al consejero catalán de Educación, José González Cambray, para ofrecerle los «medios del Estado» para proteger al niño, aunque esas fuentes no han precisado si con ello se refieren a protección policial. El Gobierno se ampara en que no tiene competencias para actuar en esta situación, aunque cabe recordar que sí puede aplicar el artículo 155 en el ámbito educativo, como le ha ofrecido el presidente del PP, Pablo Casado. El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo -ex portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid- también se ha puesto de perfil y ha asegurado que no conoce «todo lo que hay que conocer para poder tomar una resolución».

El Ejecutivo ha evitado también desautorizar a sus socios separatistas, que desde el Govern han venido alentando las protestas. «Que cada uno se exprese y manifieste en la línea que considere oportuna. Respetamos cualquier manifestación, como siempre hemos hecho», arengó este jueves el responsable catalán de Educación tras reunirse con la dirección del centro y los padres críticos con la decisión judicial. La portavoz del Govern, Patricia Plaja, consideró por su parte que la resolución es «una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro» y calificó de «sorprendente» que «un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto».