Illa ha pagado ya 7 ‘kilos’ a la empresa de los 659.000 test ‘fake’: Inter Pharma

El Gobierno de Pedro Sánchez contrató por 17,1 millones de euros la compra de una partida de 659.000 kits de diagnóstico, los famosos test rápidos para detectar el coronavirus. Las pruebas, suministradas por la empresa china Bioeasy Biotechnology, eran totalmente inservibles al no cumplir con las especificaciones que marca la Unión Europa, como descubrió el Instituto de Salud Carlos III. Además, el Ejecutivo ha hecho público el nombre de la empresa que hizo de intermediaria en la operación. Inter Pharma recibió un primer pago de 7 millones de euros para la adquisición de los lotes. La farmacéutica se dedica, entre otras cosas, a la venta de cremas, óvulos vaginales y afrodisiacos.

Sanidad ha desvelado, por fin, el nombre de la intermediaria que participó en la compra de los test ‘fake’ chinos. Inter Pharma, según el contrato al que ha tenido acceso OKDIARIO, fue contratada por el Gobierno por 17 millones de euros para que adquiriera en el mercado los famosos test rápidos para la detección del coronavirus.

La oferta presentada por Inter Pharma, según consta en el pliego de Sanidad, fue de 17.143.885 euros para la compra de 659.000 test. Una compra «dividida en cuatro entregas cuyas fechas son 17 de marzo, 20 de marzo, 27 de marzo y 14 de abril». Inter Pharma pidió por adelantado siete millones de euros como pago del 35% del montante de la operación. El resto de los pagos se irían realizando «durante las entregas parciales en un plazo máximo de 24 horas».

El contrato describe una serie de características que debían tener las pruebas diagnósticas para el Covid-19 y que, en este caso, señala el documento: «La técnica de detección de antígenos del SARS-CoV-2 Bioeasy 2019-Novel Coronavirus Af GIGA Rapid Test, cumple los criterios mencionados». Entre esas características figuraban que los resultados de los test se pudieran obtener en 20 minutos o que los mismos tuvieran «más de un 80% de sensibilidad».

Test ‘fake’ chinos

Sin embargo, estas características no se cumplieron. Los test ‘fake’ fueron enviados y fue el Instituto de Salud Carlos III el que los rechazó tras someterlos a diferentes pruebas y hallar que no tenían la sensibilidad prometida. El propio Salvador Illa, en una comparecencia de prensa, señaló que los primeros 8.000 test que llegaron a España no pasaron los filtros de calidad que tiene el Sistema Nacional de Salud, a pesar de que el producto tenía todas las garantías y el certificado necesario para operar en la UE, según la versión de Moncloa. «Nosotros hicimos las comprobaciones y se detectó que no tenía el nivel de fiabilidad requerido, por eso se retiró», declaró el ministro.

Illa señaló que los 640.000 test de Bioeasy, de los que se habían recibido un total de 58.000 (50.000 no se llegaron a distribuir), iban a ser sustituidos por otro modelo de la misma empresa.

En una comunicación a la propia Inter Pharma, el Ministerio de Sanidad desvelaba que los test eran completamente inservibles porque «la sensibilidad de la prueba es muy inferior en nuestro medio a lo que indica la validación clínica por la que se obtuvo el marcado CE». Este era el resultado del informe, con fecha de 24 de marzo, realizado por el Instituto de Salud Carlos III. Pero no era el único que tiraba por tierra las pruebas compradas a Bioeasy a través de Inter Pharma. En otro informe, con fecha del 30 de marzo, se volvía a repetir la película. La sensibilidad de la prueba rápida volvía a ser inferior a la esperada.

Como resultado de este fiasco, el Gobierno informó a Inter Pharma que «como consecuencia de los vicios o defectos observados en ellos imputables a Inter Pharma y existiendo la presunción de que la reposición o reparación de los bienes no serán bastantes para lograr aquel fin» el Ministerio rechazaba la partida suministrada dejándola «de cuenta de Inter Pharma» y no se hacía responsable de la recepción de nuevo material y de los pagos restantes.

Además, el Ministerio liderado por Salvador Illa requería a Inter Pharma la devolución de los cerca de 7 millones de euros –6.998.035, en concreto– correspondientes a tres facturas: «120/2117, 120/2191 y 120/2215».