Iglesias exigió a Sánchez diseñar un Poder Judicial que le salvara de la imputación que ahora pide el juez

Pablo Iglesias no ha sido un mero espectador en los movimientos judiciales del PSOE. Pedro Sánchez quiso atraer al PP hacia una renovación de los cargos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pablo Casado puso desde el primer momento la exigencia de una despolitización de los nombramientos. Y Pablo Iglesias, fruto de su pánico y nerviosismo por el avance de las causas judiciales contra él y su partido, se anticipó para exigir a Pedro Sánchez no aceptar ni la más mínima pérdida de control de los nombramientos del Poder Judicial: porque exigió la garantía de que un nuevo Supremo contase con magistrados dispuestos a frenar las acusaciones contra él.

Acusaciones como la que ahora el magistrado García-Castellón traslada ya al Supremo en forma de petición de imputación. En ella atribuye a Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, un delito de descubrimiento y revelación de secretos agravado «por razones de género», al haber mantenido durante meses la tarjeta del móvil de su ex asesora Dina Bouselham, sin el consentimiento ni conocimiento de su legítima propietaria, una mujer mayor de edad.

En el transcurso de la investigación, García-Castellón amplió los hechos delictivos cometidos presuntamente por el líder de Podemos a nuevos delitos: simulación de delito y denuncia falsa o estafa procesal. Todo ese proceso de avance e investigación judicial fue avanzando ante los atónitos ojos de Pablo Iglesias. Ante la atenta mirada de un vicepresidente podemita que iba, paso a paso, incrementando su nerviosismo. Su pánico.

La reacción no tardó en llegar. El vicepresidente segundo pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitar toda tentación de avanzar en una negociación de la renovación del Poder Judicial con los ‘populares’, porque el modelo planteado por el PP desbarataría sus posibilidades de incrementar el control de la Justicia y de imponer una renovación ad hoc que dificultase el posible ascenso de sus causas al Supremo y el trabajo independiente y sin presiones del Alto Tribunal.

Iglesias conocía el contenido de la propuesta de los ‘populares’ para acceder a una renovación del Poder Judicial: un modelo mixto entre el actual y el previo a 1985. Un esquema que forzaba a los diputados y senadores a tener que elegir los cargos del Consejo General del Poder Judicial entre una horquilla de 30-35 jueces preseleccionados por jueces, no por políticos. Un esquema que garantizaba una reducción de la influencia política en la selección de los responsables judiciales.

Ese modelo hizo perder el sueño a un Iglesias sabedor de que sus prácticas en el partido le podían acabar llevando al Supremo, tal y como ahora pide la Audiencia Nacional. Porque el vicepresidente segundo sólo tenía un fin: intentar controlar y manipular ese proceso judicial en el que el propio partido morado se encuentra ya imputado.

Podemos, de hecho, puso ya en marcha a mediados de agosto una campaña de ataques para desacreditar al titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que investiga otra pata de la corrupción del partido que dirige Pablo Iglesias.

Tras tomar declaración al abogado José Manuel Calvente (al que Podemos despidió con una falsa acusación de acoso sexual para intentar silenciarle, como ha acreditado la Justicia), el juez decidió imputar a Podemos como persona jurídica; al responsable de sus campañas electorales, Juanma del Olmo; al tesorero Daniel Frutos y a la gerente del partido, Rocío Val.
A través del panfleto que dirige Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, Podemos señaló ya en aquel momento que el juez Escalonilla utiliza métodos propios de la «Alemania nazi» en su investigación sobre la financiación ilegal del partido morado.

Una semana después de que el juez imputara a Podemos por los presuntos delitos de malversación y administración desleal, el panfleto de Dina publicó ese artículo en el que afirmaba, además, que Escalonilla está llevando a cabo una «investigación prospectiva» prohibida por el ordenamiento jurídico español y «vinculada al denominado Derecho Penal de autor, que no persigue hechos o actos delictivos concretos sino personas u organizaciones concretas, que convierte en sospechosas por ser quienes son».

A continuación puntualizaba, en referencia a la actuación del juez Escalonilla: «El Derecho Penal de autor es incompatible con el principio de legalidad penal y con la seguridad jurídica y está vinculado sobre todo a la Alemania nazi pero también a la España franquista, por lo que en las democracias está prohibido terminantemente, al menos en teoría».

Las causas judiciales que afectan a Pablo Iglesias y su partido han quitado el sueño a la cúpula morada desde hace ya mucho tiempo. Ello, sin contar con el hecho de que la fiscal general de Estado, Dolores Delgado, sigue manteniendo bloqueada la investigación lanzada por la Fiscalía General de Bolivia por los pagos de Evo Morales a los líderes fundadores de Podemos: y allí se ha reclamado la testifical de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, junto con otras dos personas -Baltasar Garzón y José Luis Rodríguez Zapatero.