Hacienda no acepta las presiones de Podemos: “Tratará a Juan Carlos I como a un contribuyente más”

Hacienda hará su trabajo de comprobación de la regularización fiscal del Rey emérito pero no incrementará los controles habituales por las presiones de Podemos o el clima de opinión pública. “Hacienda tratará a Juan Carlos como a un contribuyente más”, señala una fuente conocedora de los trabajos de comprobación de la actualización fiscal de D. Juan Carlos. O, lo que es lo mismo, que no se hará un esfuerzo extraordinario con el emérito, más allá de lo que se haría con otra persona.

La decisión está tomada. Y se hará de ese modo, independientemente de las  presiones recibidas. La primera ha llegado de Podemos, que no ha tardado en pedir una investigación por posible delito fiscal a Juan Carlos I. La segunda procede de dentro de la Agencia Tributaria (AEAT). El Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ya ha pedido públicamente que la AEAT investigue los préstamos realizados por una decena de empresarios y amigos a Juan Carlos I con el fin de poder abonar los 4,4 millones de la última regularización fiscal. Y lo ha solicitado bajo la sospecha de que se trate de donaciones encubiertas y, por lo tanto, también se puedan exigir impuestos por estos préstamos.

El ataque de Podemos ha sido más severo. Tras la nueva regularización fiscal de 4,4 millones de euros de Don Juan Carlos, Podemos ha iniciado las presiones internas en el seno del Gobierno para que la regularización no mate la vía penal y que la Fiscalía investigue el caso como delito fiscal.
El Rey Juan Carlos ha realizado una segunda regularización fiscal por rentas no declaradas durante varios ejercicios que suman más de ocho millones de euros de pagos en especie. Por todo ello, Don Juan Carlos ha pagado más de cuatro millones a la Agencia Tributaria.

Regularizaciones

El Rey emérito ya presentó una declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal el pasado mes de diciembre, cuatro meses después de su salida de España, en relación al uso de tarjetas bancarias por parte de Juan Carlos I y sus familiares con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En concreto, el Rey emérito, que abandonó el país con destino a Emiratos Árabes Unidos en agosto del año pasado, ha presentado una declaración voluntaria ante la Agencia Tributaria por ocho millones de euros en concepto de vuelos de una compañía de jet privados pagados hasta el 2018 por la fundación Zagatka, de la que es titular Álvaro de Orleans.

Los pagos se habrían realizado hasta el 2018, con posterioridad a la abdicación en Felipe VI en junio de 2014, momento en que Juan Carlos I perdió el privilegio de la inviolabilidad que tenía como jefe de Estado. El disfrute de estos vuelos se considera un pago en especie obligado a tributar como IRPF a Hacienda.

La nueva regularización debería parar la vía penal si es cierta, si abarca a la totalidad de los ingresos no declarados por Don Juan Carlos, y si se ha realizado de forma voluntaria y sin que la Administración iniciara las actuaciones para hacer tributar esos importes.

Podemos pone en duda los dos primeros de esos conceptos. Y considera, por lo tanto, que, por mucho que pague el Emérito, la vía penal debe quedar abierta. Traducido: que la Fiscalía debe perseguir el comportamiento como potencialmente delictivo.

Así se lo ha trasladado ya Podemos al Gobierno. Todo ello mientras el PSOE no está por la labor de seguir por esa vía penal, a menos que no haya más remedio.

Hacienda tiene claro que no apretará el acelerador más de lo habitual por este tipo de presiones. Las comprobaciones serán como las que se realicen al resto de contribuyentes en situaciones similares.

Podemos, de hecho, conocedor de esta situación, ya ha dado una vuelta de tuerca en sus presiones. El partido morado ha empezado a insinuar en redes sociales que la actitud de lentitud en la actuación de Hacienda frente a las finanzas del emérito ha podido responder a una decisión de permitir el tiempo necesario para que D. Juan Carlos presentase una declaración complementaria y, por lo tanto, regularizase su situación. Lo más llamativo es que esa crítica recae sobre su propio Ejecutivo. Porque, de ser así, habría sido el propio Gobierno que ellos conforman en alianza con el PSOE, el que habría adoptado esa estrategia.