PAÍS VASCO

Hacia la «armada popular vasca»: Bildu exige retirar las patrulleras de la Guardia Civil como en Cataluña

Bildu reclama las competencias de policía marítima que Interior retiró en 2019 como paso previo a impulsar su propio servicio marítimo

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Bildu Guardia Civil
La patrullera Río Guadalete, la más grande de la Guardia Civil en Vizcaya.
Pelayo Barro

Una «armada popular vasca» que sea capaz de echar de Ondarroa «a la patrullera de la Guardia Civil»: así verbalizaba en noviembre de 2022 el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, una de las aspiraciones que estaban por venir en la agenda abertzale. Una exigencia que ahora ya ha tomado cuerpo en torno a las negociaciones de Bildu con el PSOE para una investidura de Pedro Sánchez: los de Otegi le reclaman a los socialistas que permita a la Ertzaintza asumir las competencias de vigilancia marítima que Interior les retiró en 2019. Un primer paso hacia esa «armada popular» que en Cataluña ya empieza a ser una realidad.

Si usted pesca sin licencia dos pulpos en Zumalla y le pillan, quien le pilla -y le multa- no es la Ertzaintza, sino la Guardia Civil. Si usted es pescador profesional y sale a faenar de un puerto vasco sin guardar el descanso estipulado por ley, quien le pilla -y le multa- es la Guardia Civil. Quien decide la seguridad en las populares competiciones de remo, también. Incluso si decide ir más allá y transportar droga en la bodega de su embarcación, también dará cuenta de ello ante la patrullera de la Benemérita que esté en la zona. La casuística de los delitos marítimos en el País Vasco es amplia e íntegramente responsabilidad de la Guardia Civil, pero Bildu está dispuesto a hacer que eso cambie y apuntarse un tanto para su electorado.

Según ha sabido OKDIARIO de fuentes próximas a la formación abertzale que dirige Arnaldo Otegi, una de las contrapartidas que plantea Bildu de cara a dar su apoyo a la candidatura presidencial de Sánchez pasa por la «recuperación de competencias en el ámbito marítimo». Unas competencias que le fueron reconocidas de forma integral a la Guardia Civil el pasado 2019, cuando la Comisión Nacional de Coordinación de Policía Judicial así lo decidió en su reunión anual.

En el acta de dicha reunión, como aseguró el Gobierno a una pregunta presentada por EH Bildu en el Congreso, quedó registrada como conclusión que «la competencia en materia de Policía Judicial en los espacios marítimos recayese exclusivamente en la Guardia Civil y, por otra parte, que las policías autonómicas sólo tendrían competencia como policía administrativa sobre las aguas marítimas interiores».

Bildu Guardia Civil del mar
Arnaldo Otegi y Pedro Sánchez.

Bildu quiere que el Gobierno se comprometa a revertir esa decisión y, así, devolver a la Ertzaintza a mar abierto, aun con sus exiguos medios técnicos actuales. En ese punto, explican las fuentes consultadas, hay relativo consenso. No parece que sea un escollo en las discretas conversaciones que los de Otegi y los de Sánchez mantienen abiertas para una posible investidura.

«Armada vasca»

De esa manera, el Gobierno del País Vasco podría devolver a sus agentes autonómicos al mar, aunque de forma parcial, ya que compartirían las competencias de vigilancia y rescate con la Guardia Civil.

Sin embargo, el verdadero reto de EH Bildu va más allá, y pasa por emular lo que la Generalitat viene trabajando desde hace años y que ya empieza a dar sus frutos: desplazar de forma integral a la Guardia Civil como policía del mar. La Generalitat, por inacción primero y cesión después de Interior, ya ha asumido la vigilancia de las competiciones deportivas marítimas ante la incredulidad de la propia Guardia Civil.

La hoja de ruta de Bildu para su policía del mar la marcó de forma velada el propio Otegi en noviembre de 2022, cuando anunció su «armada vasca popular» que fuese capaz de «echar a la patrullera de la Guardia Civil de Ondarroa». Se refería a la patrullera río Guadalete, destinada en la Comandancia de la Guardia Civil de Vizcaya, y que lleva ya un año prestando servicio de vigilancia en la costa vasca. Una presencia polémica, ya que se ha saldado con expedientes y multas a pescadores locales por trasgredir diversas normas.

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