Un grupo de jóvenes increpa a la vicepresidenta Montero en la Feria de Sevilla: «¡Traidora, traidora!»

La vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero ha sido increpada en el recinto de la Feria de Abril de Sevilla, a donde ha acudido para dejarse ver y compartir fiesta con afines. «¡Traidora, traidora!», le han reprochado un grupo de jóvenes. La socialista, con cara de circunstancias, ha exhibido tomarse a broma el rapapolvo y ha respondido riéndose de esos reproches: «Traidora, ¿por qué? No, no», les ha contestado, mientras uno de quienes la acompañaba se ha encarado con desdén contra los jóvenes y les ha dicho que se fueran, incomodado al darse cuenta de que la secuencia estaba siendo grabada.

María Jesús Montero es peso pesado en la guardia pretoriana de la que se ha rodeado Pedro Sánchez en La Moncloa. Que haya sido increpada en la feria de Sevilla tiene especial significado, porque Montero es precisamente sevillana y ha hecho de Andalucía su fortín para prosperar en la política profesional y alcanzar la vicepresidencia del Gobierno.

Su paso por la política autonómica andaluza fue controvertido. Las descalabradas cuentas que dejó durante su etapa como consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía precedieron a su ascenso a ministra de Hacienda, promocionada por Pedro Sánchez tras la batalla interna que éste libró para recuperar la secretaría general de los socialistas. En 2017 compitió por el timón del PSOE con Susana Díaz, la ex presidenta de la Junta que mantuvo en su gabinete a Montero, reconvertida después en entusiasta sanchista.

Pillada con la amnistía

Tras 16 años seguidos asentada en el Gobierno de Andalucía como consejera –lo fue con Chaves, con Griñán y con Susana Díaz–, desde 2018 disfruta de cartera ministerial. Sus contradicciones han sido sonadas. Entre la más célebres, la relativa a la amnistía para los independentistas condenados y procesados. «No es constitucional la amnistía, y como este Gobierno no se salta la Constitución, no va a haber amnistía, y [los independentistas] lo saben», proclamó con vehemencia María Jesús Montero antes de las elecciones generales de julio del año pasado. En cuestión de meses, lo que era imposible por ilegal pasó a ser, para ella misma, necesario y totalmente constitucional. Y así lo ha proclamado reiteradamente, sin incomodarse pese a su radical cambio de posición.

María Jesús Montero llegó al PSOE tras pasar por el Partido Comunista. En 2002 se estrenó como consejera del Gobierno andaluz. Médico de profesión, ese año tomó las riendas de la Consejería de Sanidad por designio del entonces presidente de Andalucía Manuel Chaves. Después, cuando la Presidencia la ocupó José Antonio Griñán, Montero fue nombrada consejera de Hacienda. Chaves y Griñán fueron condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España, el de los ERE de Andalucía.

Experta en disparar la deuda

Susana Díaz, a la que purgó Sánchez tras perder las primarias en las que compitió contra él, cuando era presidenta de Andalucía mantuvo a María Jesús Montero como consejera de Hacienda de la Junta. Tomó las riendas de las arcas públicas andaluzas con una deuda pública de 21.251 millones de euros; menos de cinco años después, en junio de 2018, cuando fue fichada por Sánchez como ministra de Hacienda, dejó las arcas andaluzas con un agujero de 34.300 millones. Es decir, 13.000 millones más de deuda pública, un 61,4% más en menos de un quinquenio. Y eso sin contar las empresas públicas de la Junta, que acumulaban una deuda de 17,3 millones cuando Montero se convirtió en consejera de Hacienda y, cuando se fue, el agujero alcanzaba los 70 millones de euros.

Su estancia en el Ministerio de Hacienda tampoco le da para presumir: en menos de seis años, de junio de 2018 al pasado marzo, la deuda pública de la Administración General del Estado se ha disparado un 39%, al calor de una fuerte presión fiscal que ha hecho crecer la recaudación por impuestos a la par que ha galopado la inflación para disgusto del bolsillo de trabajadores y empresas.

En junio de 2018, cuando Sánchez puso a María Jesús Montero al frente de la Hacienda Pública, la deuda de la Administración General del Estado era de 1,03 billones de euros; ahora alcanza ya los 1,43 billones: 400.000 millones más.