La puñalada de Sánchez a 900.000 funcionarios en pleno estado de alarma también pone en peligro sus pensiones

El principal sindicato de funcionarios -CSIF- ha puesto el grito en el cielo ante la profunda reforma legal escondida por el Gobierno de Pedro Sánchez en pleno estado de alarma, tal y como ha publicado OKDIARIO.

CSIF alerta de que la reforma, camuflada entre las medidas de combate al coronavirus y gestionada sin la más mínima negociación con ellos, afecta a la gestión de las pensiones de 900.000 empleados públicos. El susto venía camuflado en el BOE de este 22 de abril. Y se ceba con 900.000 empleados públicos comprendidos en lo que se denominan clases pasivas.

El Gobierno ha decidido traspasar la gestión de sus prestaciones al Instituto Nacional de la Seguridad Social sin previo aviso, ni negociar con sus representantes sindicales. Desde el principal sindicato de la función pública –CSIF– temen que el movimiento sea un paso previo que anticipe un intento posterior de recortar sus condiciones en materia de jubilación.

«Hay miles de funcionarios preocupados por el futuro de sus pensiones tras el traspaso sorpresivo del reconocimiento y la gestión de sus prestaciones a la Seguridad Social» destacan desde CSIF.

Frenar el traspaso

Los representantes sindicales CSIF señalan que el Gobierno ha aprovechado «un decreto económico frente al Covid-19 para modificar la gestión de las pensiones de los funcionarios» y reclaman «a los grupos parlamentarios que frenen el traspaso a la Seguridad Social del reconocimiento y la gestión de prestaciones de los funcionarios». Por todo ello, Miguel Borra, desde CSIF exige una reunión urgente para aclarar la medida.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha exigido ya una reunión urgente a los ministerios de Hacienda y de Seguridad Social para aclarar el traspaso en la gestión de las pensiones de los funcionarios a este último departamento.

El sindicato señala que, tras la aprobación del Real Decreto y la publicación de la noticia por OKDIARIO, ha recibido centenares de llamadas de «personal funcionario preocupados por el futuro del régimen de clases pasivas y la regulación de sus pensiones. Y es que hay 657.118 pensionistas a marzo de 2020». Y ese colectivo irá en aumento.

«El Gobierno ha aprovechado el Real Decreto de medidas laborales y fiscales para paliar los efectos de la crisis por el Covid-19 para modificar ‘de extranjis’ la gestión de las pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo», explica CSIF.

Clases pasivas

«Si prospera este Real Decreto Ley la gestión de las pensiones de clases pasivas, en su totalidad, pasa a estar a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Estado transferirá a la Seguridad Social los fondos necesarios para la financiación de estas pensiones de clases pasivas, de una forma inmediata se iniciarán los trámites para la adaptación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria y financiera durante un breve periodo transitorio», aclaran desde el sindicato.

Es más, «la competencia para el reconocimiento de nuestras pensiones corresponderá al Instituto Nacional de la Seguridad Social, que pasa a ser la entidad gestora competente para la realización de las funciones inherentes al reconocimiento de las obligaciones y propuesta de los pagos de todas las prestaciones de clases pasivas. El complemento por maternidad pasa a depender asimismo del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de su Tesorería General. La actual modificación legislativa implica un cambio en el reconocimiento y la gestión de las pensiones, las modificaciones incluidas en este Real Decreto Ley parecen encaminadas a finalizar con cualquier atisbo de separación y de autonomía del régimen de clases pasivas del Estado, de una manera completamente sorpresiva», concluye el sindicato.

Desde CSIF saben ya que el régimen diferenciado de las clases pasivas acaba de ser igualado al resto: y eso implica que en posteriores y nada descartables recortes con motivo de la crisis, esos 900.000 funcionarios pierdan su posibilidad de negociar de forma separada. Traducido: han perdido su capacidad de defensa individual frente a congelaciones en las prestaciones o recortes en las condiciones de acceder a la jubilación.