El Gobierno ve «apto» a un etarra para ser policía portuario en Pasajes «porque no lleva arma»

El Gobierno de Pedro Sánchez considera que el terrorista de ETA Alfonso Castro Sarriegi es «apto» para ser policía portuario en Pasajes (Guipúzcoa) porque no lleva arma en el desempeño de esta función. Así lo indica el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a Vox a raíz de la exclusiva de OKDIARIO sobre la situación laboral de este etarra.

Castro Sarriegi está contratado como interino por Puertos del Estado, una sociedad pública dependiente del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda urbana, pero cuyo presidente es nombrado por la comunidad autónoma, en este caso, el lehendakari, Íñigo Urkullu.

En una batería de preguntas al Gobierno, las diputadas Patricia de las Heras, portavoz en la Comisión del ramo, y Macarena Olona, secretaria general del grupo parlamentario, instaron al Ejecutivo a contestar «qué opinión le merece el nombramiento de un terrorista condenado como Policía Portuario». De igual modo, exigieron saber si «el Gobierno va a establecer como requisito de acceso a la Policía Portuaria carecer de antecedentes penales».

Fue Policía Municipal

Además, De las Heras y Olona plantearon al Ejecutivo si el Gobierno considera que «un terrorista puede desarrollar con plenas facultades el control de accesos a zonas restringidas, así como la vigilancia del cumplimiento de la ley en operaciones con mercancías y actividades en las instalaciones». En última instancia, las diputadas formularon al Ejecutivo la siguiente cuestión: «¿Cree el Gobierno que un condenado por facilitar datos aprovechando su cargo de Policía Municipal (en Rentería) con la finalidad de secuestrar a una persona, es apto para cualquier labor de vigilancia y control?». Por ello, fue apartado de dicha Policía Municipal.

Por su parte, el Gobierno ha contestado que «éste es un proceso selectivo para desempeñar funciones en la Administración Pública, en el que se aplica estrictamente la normativa que se rige por los principios de publicidad, mérito y concurrencia».

«Los policías portuarios -prosigue la respuesta de Moncloa a la que ha accedido OKDIARIO- son agentes de la Autoridad Portuaria y empleados públicos sujetos al Estatuto Básico del Empleado Público y restante normativa de aplicación general a los empleados laborales de la Administración General del Estado. No pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ni tienen atribuidas las mismas funciones ni facultades que los miembros de la seguridad privada (como, por ejemplo, el uso de armas)».

A juicio del Gobierno de PSOE-Podemos, «no existe motivo legal alguno para imponerles requisitos de acceso al empleo público distintos a los que se aplican a los restantes empleados laborales de la Administración General del Estado».

Además, el Ejecutivo esgrime que el etarra cumple el requisito de «no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado».

«Si no concurre alguna de las circunstancias recogidas en el precepto antes citado y supera el proceso selectivo, la persona es apta para realizar las funciones propias del puesto», concluye el mismo Gobierno que está protagonizando el mayor acercamiento de presos de la organización terrorista ETA a cárceles de País Vasco y Navarra de los últimos años. Todo para tener el apoyo de Bildu y PNV a sus Presupuestos.

Tal y como publicó OKDIARIO, el etarra Castro Sarriegi pasó las pruebas del concurso-oposición para cubrir la Bolsa de Trabajo de Policía Portuario (Grupo 3, Banda 2, Nivel 5) en febrero de 2017, que posteriormente renovó en agosto de 2018. Desde principios de este año ha sido contratado definitivamente para formar parte de la Policía Portuaria del cuerpo, según fuentes conocedoras de la situación. En estos momentos se encuentra como interino, pero las fuentes citadas aseguran que tiene intención de presentarse a una de las dos plazas fijas previstas.

Secuestro de Aldaya

Castro Sarriegi fue condenado a 18 y 10 años de cárcel, respectivamente, por colaborar con ETA en el asesinato a tiros de un vecino, Raúl Suárez Fernández, y por participar en el secuestro de un empresario, José María Aldaya, al facilitar datos a los etarras mientras era policía municipal de Rentería, por lo que fue posteriormente apartado. Sin embargo, el Gobierno mantiene que no resultó separado por expediente disciplinario ni se encuentra inhabilitado por resolución judicial.

Además, según recogió Vox en la exposición de motivos de su iniciativa, fue condenado a 66 años de cárcel por pertenencia a banda armada del comando Ipar Haizea y por participar en varios atentados frustrados, entre ellos, uno contra una patrulla de la Policía Nacional. De los 94 años de condena, el etarra sólo cumplió 24 años en prisión, de la que salió en 2015.