El caso Villarejo avanza contra BBVA con Ausbanc como origen del conflicto

La ofensiva judicial contra BBVA y su expresidente Francisco González Rodríguez por la contratación del excomisario José Manuel Villarejo acabará con ellos sentados en el banquillo, pero no se entiende sin el papel previo de Ausbanc y de su presidente, Luis Pineda Salido. La actuación de la asociación de consumidores, especialmente en la batalla judicial de las cláusulas suelo, es el origen de un enfrentamiento que, según el escrito de acusación provisional presentado por la defensa de Pineda ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, desembocó en una «campaña de derribo» que hoy sienta en el banquillo a la cúpula histórica del banco.

La reciente confirmación por parte de la Audiencia Nacional del procesamiento de BBVA como persona jurídica y de varios de sus exdirectivos, entre ellos González, por los encargos a Villarejo, sitúa en el centro del caso la relación entre la entidad financiera y Ausbanc. Sin la actividad litigiosa de la asociación, empeñada en enfrentar y sacar a la luz los desmanes del banco, y sin la posterior denuncia que acabó con BBVA empujando a Pineda a prisión provisional durante casi tres años (salió absuelto, no volverán los años), difícilmente se habría abierto la pieza separada que ahora investiga delitos de cohecho, revelación de secretos, falsedad documental y administración desleal.

Las cláusulas suelo: el origen del choque

El escrito de acusación provisional de Pineda (de 64 páginas y fechado el 13 de septiembre de 2024) reconstruye el punto de inflexión: la demanda colectiva interpuesta en 2010 por Ausbanc contra varias entidades, entre ellas BBVA, por la utilización de cláusulas suelo en hipotecas variables. Aquella ofensiva judicial culminó con una sentencia del Tribunal Supremo (241/2013) y, posteriormente, con el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en diciembre de 2016 que obligó a devolver íntegramente lo cobrado de más.

Según se recoge en el documento, tras la primera sentencia el banco cifró en 35 millones de euros el impacto en su beneficio neto sólo en el primer mes. Después del fallo europeo, la provisión ascendió a 404 millones. Para la acusación particular, estas cifras explican el «poderoso móvil económico» que habría llevado a la entidad a intentar neutralizar a la asociación que lideraba las reclamaciones masivas de consumidores.

En las conclusiones provisionales se sostiene que, a partir de 2012, se activó un dispositivo de inteligencia paralelo al circuito ordinario de contratación del banco, con encargos a la mercantil CENYT (vinculada a Villarejo) para recabar información sobre Pineda, su entorno y la estructura societaria de Ausbanc. El objetivo, según el escrito, era obtener material que permitiera desacreditar y, en última instancia, expulsar a la asociación del Registro Estatal de Consumidores.

La denuncia que cambia el tablero

El 2 de febrero de 2015, siempre según el relato de la acusación de Pineda, culmina la estrategia con la interposición de una denuncia que desembocaría en las diligencias previas en la Audiencia Nacional. Pineda fue detenido en abril de 2016 e ingresó en prisión provisional durante 1.093 días. En 2021 fue condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por extorsión y estafa, pero en marzo de 2024 el Tribunal Supremo revocó esa sentencia y lo absolvió, dejando sin efecto las medidas cautelares que habían bloqueado su entramado empresarial.

El escrito presentado subraya que el banco llegó a solicitar 129 años de prisión para Pineda y una multa de más de 10 millones de euros, para después retirarse como acusación particular en 2019, poco antes de la declaración como investigado de uno de sus exdirectivos. Ese giro procesal es interpretado por la acusación como un indicio de la implicación de la persona jurídica en los hechos ahora investigados.

La tesis que sostiene la defensa de Pineda es que sin la investigación sobre Ausbanc (incluyendo seguimientos, obtención de datos telefónicos y elaboración de informes como el denominado Informe Austria) no se habría producido la denuncia que dio lugar a su procesamiento y encarcelamiento. Y, en consecuencia, no existiría hoy el procedimiento que examina la relación contractual entre BBVA y Villarejo.

El propio escrito de calificación provisional afirma expresamente que los hechos podrían constituir, entre otros, delitos de cohecho en continuidad delictiva, descubrimiento y revelación de secretos y grupo criminal, y solicita la apertura de juicio oral contra González, varios exdirectivos y la propia entidad bancaria como persona jurídica. Algo que ahora se dará.

En este contexto, el papel de Ausbanc y Pineda resulta crucial por una doble vía: primero, como detonante económico del conflicto tras las sentencias sobre cláusulas suelo; segundo, como pieza central de la denuncia que desencadenó una cadena de actuaciones judiciales que ahora se vuelven contra el banco. La acusación particular sostiene que la «muerte civil» de la asociación y el bloqueo de sus sociedades fueron el precio de una estrategia defensiva que ha terminado situando a la antigua cúpula de BBVA ante la perspectiva de un juicio oral.