El Gobierno persiste en el «diálogo» con el delincuente Torra pese a su exigencia de un referéndum separatista

Pese a las diferencias, el Gobierno socialcomunista ha acogido con confianza la primera reunión con la comisión negociadora de Quim Torra. Tras un encuentro de tres horas en La Moncloa -el primero de la llamada «mesa» de negociación impuesta por ERC para la investidura de Pedro Sánchez- el Ejecutivo asume que la solución a lo que llama «conflicto político», asimilando el lenguaje separatista, será «muy compleja». Y también que «no se esperan frutos en el corto plazo». Pero la disposición, así lo ha expresado la portavoz María Jesús Montero, es seguir adelante. Antes, Torra aseguró también que no se levantaría de la mesa, aunque insistió en su reclamación de un referéndum de independencia y la amnistía de los presos. Dos condiciones inexcusables.

«Somos conscientes de las cosas que nos separan, que son muchas», ha destacado Montero, que ha insistido en la voluntad de buscar puntos de encuentro que nos permitan avanzar y construir esta respuesta para el futuro de Cataluña».

Torra avanzó, en su rueda de prensa, que le había planteado a Sánchez su exigencia de un referéndum de independencia y la amnistía de los presos.

«Hemos centrado nuestra posición en cuánta democracia somos capaces de asumir entre todos, españoles y catalanes», manifestó el catalán. Además, dijo que sus primeras palabras en la mesa de negociación han sido para reconocer que debería estar ahí sentados Puigdemont, Junqueras, Marta Rovira y Jordi Sánchez, en un gesto de “reconocimiento del exilio y los presos”. “Es importante y necesario encontrar un cauce de entendimiento en esta mesa de diálogo”, añadió.

«Todos somos conscientes de las pretensiones de la delegación catalana, pero también conocen la posición del Gobierno de España», rebatió Montero, admitiendo que «las posiciones están alejadas».

«Tenemos que encontrar puntos que nos permitan avanzar y construir propuestas que superen la situación en la que nos encontramos en este momento», insistió la portavoz.

Montero explicó que el encuentro había sido «muy franco» y repitió: «El Gobierno de España no comparte la autodeterminación».

En un comunicado conjunto, al término del encuentro, Gobierno y Generalitat reiteran su disposición a la negociación.

La nota evita mencionar la Constitución y señala que «cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica». Una ambigua referencia, utilizada con Sánchez, con la que esquiva cualquier alusión a la Carta Magna. El socialista asume también que el órdago separatista es «un conflicto político» que «requiere de una solución política».