El Gobierno oculta la cualificación para el cargo de los 216 asesores colocados a dedo

El Gobierno no revela la capacitación profesional y académica para el puesto de los asesores contratados en los distintos ministerios, alegando que «dicho nombramiento es libre», es decir, ‘a dedo’. Los vicepresidentes, ministros y secretarios de Estado pueden nombrar hasta un máximo de 216 asesores, según la organización del Ejecutivo publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Así resuelven los distintos departamentos la petición de información, formulada a través del Portal de Transparencia, sobre la «cualificación académica y profesional que se ha valorado para el nombramiento» de dicho personal.

Desde el Gobierno se remiten, en concreto, a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que, en su artículo 12, señala que el nombramiento y cese de estos cargos -dedicados a «funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial»- será «libre».

Según la organización básica del Ejecutivo, los gabinetes de los titulares de las vicepresidencias del Gobierno podrán disponer de hasta un máximo de nueve asesores, uno de ellos con rango de director general y los demás con nivel orgánico de subdirector general.

Sueldos ‘libres’

El salario de un director general, según el ‘Real Decreto de medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público’, de 21 de enero- se fija en 55.163 euros, a lo que hay que sumar los complementos de productividad, un ‘extra’ que engorda considerablemente esa cantidad y que escapa a todo control. El BOE, en este contexto, sólo apunta que será el que determine «el titular del departamento».

Además de los nueve asesores por ministro (el actual Gobierno tiene 22, cuatro de ellos además con rango de vicepresidente), los gabinetes de los demás titulares de departamentos ministeriales estarán formados por hasta un máximo de cinco asesores. Por su parte, los secretarios de Estado podrán disponer de un máximo de tres. Todos ellos tendrán rango de subdirector general.

La cualificación, por tanto, no es un criterio que pueda ser fiscalizado, según el Gobierno, para determinar el nombramiento de estos empleados, pese al desembolso que representan para las arcas públicas.

Que la formación se adecúe al puesto en cuestión no es un requisito ni siquiera para los altos cargos de la estructura de Gobierno.

Los cv de altos cargos 

Así, según reveló OKDIARIO, buena parte de los cargos nombrados ‘a dedo’ en los distintos ministerios no cuentan con formación para su puesto y trabajo desempeñado. Cargos que, en muchos casos, superan con creces los 100.000 euros de remuneración anual.

Así, por ejemplo, Sergio Antonio García Torres, el director general de Derechos de los Animales -departamento de nueva creación bajo el paraguas de Podemos- realizó estudios en Artes Aplicadas a la Escultura. El Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, Ernesto José Gasco, presenta un currículum vinculado a la política y es licenciado en Geografía e Historia. Entre otros cargos, fue ex teniente de alcalde del PSOE en San Sebastián o viceconsejero de Transportes del Gobierno vasco.

Otro de los nombramientos más controvertidos es el de Gabriel Castañares como responsable de Políticas Palanca para el Cumplimiento de la Agenda 2030. Por parte de la oposición, se ha destacado su empleo como cartero. Además, es licenciado en Ciencias Ambientales y experto en transporte terrestre. Hasta su llegada al cargo, era jefe de gestión y eficiencia energética en Renfe.

También comentado es el caso de Irene Lozano. Antigua Secretaria de Estado de España Global, Sánchez la ha recolocado como presidenta del Consejo Superior de Deportes. Lozano es licenciada en Lingüística y diplomada en Filosofía. Para vincularla a sus nuevas responsabilidades, en su perfil oficial destaca que «una de políticas que impulsó desde su cargo ha sido la de Diplomacia Deportiva, desarrollada con el Consejo Superior de Deportes y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), entre otros organismos». Además, ha ejercido como diputada, profesora de ética profesional, escritora y periodista.

El subsecretario de Derechos Sociales y Agenda 2030 es licenciado en Derecho, pero su especialidad es la dirección de proyectos informáticos. Y la directora del Instituto de la Juventud -designado por Podemos- es María Teresa Pérez, una periodista de 26 años que se convirtió en una de las diputadas más jóvenes del partido de Pablo Iglesias. Ha trabajado para las agencias Efe y Europa Press, y también como reportera en los programas de Iglesias, ‘Otra vuelta de Tuerja’ y ‘Fort Apache’.

El Gobierno eximió del requisito de ser funcionario a un total de 23 directores generales. La ley lo permite, pero siempre y cuando se justifique por «las características específicas de las funciones». Es decir, bajo motivación y en casos excepcionales.