El Gobierno no se esconde: los indultos «han mejorado la relación entre el Gobierno y la Generalitat»

La subsecretaria de Estado de Justicia, Ana Sánchez, ha admitido este miércoles en el Congreso de los Diputados que los indultos a los condenados por el procés han tenido un fin partidista, asegurando que es una medida «que ha mejorado claramente las relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat y ha normalizado las relaciones institucionales».

Así lo ha confesado Sánchez en su primera intervención parlamentaria, en la Comisión de Justicia del Congreso.

«El Gobierno confiesa que los indultos a los independentistas lo fueron por conveniencia política y no por razones de utilidad pública. Admiten que se trata de una medida instrumentalizada por el presidente del Gobierno para mantenerse en el poder. Nada más. Ya ni se esconden», ha escrito el diputado del PP Miquel Jerez en sus redes sociales.

La alto cargo de Justicia ha reconocido que los indultos a los dirigentes separatistas condenados por el referéndum ilegal «es una medida que ha supuesto una mejora de la situación sociopolítica en Cataluña, ha mejorado claramente las relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat y ha normalizado las relaciones institucionales».

Tras la comparecencia, desde el PP se ha señalado que «el Ejecutivo admite que los indultos se concedieron por conveniencia política del Gobierno de España y no por razones de utilidad pública».

«Se trató de una medida instrumentalizada por el presidente del Gobierno para mantenerse en el poder; nada más», ha aseverado el diputado popular, concluyendo que «ese cambalache entre los independentistas y el Gobierno ha acabado siendo un autoindulto de Sánchez».

El indulto a los presos del procés ha convertido a los partidos separatistas en socios preferentes para Pedro Sánchez, en los que se apoya para sacar adelante algunas votaciones cruciales para mantenerse en La Moncloa, como los Presupuestos Generales del Estado.

El presidente socialista trató de justificar en su día esa medida por razones de «utilidad pública», concretamente, «la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia en el seno de la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española», despreciando así por completo la sentencia del Tribunal Supremo.