Sánchez impulsa un ejército de funcionarios para tomar el control de las redes en «procesos electorales»

El Gobierno de Sánchez prepara la ley que le permitirá controlar las redes sociales amparándose en la supuesta defensa de la «libertad de expresión». El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la ley de servicios digitales y medios de comunicación, que el Ejecutivo justifica como la adaptación de dos reglamentos comunitarios, el 2022/2065 (Reglamento Europeo de servicios digitales) y el 2024/1083 (Reglamento Europeo sobre la libertad de los medios de comunicación). La norma nombra a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como órgano supervisor de las redes sociales y otras plataformas, y le atribuye una notable capacidad inspectora.

El Gobierno ya reflejó esas atribuciones en el fallido decreto ómnibus, que decayó con el voto en contra del Partido Popular, Vox y Junts. Ese texto, como reveló OKDIARIO, incluía –entre otros asuntos como la revalorización de las pensiones o la paralización de los desahucios de okupas– un mayor control de las redes sociales. La versión finalmente aprobada del decreto, pactada por el PSOE con el partido de Carles Puigdemont, no recogía esas medidas.

La intención del Ejecutivo es que los funcionarios de la CNMC puedan desplegar una batería de actuaciones para instar a las plataformas y redes sociales a cumplir con las «obligaciones» establecidas en los reglamentos comunitarios. Estos reglamentos, cabe destacar, son de aplicación directa por los Estados miembros, sin necesidad de aprobar ninguna ley. Sin embargo, el Gobierno se ampara en ellos en el despliegue del autodenominado Plan de Acción por la Democracia con el que pretende amordazar a los medios críticos.

Así, el Gobierno atribuye a la CNMC una gran «competencia inspectora», de forma que «podrá realizar todas las inspecciones necesarias en las instalaciones del prestador de servicios intermediarios de que se trate». Esas actuaciones incluyen: «Entrar en los locales, terrenos y medios de transporte del prestador de la plataforma en línea de muy gran tamaño o del motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño (…)», «examinar los libros y otros documentos relacionados con la prestación del servicio de que se trate, independientemente del medio utilizado para almacenarlos», «exigir al prestador de la plataforma en línea de muy gran tamaño o del motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño o a cualquier otra persona afectada que facilite acceso a su organización, funcionamiento, sistema informático, algoritmos, gestión de datos y conducta empresarial, y proporcione explicaciones al respecto, y que registre o documente las explicaciones proporcionadas» (…) o «precintar todos los locales utilizados con fines relacionados con la actividad comercial, negocio, oficio o profesión del prestador de la plataforma en línea de muy gran tamaño o del motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño».

Entre las plataformas en línea de muy gran tamaño se incluye, por ejemplo, a redes sociales tan populares como Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, Twitter, Wikipedia o YouTube. Mientras que entre los motores de búsqueda figura Google.

Lucha contra los algoritmos

La obsesión de Pedro Sánchez por obligar a estas plataformas a revelar su algoritmo –los criterios que utilizan para posicionar y difundir contenidos– es evidente. El presidente socialista ha lanzado una ofensiva contra lo que llama «tecnobillonarios» que, considera, «envenenan» la convivencia, y ha puesto en su punto de mira a Elon Musk, propietario y CEO de la red social X (antes Twitter).

Recientemente, en su intervención en el encuentro del Foro Económico Mundial en Davos, Sánchez afirmó que planteará en el Consejo Europeo acabar con el «anonimato en las redes sociales» y hacer que magnates como Musk  –al que no se refirió expresamente– sean «responsables» judicialmente de lo que pasa en sus redes».

Según Sánchez, la «desinformación», las fake news y los algoritmos han sido diseñados para ocultar ciertos puntos de vista políticos y fomentar otros, y han convertido en un «campo de batalla amañado lleno de manipulación, censura y falsedad lo que se suponía que era un espacio para el debate constructivo y el libre intercambio de ideas», como las redes sociales.

«Procesos electorales»

El reglamento europeo establece obligaciones para estas plataformas, que ahora el Gobierno pretende amoldar a su gusto. Así, se les obliga a controlar contenidos que puedan ser considerados como «incitación al odio» o aquéllos que puedan afectar a «derechos fundamentales (…), entre ellos, la dignidad humana, la libertad de expresión y de información, incluidos la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo» (…) También se advierte sobre los riesgos de determinados contenidos «sobre los procesos democráticos, el discurso cívico y los procesos electorales, así como sobre la seguridad pública».

En definitiva, un amplio abanico que el Ejecutivo de Pedro Sánchez engloba en lo que denomina «mejora de la gobernanza democrática».