El Gobierno impide a las residencias informar de los muertos antes del 8-M
El Gobierno sólo reclama la información sobre fallecidos en las residencias de ancianos, uno de los puntos más críticos de la pandemia del coronavirus, desde el pasado 8 de marzo. Ese día, el Ejecutivo de Sánchez autorizó y azuzó en toda España las manifestaciones ideológicas del Día de la Mujer.
El formulario que el Ministerio de Sanidad trasladó a las comunidades autónomas para conocer la situación de los centros de mayores impide componer una imagen real de la pandemia, ya que fija el límite temporal en el 8 de marzo. Desde mediados de febrero, sin embargo, los empleados de los servicios funerarios venían ya observando un incremento de las neumonías de origen desconocido, según explicaron a OKDIARIO.
Sanidad emitió una orden el pasado 3 de abril con medidas «para atender necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria» provocada por el coronavirus. En la misma, se instaba a las comunidades autónomas a remitir al Ministerio de Sanidad los datos sobre las residencias de ancianos. La fecha límite para enviar la información era el 8 de abril. Sin embargo, el ministro Salvador Illa admitió este mismo lunes que esos datos no están disponibles y se comprometió a publicarlos «en cuanto los tengamos recogidos y analizados».
En el anexo de dicha instrucción se recogía el formulario que las comunidades autónomas deben remitir, en base a la información facilitada por los centros.
Entre esos datos está «el número total de fallecimientos en centros de servicios sociales de carácter residencial», así como «el número total de fallecimientos por Covid-19 confirmados» y el «número total de fallecimientos con sintomatología compatible» con el coronavirus, pero «no confirmados». Todo ello, con un límite: a partir del 8 de marzo.
Asimismo, las comunidades debían informar de los residentes «sin síntomas» pero «en aislamiento» y «con síntomas compatibles» con la enfermedad, además de los casos confirmados, desde el 24 de marzo.
Pese a que las residencias son un foco crítico indudable del coronavirus, Sanidad no dispone de una actualización diaria de la situación en estos centros. La instrucción únicamente obliga a las comunidades a notificarle los casos dos veces por semana, los martes y los viernes.
10.000 muertos
Resultará imposible conocer cuántas vidas se ha cobrado el coronavirus en las residencias de ancianos. Según los datos facilitados por las comunidades autónomas, los fallecidos, tanto por la enfermedad confirmada o con síntomas compatibles, superarían los 10.000. Es decir, más de la mitad de los notificados por el Ministerio de Sanidad.
La Comunidad de Madrid, por ejemplo, informó de 4.750 fallecimientos desde el 8 de marzo, de los cuales 781 dieron positivo en coronavirus y otros 3.479 presentaron sintomatología compatible. Esto supone que la mayoría de esos decesos no formen parte de las estadísticas de Sanidad, ya que únicamente se recogen los casos confirmados.
La falta de pruebas diagnósticas es un handicap importante para determinar la magnitud de la pandemia. El Ministerio de Sanidad ha comenzado a distribuir miles de test rápidos entre las distintas autonomías que irán destinados, de forma prioritaria, a residencias y centros sociosanitarios. Sin embargo, el criterio para computar como víctima sigue intacto y las autopsias son limitadas. Tampoco se realizan pruebas una vez fallecido.
El propio Illa admitió este lunes que el Gobierno no sabe cuántas personas han muerto en las residencias de mayores. También se desconoce cuántos test se están haciendo en estos lugares, ni los resultados. Sanidad explica que se han entregado dos millones de test rápidos a las distintas regiones, que son las encargadas de realizar las pruebas.
La Unión Europea, por su parte, ha admitido que la epidemia sería más dramática porque las cifras de muertos están limitadas por las deficiencias de los recuentos.
El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), la agencia de salud pública europea que asesora a los países miembros, avisa en uno de sus últimos informes que: «Pese a que el seguimiento del desenlace fatal entre los casos hospitalizados confirmados de Covid-19 sigue siendo importante y relativamente factible, puede que no refleje la verdadera magnitud» de la crisis.