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El Gobierno despeja el camino para hacerse con el Constitucional bajo amenazas penales a los jueces

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Mediante amenaza de incurrir en responsabilidades penales. Concretamente en la comisión de los delitos de desobediencia o prevaricación omisiva. Así es como Pedro Sánchez y su Gobierno de coalición quieren obligar a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a renovar el Tribunal Constitucional en un tiempo récord: en enero. Además, para evitar escollos que puedan poner en cuestión la idoneidad de sus designados -en este caso el ex ministro Juan Carlos Campo y la ex asesora del Gobierno Laura Díez Bueso- con la nueva modificación del Código Penal, que PSOE y Podemos presentarán este viernes, retirarán también la verificación obligatoria que los magistrados del Constitucional tenían que hacer hasta ahora de los candidatos para valorar los perfiles.

En concreto en el texto normativo se incluirá una cláusula final que recordará a los magistrados del CGPJ que, en caso de incumplimiento de los nuevos plazos de renovación que ahora se estipulan -que no llegan a las dos semanas, entre la designación, la convocatoria del pleno y la elección-, se incurrirá en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal». Así pues, tanto el presidente del Consejo General del Poder Judicial como los vocales que forman parte de él que impidan a Sánchez ejecutar el asalto al Tribunal Constitucional, podrán ser considerados autores de dos delitos a partir de que entre en vigor la reforma.

Con este movimiento, y las nuevas advertencias a modo de amenaza, el Gobierno intenta poner palos en las ruedas al sector del CGPJ afín al centroderecha a la hora de proponer a sus candidatos, pues al manejar el sector de izquierdas los nuevos plazos exprés que se recogerán en la norma, una vez se añadan ambas enmiendas, los jueces afines al Ejecutivo dejan en clara desventaja a sus compañeros de cara a la elección de los dos vocales que acompañarán a Campo y Díez Bueso en la renovación que se hará efectiva en cuestión de semanas.

De cara a un futuro, y para no depender de otras instituciones, Moncloa ha modificado también la ley mediante una enmienda conjunta del PSOE y Podemos para que transcurridos nueve años -que es el mandato natural- y tres meses -de margen- de los magistrados una de las partes pueda designar a sus candidatos sin tener que esperar a hacerlo conjuntamente con otro de los poderes del Estado que también elige a los miembros del Tribunal Constitucional. Así, hoy ya, Campo y Díez Bueso serían vocales del TC sin haber valorado sus perfiles. Algo que politizará aún más el sistema judicial español.

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