El Gobierno dejó de consultar al Consejo de Estado tras la sentencia del Supremo contra Valerio

El Gobierno de Pedro Sánchez dejó de consultar al Consejo de Estado tras la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el nombramiento de la ex ministra socialista Magdalena Valerio como presidenta de este órgano consultivo. Fuentes internas del Consejo de Estado aseguran que las peticiones de dictámenes decayeron de forma drástica desde que se conoció el fallo del Alto Tribunal el pasado 30 de noviembre. Todas las secciones que componen la institución, excepto la quinta de Hacienda, han tenido actividad nula durante los últimos meses al no recibir peticiones de consulta por parte del Ejecutivo, según las mencionadas fuentes.

El varapalo de la sentencia del Supremo contra Magdalena Valerio cayó como un jarro de agua fría en el Consejo de Estado. La que fuera ministra de Justicia con el PSOE aterrizó en la Presidencia de esta institución para darle el relevo a María Teresa Fernández de la Vega, que decidió abandonar la cúspide de la institución para ser consejera permanente antes de que las elecciones del pasado 23J pudieran provocar un cambio de Gobierno y su cargo corriera peligro.

La llegada de Valerio provocó revuelo entre los consejeros y letrados del supremo órgano consultivo que consideraban que su experiencia no la acreditaba como jurista de reconocido prestigio, uno de los requisitos legales para ocupar la Presidencia del Consejo de Estado. Sin embargo, su humildad y simpatía le hizo ser muy querida dentro de la institución, según fuentes consultadas por OKDIARIO. Pero esto no fue suficiente y la Fundación Hay Derecho decidió impugnar su nombramiento.

Los magistrados del Tribunal Supremo reconocieron la legitimidad activa de la Fundación para impugnar el nombramiento y anularon la designación del Consejo de Ministros, obligando al Ejecutivo a retirar a Valerio del cargo en un plazo de dos meses. Valerio se resistió y presentó dos incidentes de nulidad en el Alto Tribunal: el primero a través de la Abogacía del Estado y el segundo a título propio. Ambos fueron tumbados por el Supremo, que obligó a retirar a Magdalena del cargo en cumplimiento de la sentencia. La institución ha quedado paralizada en medio de este embrollo judicial, en el que la presidencia del supremo órgano consultivo ha estado en el aire.

Secciones del Consejo

El Consejo de Estado se organiza en nueve secciones presididas cada una por un consejero permanente y un letrado mayor. La sección primera despacha los asuntos procedentes de la Presidencia del Gobierno, mientras que el resto de las secciones se encargan de los diferentes ministerios que componen el Ejecutivo. Tras el despacho de los dictámenes se debaten en la reunión semanal de la Comisión Permanente o, en su caso, en el Pleno que se celebra cada mes.

Sin embargo, la petición de consultas al Consejo de Estado cesó y el despacho de dictámenes ha echado el freno en los últimos tres meses, desde que se anulara el nombramiento de Magdalena Valerio. Tan sólo la Sección Quinta, que despacha los asuntos procedentes del Ministerio de Hacienda y está presidida por Alberto Azas, ha tenido algo de actividad, aunque ha sido mínima.

Dictámenes en 2022

A pesar de que el Gobierno ha dejado de consultar al Consejo de Estado después de conocer el fallo del Supremo, desde que Magdalena Valerio llegará a presidir este órgano se han despachado más de 1.900 dictámenes. Estos datos han quedado reflejados en la memoria 2022: evidencian que durante este año se recibieron 2.118 consultas, de las cuales 1.929 fueron objeto de dictamen de fondo. El 98,12% de los dictámenes emitidos han sido tomados en consideración, al menos en sus aspectos esenciales.

Este documento también evidencia que 122 de las consultas fueron solicitadas con carácter de urgencia, algo que afean los juristas del Consejo de Estado que deben despachar los dictámenes en un plazo inferior a 15 días. La consejera permanente y presidenta de la Sección Tercera, Paz Andrés, señaló durante la presentación de la memoria 2022 «los inconvenientes de un recurso excesivo a la urgencia», e insistió en «la necesidad de que la urgencia se base en razones objetivas y justificadas».

Según fuentes consultadas, el número de dictámenes despachados el pasado año 2023 y este inicio de 2024 descenderá, puesto que el número de consultas por parte del Ejecutivo ha bajado. El Gobierno dejó de consultar al Consejo de Estado tras conocer que los magistrados del Supremo anularon el nombramiento de Magdalena Valerio.