El Gobierno culpa a los médicos del triaje: dice que sus protocolos de selección eran sólo «orientativos»

El Gobierno intenta marcar distancias ante las previsibles demandas por la priorización de los pacientes en hospitales durante los momentos más críticos de la pandemia de coronavirus, debido a la escasez de recursos disponibles. Pese a que los protocolos emitidos por el Ministerio de Sanidad daban respaldo al conocido como triaje, el Ejecutivo resuelve ahora que esas indicaciones oficiales eran sólo «orientativas», dejando así a su suerte a los profesionales que las aplicaron.

Durante semanas, ante la avalancha de pacientes y la saturación hospitalaria, los sanitarios se vieron obligados a aplicar determinados criterios a los pacientes en función de sus posibilidades de supervivencia. La carencia de recursos para la atención de los enfermos obedeció fundamentalmente a la imprevisión del Gobierno en el suministro, pese a los reiterados avisos que los organismos internacionales habían vertido sobre la gravedad de la pandemia y su impacto en el sistema sanitario. Ahora, los profesionales se enfrentan a posibles investigaciones por sus actuaciones en estas situaciones límite.

El Ejecutivo, en cambio, descarga toda la responsabilidad en el triaje y, en una respuesta por escrito en el Congreso, señala que la aplicación de los criterios de selección «depende de cada situación concreta, cada circunstancia concreta y cada profesional concreto».

El informe de Sanidad

El pasado abril, el Ministerio de Sanidad publicó una guía- Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2- en la que establecía los criterios sobre «prioridades en la admisión y tratamiento de pacientes y sospechosos» del coronavirus, con un punto prioritario: las «expectativas objetivas de recuperación» del paciente.

El documento en cuestión establece los criterios recomendados para aplicar el triaje ante la «escasez de recursos, temporal o duradera», entre los que, según Sanidad, se tendrá en consideración la «gravedad del estado de enfermedad del paciente que evidencie la necesidad de cuidados intensivos», la concurrencia o no de patologías graves «que evidencien un pronóstico fatal» y, en último término, «el orden temporal» de ingreso en el centro.

El Ministerio destacaba en la guía que la pandemia «de magnitud todavía incalculable, dada la fácil y rápida expansión que está alcanzando, está poniendo a prueba los sistemas sanitarios de todos los países y plantea numerosos problemas éticos de extrema complejidad, a los que en no pocos casos no se les pueden dar respuestas determinantes y definitivas».

En este escenario, advertía que «los intereses generales de la salud pública y en general del bien común pueden enfrentarse a los intereses particulares y requerir restricciones de los derechos individuales en favor de los primeros, incluso aunque dichas restricciones puedan afectar con diversa intensidad a sus derechos fundamentales y libertades públicas».

«Por eso, en los casos concretos, se hace necesario priorizar», resolvía el departamento de Salvador Illa.

En su respuesta parlamentaria, el Gobierno señala que el documento en cuestión «es una herramienta elaborada como ayuda a los profesionales para tomar decisiones en momentos delicado». Y añade que «se trata de un instrumento operativo que tiene un carácter orientativo, no prescriptivo». «Está dirigido al ejercicio profesional en situaciones concretas de excepcionalidad y pretende poder servir de ayuda a los profesionales en esas circunstancias clínicas concretas», prosigue el Ejecutivo, tratando así de eludir responsabilidades ante posibles demandas por la aplicación de criterios de admisión de pacientes críticos, esquivando que esa selección obedeció a la falta de recursos.

Pregunta de Vox

«¿Busca el Gobierno, con este informe, descargar su responsabilidad por la muerte de miles de personas en el personal facultativo y sanitario, que lleva desde el inicio del brote sufriendo las consecuencias de la inoperancia y falta de previsión del Ejecutivo?», planteaba en su pregunta el Grupo Parlamentario Vox. 

El partido de Santiago Abascal considera «de justicia puntualizar que el Gobierno se ha limitado a poner a disposición (de los profesionales facultativos) unos criterios hermenéuticos, pero no les ha facilitado la equipación necesaria para evitar contagios y garantizar tratamientos, ni ha arbitrado un sistema de mejora salarial que incentive el ingente esfuerzo que realizan los profesionales del sector sanitario, ni ha desarrollado de manera efectiva y accesible a todos unas vías de apoyo psicológico que les ayuden a manejar la enorme tensión a la que se enfrentan».

«Tensión que se eleva, sin duda, por el hecho de saber que, según el informe del Ministerio, y a pesar de que la insuficiencia de recursos no sea atribuible a los facultativos, la responsabilidad de las decisiones del triaje que tomen será suya», reprocha la formación.

El partido destaca asimismo que «en varias localidades de España -aquellas que presentan una mayor saturación hospitalaria causada por la actual pandemia- el personal facultativo está recurriendo desde hace semanas a la aplicación de estos o de similares criterios de priorización». En este contexto, señalaban por ejemplo que «se ha hecho público que en Cataluña no se está administrando, como regla general, ventilación mecánica invasiva a pacientes mayores de 80 años infectados de coronavirus».