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El Gobierno admite que paralizó las obras en el Poyo pese al «riesgo muy elevado» de los barrancos

El Ejecutivo licita un contrato "de urgencia" contra inundaciones en las zonas afectadas por la DANA

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Luz Sela

El Gobierno ha sacado a licitación, por la vía de urgencia, la redacción de 10 proyectos para reducir el riesgo de inundación en las «zonas golpeadas por la DANA», por un importe de 3,8 millones. Entre ellas, destacan las obras en la rambla del Poyo, epicentro de la tragedia que se cobró la vida de 229 personas en Valencia, el 29 de octubre de 2024.

En los pliegos incluidos en el expediente, se admite el errático recorrido burocrático de los distintos proyectos que, durante años, se planearon en la zona, algunos de ellos paralizados.

Así, se reconoce que, en relación a «la solución de desvío de la rambla del Poyo al nuevo cauce del Turia, la Confederación Hidrográfica del Júcar adjudicó, en octubre de 2021, la redacción del proyecto de Vía Verde de Conexión del Barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia» pero «dado el difícil encaje de la solución planteada en el proyecto con la Ley de Protección de la Huerta de la Generalitat Valenciana, la Confederación Hidrográfica del Júcar planteó una modificación del Proyecto Adecuación ambiental del barranco del Poyo entre el cruce de la A-7 y el barranco del Cavalls, con una alternativa en la zona denominada Pla de Quart, que aporta una adecuada restauración medioambiental y minimiza el riesgo de inundación, aunque únicamente para caudales de periodos de retorno bajos». 

En 2021, el Ministerio para la Transición Ecológica -entonces dirigido por Teresa Ribera- frenó un plan para drenar y encauzar el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento devastó decenas de municipios valencianos. El proyecto, diseñado en 2006 y calificado como prioritario por la Confederación Hidrográfica del Júcar en 2009, llevaba 15 años relegado por sucesivos gobiernos antes de su cancelación definitiva.

Transición Ecológica determinó en 2021 que las obras eran «incompatibles» con la Ley de Protección de la Huerta valenciana aprobada por el gobierno autonómico de Ximo Puig (PSOE) en 2018. El ministerio propuso buscar «soluciones menos agresivas con el medioambiente» y concluyó que el proyecto era «demasiado caro para el beneficio obtenido».

«Riesgo muy elevado»

«La implementación de las medidas necesarias para reducir el riesgo de inundación en estos barrancos lleva recorrido un largo proceso administrativo», reconoce ahora el Ejecutivo, insistiendo en que «las cuencas hidrográficas de rápida respuesta suponen un riesgo de inundación muy elevado para la población que habita o desarrolla actividades en ellas».  «Esto se ha puesto de manifiesto en el evento de inundación de octubre de 2024», completa. Entre los trabajos proyectados, se plantea «mejorar la cubierta vegetal, eliminada o gravemente alterada por las actividades económicas que se han producido sobre el territorio».

El Gobierno asume la «peligrosidad actual» de la zona «y su previsible incremento debido al cambio climático». Además, se proponen «actuaciones de divulgación para un incremento de la conciencia de la sociedad en materia de gestión del riesgo de inundación».

«El éxito de muchas de las medidas propuestas para mejorar las distintas variables que intervienen en el riesgo de inundación pasa por una adecuada divulgación del fenómeno de las inundaciones en general, y del diagnóstico y las actuaciones realizados sobre los problemas de inundación a nivel local», se concluye en los pliegos del contrato.

«Para ello una de las herramientas más eficaces es formar/informar a gestores y líderes locales, personal de las Administraciones, población civil e informadores (medios de comunicación) y diseñar conjuntamente estrategias de comunicación que, por un lado, faciliten la transmisión de mensajes clave y, por otro, aseguren que estos responden a la realidad del fenómeno, todo ello a través de un Plan de comunicación».

Ello, a pesar de que ha quedado confirmada la falta de previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no informó de la crecida del barranco del Poyo en las horas más críticas.

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