El Gobierno adalid de los pensionistas impide a los jubilados protestar frente al Congreso

El Gobierno de Pedro Sánchez, autoproclamado como adalid de los pensionistas, ha impedido a los jubilados protestar frente al Congreso de los Diputados. El Ejecutivo socialista, a través de su Delegación en Madrid, ha negado este derecho constitucional a los mayores pese a que han estado yendo frente a la Cámara Baja para exponer sus reivindicaciones durante años.

La situación ha provocado incluso la protesta de socios habituales del Gobierno como Podemos. Martina Velarde, diputada del partido fundado por Pablo Iglesias, que ha afeado que la que la Delegación del Gobierno haya «dejado de autorizar las concentraciones de los pensionistas frente al Congreso de los Diputados».

Además, la formación que hasta hace tres años compartía el Ejecutivo con el PSOE ha interrogado a la administración central sobre las «medidas previstas para garantizar que puedan ejercer su derecho constitucional a manifestarse sin restricciones».

Concretamente, estas críticas se dirigen a la Delegación de Gobierno en Madrid, encabezada por el socialista Francisco Martín. Velarde ha presentado una pregunta para respuesta por escrito del Ejecutivo en la que cuestiona al mismo sobre la «razón» para dejar de «de autorizar las concentraciones frente al Congreso de los pensionistas cuando han estado años concentrándose allí sin ningún problema».

Jubilados no, otros colectivos sí

Sin embargo, desde la formación morada, ahora crítica con el Gobierno, lamentan que la Delegación de Gobierno sí que «permite a otros colectivos manifestarse frente al Congreso mientras a los pensionistas se les restringe, aleja y se les cerca con vallas».

Otra de las críticas de la diputada de Podemos es contra el Ministerio del Interior del juez de profesión Fernando Grande-Marlaska. Tal es así que llega a preguntar al Gobierno su opinión sobre «la actuación policial con la que les tratan y el uso de poder intimidatorio contra los pensionistas».

En ese mismo sentido, desde Podemos consideran que las sanciones a los participantes en estas manifestaciones han sido desproporcionadas cuando, según la representante morada, «siempre y en todas las ocasiones las manifestaciones han sido pacíficas y sin incidentes». Por eso, piden los detalles sobre las sanciones de los años 2024 y 2025.

Por todo ello, en definitiva, desde el partido de Pablo Iglesias tiran de las orejas al Gobierno del que, hasta hace menos de 3 años, formaron parte y piden medidas «para garantizar que los pensionistas puedan ejercer su derecho constitucional a manifestarse sin hostigamientos y sin restricciones».

Sánchez autoproclamado pro-pensiones

El Gobierno se autoproclamó como defensor de las pensiones en las últimas semanas cuando presentó en el Congreso una norma para incrementar las pensiones. Sin embargo, lo hizo a través de un decreto ómnibus, en el que introducía, además de la actualización de estas prestaciones, otras medidas  como las ayudas al transporte, pero también una serie de decisiones para favorecer a los inquiokupas.

PP, Vox y Junts se negaron a apoyar todo el paquete, pese a estar de acuerdo con la revalorización de las pensiones, y lamentaron que era un «chantaje» del Gobierno para obligarles a apoyar otras medidas.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó al PP de «tomar como rehenes a los jubilados» al votar en contra del decreto ómnibus. «Pero os puedo asegurar una cosa, frente a quienes bloquean los avances, vamos a pelear por que las pensiones sigan subiendo y proteger así la dignidad de nuestros mayores», indicó el líder socialista a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

No obstante, en esas imágenes, pasó por alto que el partido de Alberto Núñez Feijóo no se había negado a apoyar la revalorización de las pensiones, ya que posteriormente apoyaron el decreto cuando se votó la subida por separado. Lo que los populares habían pedido había sido no incluirlo en un totum revolutum para evitar dar su apoyo a las medidas que beneficiaban a los inquiokupas.