El Gobierno tras los 121 correos y el informe de Hacienda que incriminan a Begoña Gómez: «No hay nada»

El Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en que «no hay nada» sobre la causa de Begoña Gómez, a pesar del informe demoledor de Hacienda y los 121 correos analizados por la Unidad Central Operativa (UCO). La inspección de la Intervención General del Estado señalaba las «irregularidades» en la adjudicación de contratos públicos adjudicados a Juan Carlos Barrabés, empresario gurú de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno. Por su parte, los mails analizados por la Benemérita fueron enviados en horario laboral por Cristina Álvarez, asesora contratada por el Gobierno de España, pero que trabajaba para la mujer de Sánchez.

«Lo que conocemos es lo que ya sabíamos, que aquí no hay nada». Así lo ha manifestado la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa.

La también ministra de Educación y Deportes se ha hecho eco de las reflexiones trasladadas por el Ministerio Público: «La Fiscalía traslada con claridad que no hay malversación de caudales públicos».

«Es importante que lo puedan comprobar», ha apostillado Alegría, en alusión a que «esos correos» que habían sido «trasladados con una cuenta de Gmail» de Cristina Álvarez. «No aparece el nombre del Gobierno o del presidente del gobierno», ha incidido, sin recordar que se enviaron en horario laboral. «Estamos donde estábamos» al principio de la instrucción, ha valorado la política socialista.

La posición del Ministerio Público, a ojos de Alegría, demuestra que «no hay irregularidad». La portavoz ha admitido que el escrito de la Intervención General de la Administración del Estado a la Fiscalía Europea «traslada irregularidades, pero no implica delito alguno».

«Ese tipo de observaciones se ciñen al procedimiento de contratación», ha espetado. Y ha subrayado que «lleva vigente desde el año 2011 con un mismo procedimiento, con el que se han resuelto miles de expedientes». Asimismo, ha puesto en valor que ha pasado por la auditoría «lógica» de la Intervención General de la Administración del Estado, del Tribunal de Cuentas y con otras 33 auditorías. «En ningún caso se ha observado anomalía», ha recalcado.

«Sabemos que la verdad pondrá las cosas en su sitio y se demostrará lo que ya sabíamos, que Begoña Gómez es inocente», ha expresado la dirigente del PSOE. A la vez, ha recalcado que las parejas de los presidentes del Gobierno «han tenido siempre» asistentes, pero que «sólo en este caso se conoce».

Informe por las adjudicaciones a Barrabés

Este sábado OKDIARIO reveló un demoledor informe de la Intervención General de la Administración del Estado, orgánicamente dentro del Ministerio de Hacienda, que señala las «irregularidades» en la adjudicación de contratos públicos de Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés, en cuyo procedimiento fue avalado por cartas de recomendación de la mujer del presidente.

Y es que el informe sobre la adjudicación señala que fue realizada con un criterio «arbitrario», fruto de una «actuación discriminatoria y contraria al principio de igualdad» para beneficiar a Barrabés –socio de Begoña Gómez– amañándole las puntuaciones «injusta e ilegalmente» para, «incumpliendo la ley», darle contratos públicos del Gobierno en detrimento de otros licitadores.

La investigación revela que Red.es aplicó cálculos irregulares que no cuadraban con lo establecido en origen. También dice que se apartó a una empresa sin justificación adecuada. Igualmente, se resalta que se puntuaron elementos que no estaban anunciados en las bases del concurso, como currículos de profesores y cartas de apoyo de empresas, lo que perjudicó a quienes no los incluyeron.

Además, se puso sobre la mesa un hallazgo preocupante: en uno de los documentos de valoración figura «una anotación de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo».

El otro informe de la UCO, fechado el 27 de septiembre de 2025, la Benemérita analizó 121 correos electrónicos que revelaban un entramado de gestiones realizadas en horario laboral por la asesora contratada por el Ministerio de la Presidencia. El objetivo de esas tareas realizadas por Álvarez habría sido, según se extrae de ese informe, el de beneficiar los intereses privados de la esposa de Pedro Sánchez.

Los agentes han identificado comunicaciones entre abril de 2021 y junio de 2024 que evidencian la actuación sistemática de Cristina Álvarez como enlace entre empresas multinacionales y la Cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, a pesar de no tener titulación universitaria oficial.