La empresa pública Red.es ordenó por escrito «bajar la puntuación» al rival del socio de Begoña, Carlos Barrabés
El informe pericial desvela irregularidades en contratos públicos adjudicados por Red.es a Barrabés

Un informe pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), remitido a la Fiscalía Europea y fechado el 2 de agosto de 2025, ha identificado múltiples irregularidades en tres contratos de formación adjudicados por Red.es entre 2020 y 2021. Las adjudicaciones, por un importe total de 8,4 millones de euros y financiadas parcialmente con fondos europeos, recayeron en empresas del Grupo Barrabés, empresa respaldada mediante cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez.
El informe, que desveló este sábado OKDIARIO, revela un hallazgo preocupante: en uno de los documentos de valoración figura «una anotación de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo».
El documento, elaborado por un interventor del Estado a petición de la Fiscalía Europea, analiza los procedimientos de «Formación de empleo juvenil para la economía digital»y «Servicio de formación para personas desempleadas». Se trata de un informe que ha llegado a la Audiencia Nacional pero que no está judicializado por ahora. La Fiscalía Europea si ve hechos delictivos tendría que llevar el caso a juicio, previsiblemente en la Audiencia Nacional al ser, llegado el caso, un gran fraude de fondos comunitarios.
Durante los trabajos periciales se detectó que determinados documentos remitidos a la Fiscalía Europea fueron aparentemente modificados en fechas recientes. La Unidad de Ciberdelincuencia de la UCO de la Guardia Civil realizó verificaciones adicionales. No obstante, concluyen que, aunque los documentos recibidos «no son técnicamente los mismos» que los originales, no existe evidencia de modificaciones que hayan afectado al contenido.
Los metadatos de varios documentos de valoración fueron borrados. Otros aparecen modificados en fechas posteriores a la emisión de los informes técnicos y a las reuniones de la Mesa de Contratación donde se valoraron las ofertas.
Fórmulas erróneas
El análisis pericial identifica como irregularidad clave el uso de fórmulas matemáticas que distorsionaron la puntuación real. La fórmula aplicada para valorar el precio incluía un mínimo constante de 5 puntos que otorgaba automáticamente a todas las ofertas, independientemente de su precio. Esto reducía a la mitad el recorrido posible de la puntuación económica.
«La fórmula utilizada por Red.es amortigua de manera muy importante las diferencias de puntuación derivadas de las diferencias en los precios ofertados, beneficiando a las ofertas más caras», señala el informe. Esta mecánica «desincentiva» a los licitadores a presentar ofertas competitivas.
Aunque los pliegos establecían nominalmente un 60% de peso para criterios económicos frente al 40% técnico, la distribución real era inversa: 42,86% económico y 57,14% técnico. «Los Pliegos, en vez de dar certidumbre al proceso, han transmitido información errónea a los licitadores», concluye el perito.
«Irregularidades»
La valoración técnica fue realizada por la Mesa de Contratación a favor de Barrabés cuando legalmente debería haber correspondido a un Comité de Expertos de tres miembros no adscritos al órgano proponente del contrato. El informe considera que esta atribución irregular «podría constituir un fraude de Ley».
El director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto, firmó los informes de valoración técnica utilizando como referencia constante las ofertas de la UTE adjudicataria. El documento describe esta práctica como «no usual» y «no razonable»: «Estas referencias se repiten en numerosas ocasiones en cada uno de los informes enfatizando la alta calidad de las ofertas de la UTE Innova Next SLU y The Valley Digital Business School».
La valoración se realizó mediante plantillas que no figuraban en los pliegos públicos, vulnerando el principio de transparencia. Red.es informó que «la operativa de la entidad no contempla la designación expresa de los técnicos que valoran las ofertas», omisión que el perito considera que «aumenta el riesgo de que las valoraciones no sean ecuánimes».
El informe documenta que se valoraron positivamente elementos no contemplados en los pliegos. Entre ellos, los currículos de profesores y las denominadas «cartas de apoyo» de grandes empresas.
Estas cartas eran meras «declaraciones de intenciones que no obligan a nada», según el perito, pero fueron consideradas «acuerdos» en la valoración técnica. Una de las cartas de una gran tecnológica incluía un pie de página aclarando que «no constituye oferta, promesa u opinión vinculante».
«Valorar elementos que no figuran en los Pliegos es arbitrario y excede la capacidad de decisión discrecional del valorador, constituyendo una actuación discriminatoria y contraria al principio de igualdad que adultera la valoración técnica», sentencia el informe.
Exclusión irregular
El documento detalla la exclusión irregular de una unión temporal de empresas por una oferta desproporcionadamente baja. Aunque la empresa presentó justificación en plazo, Red.es informó inicialmente que no había recibido documentación debido a una «incidencia informática».
La exclusión se formalizó prescindiendo de las normas de formación de voluntad de los órganos colegiados. El perito considera que el acto «podría estar incurso en causa de nulidad de pleno derecho». La motivación ofrecida es calificada como «inadecuada e insuficiente».
Este informe pericial, que lleva el membrete del Ministerio de Hacienda por la adscripción orgánica de la IGAE, constituye un nuevo elemento probatorio en la investigación de la Fiscalía Europea sobre el uso de fondos comunitarios en contratos que acabaron en el socio de Begoña Gómez. Las conclusiones apuntan a un entramado de irregularidades que, según el perito, beneficiaron «injusta e ilegalmente» a determinados licitadores en detrimento de otros, comprometiendo la eficiente utilización de recursos públicos europeos en un ejercicio de opacidad que contrasta con los principios de transparencia y concurrencia que deben regir la contratación pública.