La empresa pública que contrató a Barrabés amplía sus servicios jurídicos en pleno ‘caso Begoña Gómez’

Red.es, la empresa pública que contrató a Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez, reforzará sus servicios jurídicos justificando que hay un «elevado volumen de trabajo». Todo ello coincidiendo con una significativa revelación para la instrucción judicial del caso Begoña: se ha destapado que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) detectó que había un patrón de irregularidades en la contratación del empresario afín a la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de la entidad estatal.

Juan Carlos Barrabés es el ideólogo y gurú de la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que codirigía Begoña Gómez. Desde hace más de un año, el juez Juan Carlos Peinado investiga la contratación del empresario después de que la esposa de Sánchez remitiera unas cartas de recomendación a favor de la adjudicación de contratos públicos a la empresa Innova Next SLU y a la unión temporal de empresas (UTE) de la que formaba parte su socio. En total, Barrabés recibió 10 millones de euros de esta empresa por varias contrataciones.

Hace escasas semanas, la IGAE mandó al magistrado instructor de la causa un informe técnico sobre las contrataciones. La entidad detectó un patrón de irregularidades que sugiere favoritismo hacia la empresa Innova Next en seis contratos públicos por valor de varios millones de euros. En alguno de ellos, Barrabés recibió las cartas de recomendación de Begoña Gómez. Además de contratos de Red.es, la IGAE analizó otras adjudicaciones por parte del Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid entre 2016 y 2022.

La Intervención General de la Administración del Estado dio cuenta de que las contrataciones se habían producido a través de procedimientos con «escasa concurrencia» de licitadores y sistemas de valoración con «deficiencias significativas».

Asesorar en «materia de contratación»

La Dirección General de la Entidad Pública Empresarial de Red.es ha licitado un contrato para reforzar sus servicios jurídicos apenas unos días antes de que se conociera este informe. Concretamente, se trata de un «servicio de soporte» para el área de asesoría jurídica de la entidad pública.

El contrato prevé un gasto de 75.647 euros por un año, aunque establece una posible prórroga de otro ejercicio más. Por tanto, el coste total para las arcas públicas podría elevarse hasta los 166.424 euros, impuestos incluidos.

Esta sección de la compañía se encarga del «asesoramiento a toda la entidad en materia de contratación pública, así como asesoramiento jurídico en general». Más concretamente, por sus manos pasa «la supervisión de todos los procedimientos de contratación, concesiones de ayudas y subvenciones».

La compañía de titularidad pública justifica que existe un «gran volumen de comunicados». «Debido al elevado volumen de trabajo que generan todas las actividades asociadas a esta área, se precisa la contratación de un servicio de soporte que preste su apoyo y colaboración en las tareas asociadas al desempeño de sus funciones», puede leerse en la memoria justificativa del contrato.

Las funciones que tendrá que llevar a cabo el equipo jurídico que trabaje como apoyo para el área dedicado a este fin en Red.es son, entre otras, las siguientes:

• Revisión y gestión de documentación administrativa en los diversos procedimientos de contratación incoados por la entidad.
• Envío de notificaciones en el marco de los procedimientos incoados por la entidad.
• Servicio de publicación web de diversos tipos de procedimientos y programas.
• Publicación de los diversos procedimientos de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público y la documentación oficial.
• Apoyo en la coordinación de convocatorias a actos relativos a distintos procedimientos de licitación.
• Coordinación de los diferentes buzones electrónicos desde los que la Entidad se comunica con usuarios, licitadores, etc.
• Cualquier otra tarea de carácter administrativo.