La Intervención del Estado apunta a trato de favor en los contratos a Barrabés que recomendó Begoña Gómez

La Intervención General de la Administración del Estado ha detectado un patrón de irregularidades que sugiere favoritismo hacia la empresa Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés, en seis contratos públicos por valor de varios millones de euros. El informe técnico, elaborado por encargo del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, revela deficiencias sistemáticas en los procesos de adjudicación que beneficiaron de manera recurrente a la misma compañía. Para alguno de esos encargos Barrabés trasladó cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez. Eso provocó la apertura del caso en el juzgado de Juan Carlos Peinado.

El documento, al que ha tenido acceso OKDIARIO, está fechado el 30 de mayo de 2025. Analiza contratos adjudicados por Red.es, el Consejo Superior de Deportes y el Ayuntamiento de Madrid entre 2016 y 2022. En todos los casos, Innova Next resultó adjudicataria pese a procedimientos con «escasa concurrencia» de licitadores y sistemas de valoración con «deficiencias significativas».

El expediente más revelador corresponde al Consejo Superior de Deportes (CSD), donde sólo se presentaron dos ofertas para un contrato de 4,9 millones de euros destinado al «diseño y operación del modelo de innovación y transformación digital en el ámbito del deporte». Se trata de un encargo al que se podrían presentar decenas de empresas en España dedicadas a la consultoría y a la digitalización. En ese caso, Innova Next venció a Atos TI Solutions con una diferencia exigua de apenas 0,4 puntos sobre 100.

El informe destaca que, paradójicamente, «el licitador que obtuvo una mayor puntuación en dichos criterios de adjudicación cuya cuantificación depende de un juicio de valor fue Atos TI, y no Innova Next». Sin embargo, la empresa resultó adjudicataria gracias a su oferta económica.

Fórmulas deficientes

El aspecto más controvertido del informe se centra en las fórmulas matemáticas utilizadas para valorar las ofertas económicas. Esta anomalía convertía la competencia en algo meramente testimonial.

La Intervención General señala que estos sistemas de valoración otorgaban «un grado de discrecionalidad técnica relevante» a los órganos de contratación, lo que en la jerga administrativa es una forma circunspecta de criticar la falta de objetividad en los procedimientos.

Los contratos analizados se tramitaron bajo diferentes marcos normativos. El más antiguo, del centro La Nave (2016), se rigió por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, mientras que los restantes aplicaron la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, que endureció los controles para garantizar la transparencia.

La normativa actual establece que «en el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar una proposición», siendo el sistema «que permite una mayor concurrencia de potenciales licitadores». Sin embargo, el informe constata sistemáticamente lo contrario en los casos analizados.

Pese a las deficiencias en los procesos de adjudicación, el informe documenta que la ejecución contractual se desarrolló sin incidencias aparentes. Todas las facturas de Innova Next fueron certificadas como conformes por los responsables técnicos de cada organismo, sin que se reportaran problemas en la prestación de los servicios.

En el caso del Consejo Superior de Deportes, el informe certifica que los servicios «han sido prestados de plena conformidad», con facturas trimestrales por importe de 251.203 euros cada una y servicios adicionales por 556.304 euros hasta marzo de 2024.

Esta circunstancia podría ser interpretada de dos formas: o bien Innova Next ejecutó correctamente unos contratos obtenidos de manera irregular, o bien la supervisión técnica no detectó deficiencias que sí identificó el análisis administrativo posterior.

Exigencias a medida

El análisis técnico revela que los pliegos de condiciones presentaban características que limitaban artificialmente la competencia. En varios expedientes, los requisitos de solvencia técnica exigían experiencias muy específicas que sólo pocas empresas podían acreditar.

El informe señala que los criterios «cuya cuantificación depende de un juicio de valor» no estaban «especialmente detallados», otorgando una «discrecionalidad» excesiva a las mesas de contratación. Esta falta de concreción permitía valoraciones subjetivas que podían favorecer ofertas determinadas.

La tramitación seguida también presenta particularidades. Mientras cinco contratos siguieron el procedimiento ordinario, uno aplicó la «tramitación de urgencia», reduciendo los plazos de presentación de ofertas sin justificación aparente de la urgencia alegada.

Organismos implicados

Red.es, la entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos, adjudicó a Innova Next los servicios de apoyo al programa Acelera Pyme. El expediente contemplaba «servicios de oficina» y «servicios de apoyo y asesoramiento» por un importe no detallado en la documentación analizada.

El Consejo Superior de Deportes (CSD), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Cultura y Deporte, encargó el diseño de su modelo de transformación digital. El contrato se financiaba con fondos europeos. En este caso un alto cargo del CSD, Félix Jordán de Urríes, es de Benasque (Huesca) y es amigo personal de Barrabés.

Un aspecto llamativo del caso es que varios contratos contaron con «fiscalización previa favorable» por parte de las respectivas intervenciones delegadas. Sin embargo, ahora emergen irregularidades.

Esta circunstancia plantea interrogantes sobre la efectividad de los controles internos. Los interventores que dieron conformidad a los expedientes aplicaron criterios formales, centrándose en el cumplimiento documental sin detectar las deficiencias sustantivas que ahora sí señala la Intervención General.