Gesto del Gobierno con Junts: paraliza la construcción de un nuevo centro de inmigrantes en Lérida

El Gobierno de Pedro Sánchez ha paralizado un proyecto de construcción de un Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) en Tárrega (Lérida) en plena negociación entre el PSOE y Junts sobre las competencias en inmigración. Así lo refleja el contrato publicado el pasado 21 de diciembre en el portal de contratación del sector público, el cual fue anulado siete días después de su anuncio. «Ahora mismo, no hay una decisión tomada al respecto de este proyecto, se está analizando», han dicho fuentes del Ministerio de Migraciones a OKDIARIO. Asimismo, han justificado la anulación de dicho contrato afirmando que hubo «un problema administrativo» con la publicación.

Ahora bien, el ex ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ya anunció el pasado mes de marzo el compromiso del Gobierno para construir el nuevo centro de inmigrantes en Cataluña que ahora se plantean no edificar. El ministro visitó el 31 de marzo el consistorio del municipio leridano, donde llegó a firmar un memorando de entendimiento para poner en marcha este centro.

Estaba previsto que el lugar de acogida tuviera una capacidad de 200 plazas y una superficie, propiedad de la Sareb, de 9.200 metros cuadrados. Espacios comunes, comedor, aulas, talleres y espacios deportivos llenarían todo el espacio donde iban a vivir los inmigrantes.

Además, durante su visita, Escrivá explicó que el proyecto de creación de los nuevos CAPI garantiza «la capacidad de acogida con ajuste a las necesidades actuales y futuras e incrementado su eficiencia». El ministro aseguró que las características de una ciudad como Tárrega, en cuanto a su población y servicios públicos, «hacen idónea esta ubicación para la integración de las personas solicitantes de protección internacional que acceden al sistema de acogida».

Cesión de competencias

Este proyecto para la construcción de un centro de inmigrantes, que vendía el Gobierno como un éxito para la integración, parece que no va a ver la luz. El cambio de parecer del ministerio, que ha pasado de anunciar la construcción a «analizar» el proyecto y a anular el contrato público, no es extraño, pues coincide en el tiempo con las negociaciones que el PSOE está manteniendo con Junts per Catalunya. Precisamente, uno de los acuerdos a los que quiere llegar Carles Puigdemont es la cesión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña.

«La letra pequeña del traspaso no la podemos explicar, pero será en materia de documentación o permisos de residencia. Cataluña debe poder decidir los flujos migratorios. Es importante que la lengua sea un elemento de integración para las personas que llegan a nuestro país», defendió la diputada de Junts Miriam Nogueras el pasado 11 de enero, durante una entrevista concedida a Rac1.

La concesión de estas competencias se realizará «con una ley orgánica a partir del artículo 150.2 y delegando las competencias plenas y los recursos en inmigración». El artículo de la Constitución que menciona Nogueras recoge lo siguiente: «El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado».

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también defendió que la transferencia de estas competencias se hará a través del artículo mencionado previamente. «Vamos a desarrollar una ley orgánica al amparo de la Constitución para delegar las competencias en materia de inmigración. Tenemos que trabajar una ley orgánica, con todos los detalles que eso conlleva, llevarla al parlamento y trabajar para que finalmente vea la luz», sostuvo Bolaños en una entrevista a La Hora de La 1 de TVE.

Control sin interferencias

Las reivindicaciones de Junts en materia migratoria no son nuevas. El programa con el que concurrió a las elecciones generales del 23 de julio del año pasado ya da cuenta de la importancia que concede a este asunto, que entonces pasó inadvertido.

En ese documento, el partido califica de «lamentable» y de «poco efectiva» la gestión por parte del Gobierno español, y plantea «que Cataluña pueda decidir sobre los flujos migratorios», además de «articular vías legales y seguras de inmigración».

Entre sus puntos, reclaman que Cataluña tenga ante la UE un papel activo, de Estado, por medio de «la interlocución directa entre el Gobierno de Cataluña y la Comisión Europea para poder cumplir con los objetivos europeos de acogida de refugiados sin interferencia del Gobierno español». También quieren plantear a las autoridades europeas «un cambio de orientación en las políticas de asilo y atención a los refugiados para articular políticas de apertura y acogida».