La Generalitat exige a Sánchez otro castigo fiscal a los madrileños: un sablazo con impuestos verdes

La Generalitat de Cataluña exige a Sánchez un segundo castigo fiscal a los madrileños: un sablazo con impuestos verdes. Tras el ataque de ERC exigiendo la recuperación del Impuesto de Patrimonio en Madrid, llega el segundo ataque. La Generalitat ha remitido un informe oficial al Gobierno de España en el que exige un segundo sablazo fiscal con el fin de castigar a los madrileños. En esta ocasión, con una batería de impuestos medioambientales.

El documento, firmado por la Generalitat catalana, exige abiertamente un castigo para los madrileños porque “la inacción de las comunidades autónomas incumplidoras con la normativa europea no puede sobreponerse al esfuerzo realizado por el resto de Comunidades que cumplen eficientemente las directrices de la UE” en materia de subidas fiscales ligadas al medioambiente, tal y como recoge el documento que hoy publica OKDIARIO sobre impuestos verdes.

La explicación del Gobierno catalán que comanda ERC y cuenta con el apoyo de Junts es la siguiente: “La estrategia de homogeneización y recentralización de determinadas figuras tributarias para lidiar con la pasividad de algunas comunidades autónomas para afrontar los problemas medioambientales actúa en detrimento de aquellas que sí han implementado eficazmente los instrumentos oportunos”.

Según los separatistas, «la ejemplificación más clara de esta situación es la que hace referencia al tratamiento de los residuos municipales», porque, según sus datos «efectivamente queda mucho trabajo por hacer, pues el porcentaje de residuos reciclados a nivel estatal (34,7% en 2019) está muy por debajo del 50% exigido por la UE en 2020».

¿Y quién es el culpable? Pues, según la Generalitat que encabeza ERC, socio del PSOE, una serie de comunidades entre las que está, por supuesto, Madrid. Según su tesis, se pone de manifiesto “que la magnitud del problema no es homogénea en el territorio: la Comunidad Valenciana y Cataluña lideran el ranking de reciclaje de residuos municipales, superando en 2018 la tasa de reciclaje del 50% exigida por la UE en 2020. Empezando por la cola, las Comunidades que presentan una tasa más baja son el Principado de Asturias, Galicia y la Comunidad de Madrid”.

Por ello, según los separatistas, debe pasarse a castigar fiscalmente a los asturianos, gallegos y madrileños: “La estrategia que adopte el Estado para conseguir los objetivos marcados por la UE debería reconocer el esfuerzo realizado por las Comunidades cumplidoras y evitar cualquier medida que implique un retroceso y menoscabo de los logros alcanzados hasta la fecha”. Porque “en el componente 28 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se menciona que “actualmente existe una variedad de impuestos autonómicos sobre residuos, que no cubren todo el territorio nacional, dando lugar a la ausencia de una estrategia nacional eficaz sobre la materia y permite el denominado turismo de residuos”. Así que, deben aplicarse nuevos impuestos verdes en territorios como Madrid, según su exigencia al Gobierno.

Impuestos autonómicos

“La variedad de impuestos autonómicos no tiene por qué ser un problema, siempre que se establezcan los objetivos a alcanzar y se exija el cumplimiento de los mismos. Más que un problema, la autonomía tributaria en la imposición ambiental es una oportunidad para innovar y aprender de otras jurisdicciones, permite adaptar cada figura tributaria a las particularidades territoriales y fomenta la corresponsabilidad fiscal”, explica el documento de los separatistas.

Porque, según sus tesis, “la estrategia nacional para afrontar la problemática del tratamiento de los residuos puede diseñarse en el marco de un sistema descentralizado, sin eliminar competencias a aquellas comunidades autónomas que tengan la voluntad de regular y gestionar las figuras tributarias que consideren más idóneas para lograr eficientemente los objetivos marcados, estableciendo una regulación subsidiaria para aquellas comunidades que no deseen ejercer sus capacidades normativas y de gestión, y previendo un régimen sancionador en caso de incumplimiento”.

Es decir, que si Isabel Díaz Ayuso se negase a torturar fiscalmente a los madrileños, los separatistas consideran que su decisión autonómica debe conllevar un castigo desde el poder central y una imposición mínima dictada desde La Moncloa. Es decir, justo lo contrario que defienden cando violan las normas comunes educativas o el respeto a la Constitución y la unidad de España.

“Esta propuesta no es exclusiva para el caso de los residuos; de igual forma pueden afrontarse otros retos medioambientales que tengan un fuerte componente territorial”, concluye el informe de la Generalitat sobre impuestos verdes.

Por todo ello, Cataluña pide implantar la fórmula de la “convivencia de tributos autonómicos propios y tributos estatales cedidos cuando las comunidades autónomas opten por no ejercer su capacidad normativa para abordar problemas medioambientales. Se propone un modelo de convivencia de un impuesto estatal cedido con tributos propios autonómicos que se hayan verificado eficientes. Así, volviendo al caso de los residuos, en aquellas comunidades autónomas que no dispongan de un impuesto sobre los residuos o disponiendo de uno, se verifique insuficiente, se aplicaría el impuesto estatal (cedido); y en el resto, se mantendrían los impuestos propios autonómicos, respetando así su proactividad en la toma de decisiones sobre la política pública de la gestión de residuos, salvo que voluntariamente quisieran aplicar el impuesto estatal cedido y eliminar el impuesto propio”.