Fiscal General del Estado

García Ortiz se atrinchera con los fiscales afines: «Es el Supremo quien debe probar mi culpabilidad»

Los cuatro fiscales del 'procés' han encabezado la oposición al fiscal general en la Junta de Fiscales

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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha decidido agarrarse al sillón tras la reunión de la cúpula fiscal tras su imputación por el Tribunal Supremo en relación con la presunta revelación de secretos que le atribuye el novio de Isabel Díaz Ayuso. «Es el Supremo quien debe probar mi culpabilidad», ha defendido el fiscal nombrado por Pedro Sánchez.

Ocho fiscales, incluidos los involucrados en el caso procés (Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena y Consuelo Madrigal), han solicitado su dimisión de manera explícita. También se han posicionado contra García Ortiz los fiscales del Supremo Antonio Narváez y José Miguel de la Rosa; uno de los fiscales jefe de las secciones de lo Penal del Supremo José Javier Huete; y la fiscal de Sala de criminalidad informática Elvira Tejada. Así, tras más de dos horas y media de deliberaciones, la mayoría de los 31 miembros presentes en la Junta de Fiscales de Sala –muchos de ellos nombrados por el máximo dirigente del Ministerio Público– han apoyado a García Ortiz.

García Ortiz ha sido el primero en intervenir, defendiendo durante unos 15 minutos su continuidad en el cargo, insistiendo en que no cometió ningún delito y aclarando que la nota de prensa que publicó fue para desmentir lo que consideraba un «bulo» y no para filtrar correos electrónicos. Tras su intervención, fiscales como la ex fiscal general María José Segarra, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón y el fiscal del Tribunal Constitucional Pablo Crespo le han trasladado su respaldo. Cuatro fiscales no pudieron asistir por compromisos previos, y se decidió que no podían participar telemáticamente.

El primer fiscal general imputado por el Supremo en democracia ha escuchado a la cúpula fiscal con un gesto serio. La Junta de Fiscales de Sala, que suele tratar cuestiones más técnicas, no se ha convocado a modo de plebiscito ni para lograr apoyos puesto que no se ha planteado en ningún momento una votación al uso, al contrario, es «meramente explicativa o informativa», según informan fuentes fiscales.

Reunión por la tarde

Por la tarde, García Ortiz trasladará su decisión al Consejo Fiscal, donde se anticipa una reunión mucho más tensa. En dicho órgano están los representantes de toda la carrera fiscal elegidos por votación. Se espera que la mayoría de los miembros del Consejo, incluyendo los vocales de la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en el cuerpo– y de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), se opongan a su continuidad, argumentando que la imputación perjudica a la institución y que lo más adecuado sería su dimisión.

En este sentido, ven evidente el «daño» que hace a la institución que haya un imputado a los mandos. «Está claro que la depuración es la dimisión inmediata», remarcan. En ese órgano hay 6 vocales de la AF, 2 de la UPF –que sí respalda a su antiguo compañero de asociación– y uno de la APIF, más las dos vocales natas –la teniente fiscal María Ángeles Sánchez-Conde y la fiscal inspectora María Antonia Sanz Gaite, ambas de la cuerda de García Ortiz–.

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