La Fiscalía de la Audiencia descarta que filtrar datos de Sánchez sea terrorismo y lleva el caso al juez ordinario

La Fiscalía de la Audiencia Nacional descarta que sea terrorismo filtrar datos de Pedro Sánchez, políticos, periodistas y personas de actualidad como Koldo García o Víctor de Aldama y pide que se lleve el caso al juez ordinario. 

Según un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, la Fiscalía ha solicitado la inhibición de las actuaciones en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria del caso en el que los hackers canarios Akkaspace y Pakito filtraron datos sensibles de importantes personalidades del Estado.

Los hechos se remontan al 19 de junio de 2025, cuando la Comisaría General de Información puso en conocimiento de la Audiencia Nacional que en diversos canales de difusión masiva se habían publicado datos personales relacionados con distintos políticos españoles, con la consecuente afectación al entorno de intimidad y seguridad de dichas personas.

La primera publicación apareció en un canal de Telegram en el que se envió un enlace a una página en la que aparecían los números de DNI, teléfonos, direcciones de domicilios y correos electrónicos de estas personas. Se detectó que detrás de la filtración masiva estaban dos jóvenes de 19 años.

Uno de ellos hizo una entrevista en un canal de streaming en la que aseguró que es alguien que «se dedica a la actividad delincuencial desde hace mucho tiempo y que empezó a atacar servidores por dinero». Justificó sus acciones por los casos de corrupción recientes y admitió que vendía el acceso a su base de datos «a cambio de 40 euros».

Registros en sus casas

Las autoridades judiciales ordenaron entradas y registros en los domicilios de ambos investigados en la madrugada del 1 al 2 de julio de 2025, acusándolos de presuntos delitos de amenazas terroristas y delito informático terrorista con la finalidad de desestabilización, coacción a las instituciones del Estado e intimidación a colectivos relevantes.

El análisis del material informático incautado reveló conversaciones donde el investigado presumía de sus acciones. «En su móvil se recogen conversaciones con sujetos no identificados más que por sus alias en internet, conversaciones en las que el investigado presume de estar haciendo daño al PSOE y de ser el autor de las filtraciones».

Un elemento relevante del caso fue el testimonio de su madre sobre el momento de la detención. Según la investigación policial, cuando se llevaban detenido a su hijo, «ella le cogió la mano y él, llorando, le dijo ‘mamá, putos políticos corruptos’, lo cual, a juicio de los investigadores, no hace más que confirmar la animadversión del hacker a los poderes públicos».

No atacaron bases de datos

La Audiencia Nacional investigó estos hechos, en un primer momento, como un presunto delito de terrorismo, pero ahora la Fiscalía lo descarta en su escrito porque considera que no se cumplen las condiciones.

El punto crucial es que «pese a todas las diligencias de investigación practicadas, no ha podido acreditarse que los datos personales publicados que afectan a políticos, periodistas y sujetos de la actualidad política hayan sido obtenidos mediante el ataque a alguna base de datos del Gobierno de la nación» o de otras instituciones constitucionales relevantes.

Por ello, la Fiscalía concluye que «los hechos investigados por este órgano judicial son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de datos personales previsto y penado en el artículo 197 del Código Penal y, por tanto, carece de competencia la Audiencia Nacional para su instrucción y enjuiciamiento», solicitando el traslado del caso al Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria.