ERC y Bildu exigen al PSOE una tercera comisión de ‘lawfare’ en el Congreso

ERC y Bildu, que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, han propuesto la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el lawfare, la supuesta persecución política desde las instituciones del Estado que el independentismo viene denunciando sistemáticamente sin prueba alguna. Se trata de la tercera comisión que piden los socios de Sánchez en la Cámara Baja y que el PSOE tendrá que apoyar al estar incluido en sus pactos con ERC y Junts. El BNG también apoya esta iniciativa.

La comisión investigaría el espionaje con el programa Pegasus del que supuestamente fueron víctimas en sus móviles 65 políticos, activistas, periodistas y abogados por su vinculación al separatismo catalán y vasco. El viernes pasado, Junts y el PNV registraron otras dos solicitudes para crear dos comisiones de investigación en el Congreso relacionadas con el lawfare: una sobre el espionaje a líderes independentistas durante el proceso golpista que culminó en el 1-O y otra sobre las supuestas responsabilidades políticas del Estado en los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017, semanas antes de la celebración del referéndum ilegal.

ERC, Bildu y el BNG señalan en su petición que fueron espiados dirigentes como los presidentes de la Generalitat Pere Aragonés, Quim Torra y Artur Mas; los del Parlament Roger Torrent y Laura Borràs; líderes de partidos políticos como Arnaldo Otegi, Marta Rovira; destacados activistas como Marcel Mauri (Òmnium Cultural) o Elisenda Paluzie (ANC) o abogados como Andreu Van den Eynde o Gonzalo Boye. También figuran otros parlamentarios europeos, del Congreso y del Parlament catalán como Jordi Solé, Antoni Comín, Diana Riba, Míriam Nogueras, Jon Iñarritu, Albert Botran, Ferran Bel, Albert Batet o Josep Maria Jové. El CNI reconoció el espionaje a 16 personas, recalcando que fue bajo autorización judicial.

Los socios de Sánchez se apoyan también para justificar la creación de esta comisión en informaciones publicadas por The New Yorker y El País tras la investigación de los laboratorios forenses Citizen Lab (Universidad de Toronto) y Amnesty International Security Lab. «Este espionaje ilegal socava derechos fundamentales, como son el del respeto y protección individual a la intimidad y privacidad», sostienen los promotores de esta iniciativa.

ERC, Bildu y el BNG recuerdan que esta comisión fue rechazada en la anterior legislatura. Sin embargo, ahora tendrá que ser apoyada por el PSOE al incluir en el artículo 1 de la Ley de Amnistía el lawfare que denuncian los separatistas.

«Presuntos malos usos»

En este mismo pacto, ERC y Junts también se aseguraron de que «las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán» en esta legislatura «se tendrán en cuenta en la aplicación de la Ley de Amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política». Además, se podrán «dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas» como resultado de esas comisiones de investigación.

Esta tercera comisión pretende aclarar, según sus promotores, «los presuntos malos usos de estamentos y recursos públicos para la persecución política y, en concreto, la intromisión a la intimidad y privacidad de líderes políticos, instituciones y personas individuales». Defienden también que para que la comisión sea efectiva, «es imprescindible poner toda la documentación y los medios precisos a su disposición, a fin de esclarecer estos hechos».