El art. 1 de la ley amnistía parte del ‘lawfare’ que exigía Puigdemont para salvar a sus colaboradores

La Ley de Amnistía pactada por el PSOE con los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez -y que inicia ahora su tramitación parlamentaria- incluye -aunque sin mencionarlo explícitamente- el tan polémico lawfare, o la supuesta persecución judicial que el independentismo viene denunciando sistemáticamente sin prueba alguna.

Como avanzó este periódico, la norma se abre a que sean beneficiarios aquellos que se declaren víctimas de esa persecución. En concreto, la referencia aparece así: «Se entenderán comprendidos aquellos actos, vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista desarrollado en Cataluña o a sus líderes en el marco de ese proceso, y realizados por quienes, de forma manifiesta y constatada, hubieran prestado asistencia, colaboración, asesoramiento de cualquier tipo, representación, protección o seguridad a los responsables de las conductas a las que se refiere el primer párrafo de esta letra, o hubieran recabado información a estos efectos». En concreto, ese primer párrafo hace alusión los promotores del proceso separatista catalán.

Cabe recordar que el acuerdo entre Junts y el PSOE para la investidura ya incluía una referencia a ese lawfare, al contemplar la posibilidad de emprender «acciones de responsabilidad» si se acredita a través de comisiones parlamentarias que hubo casos de guerra judicial contra el independentismo catalán. Acciones que podrían traducirse en acusaciones de prevaricación contra los jueces y magistrados de esos casos o reclamaciones económicas a la Administración de Justicia.

Ésta era una exigencia innegociable para Puigdemont, que pidió que estas comisiones parlamentarias investiguen los «elementos podridos» de la Operación Cataluña y que sus conclusiones «se tengan en cuenta en la aplicación de la Ley de Amnistía, en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Terrorismo

Además, la Ley de Amnistía abarca los delitos cometidos entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, relacionados con los referéndum ilegales de 2014 y 2017, así como «acciones cometidas entre estas fechas, aunque no se encuentren directamente relacionadas con estas consultas o incluso hayan sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración».

Entre ellos, supone el borrado de los delitos de terrorismo, siempre y cuando no haya recaído sentencia firme, como también avanzó este periódico. Es decir, se podría aplicar a los 12 miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por terrorismo, ya que no ha recaído aún sentencia.

Además, la Ley de Amnistía afecta directamente al ex presidente catalán Carles Puigdemont, lo que permitirá su regreso inmediato a España. Puigdemont se encuentra fugado de la Justicia española desde el 30 de octubre de 2017, cuando huyó a Bruselas. El pasado 6 de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón imputó al líder separatista -además de a la secretaria general de ERC, Marta Rovira- en el marco de la investigación sobre Tsunami Democràtic. El juez estima que los hechos podrían ser considerados indiciariamente como terrorismo.