La empresa española de los 170 respiradores acusa al Gobierno de Bolivia de perderlos

respiradores
Pruebas de un respirador.

La empresa IME Consulting Global Services SL, la encargada de intermediar en la compra de los 170 respiradores cuya tramitación está siendo investigada por posibles sobrecostes, ha acusado al Gobierno de Bolivia de haberlos perdido, después de que el Ejecutivo solicitará una rescisión del contrato y la devolución de 2,2 millones de dólares (1,8 millones de euros) a cambio de devolver estos equipos.

«El Gobierno confiesa que no sabe dónde están los respiradores que se le ha entregado», ha señalado el abogado de IME, Ramiro Vega, durante un diálogo mantenido en los micrófonos de la emisora Radio Fides.

De acuerdo con la intervención de Vega, el Gobierno de la presidenta interina, Jeanine Áñez, ha asegurado desconocer el paradero de los aparatos una vez fueron entregados al Ministerio de Salud.

Vega considera que es una «irresponsabilidad administrativa» la pérdida de estos aparatos, tal y como señala, ha dicho, el informe que se les ha facilitado, y ha señalado directamente al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y a Áñez por «pedir que se saltasen todos los protocolos para acudir directamente a un acto político para exhibir los respiradores».

Hace unos días, el ministro de Justicia de Bolivia, Álvaro Coímbra, informó que se solicitaría a este empresa y a la que fabrica los aparatos, la también española GPA Innova, la rescisión de contrato que les une comercialmente, así como la devolución de un primer pago 2,2 millones dólares, valorado en más del doble.

Vega ha hecho referencia a las palabras de Coímbra y ha señalado que el Gobierno puede «hacer el ridículo» planteando una rescisión del contrato que implica la devolución de unos aparatos cuyo paradero han asegurado desconocer, según una misiva que les ha llegado de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).

Desde el Gobierno se ha manifestado a este respecto la ministra de Salud, Eidy Roca, quien ha explicado, sin dar más detalles, que los respiradores están «en custodia hasta que se termine el proceso» judicial, según ha publicado el periódico boliviano ‘La Razón’.

El escándalo de los respiradores, adquiridos hace a finales de mayo, saltó tras destaparse que el Gobierno de Bolivia pagó más de 27.000 dólares por respirador a la española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de unos 7.000 dólares.

La consecuencia inmediata fue el cese del ministro de Salud, Marcelo Navajas, quien apenas llevaba un mes al frente de la cartera de Salud, que fue detenido y mandado a prisión preventiva, así como el arresto de otros implicados en la gestión de la compra de unos aparatos que tampoco estaban preparados para atender a los pacientes más graves de COVID-19.

El Gobierno optó por paralizar los contratos e inició un proceso legal en contra de los posibles responsables, cuyas acusaciones formales estarán listas en un plazo máximo de 15 días, según reveló el Gobierno.

BOLIVIA EXPERIMENTA UN LIGERO DESCENSO EN LOS CASOS DE COVID-19
Por otro lado, el Ministerio de Salud de Bolivia ha informado este lunes de 879 nuevos casos positivos y de 65 fallecidos más, por lo que ya son 76.789 contagios acumulados y 2.977 muertes causadas por la enfermedad de la COVID-19.

Las últimas cifras facilitadas por las autoridades sanitarias suponen un ligero descenso en comparación a las de días anteriores, donde el número de positivos se situaba por encima de los mil.

Hasta el momento 37.471 personas han logrado superar la enfermedad, la cual continúa haciendo más mella en el departamento de Santa Cruz, en el este de Bolivia, en donde se han confirmado más de 38.500 casos y mayor número de víctimas mortales.coronavirusGobier

Lo último en España

Últimas noticias