La UE exige a España una «evaluación urgente» de su «capacidad sanitaria» ante la escalada de ómicron

La oficina anti Covid de la UE (ECDC) acaba de actualizar sus protocolos para exigir una mayor implicación de los Gobiernos centrales en la lucha contra ómicron. No se lo reclama sólo a España, pero si destaca en sus mapas a España como uno de los países en la banda de máximo impacto y riesgo por el virus. La exigencia es rotunda: “Los estados miembros también deben evaluar urgentemente sus niveles aceptables de riesgos residuales, las capacidades actuales del sistema de salud y las opciones de gestión de riesgos disponibles”.

Y lo hace, justo, mientras Pedro Sánchez sigue eludiendo su obligación de coordinar las actuaciones de las comunidades autónomas y cuando ha pretendido dejar sin un euro la partida de 2022 de ayuda a las comunidades autónomas para afrontar los gastos sanitarios del Covid.
La nueva actualización de protocolos de Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), señala que «durante las últimas dos semanas, se ha observado un fuerte aumento en las tasas de notificación de COVID-19 en varios países de la UE/EEE (estados del Espacio Económico Europeo)”.

De hecho, “al final de la semana 52, se observó una situación epidemiológica de alta o muy alta preocupación en todos los Estados miembros de la UE/EEE excepto dos”. España no es la excepción, sino que figura en el grupo de máximo impacto y riesgo por el virus.
El ECDC explica que “esta situación se debe en gran medida a la circulación continua de la variante Delta y la rápida expansión de la variante ómicron en muchos países” y apunta que “sobre la base de la situación actual y la evidencia disponible, el ECDC considera que el nivel general de riesgo para la salud pública asociado con la mayor aparición y propagación del COV Omicron en la UE/EEE es muy alto”.

Propagación de ómicron

La UE avisa, además, de que “en las próximas semanas, se espera que la propagación de ómicron resulte en tasas generales de notificación de casos aún más altas” y estos altos niveles de transmisión del SARS-CoV-2 “pueden dar lugar a altos niveles de ausentismo laboral, incluso entre los trabajadores de la salud y otros trabajadores esenciales, y es probable que superen las capacidades de prueba y rastreo de contactos en muchos Estados miembros de la UE”.

Es más, el ECDC espera que “el gran volumen de casos de COVID-19 que se prevé que ocurran ejerza una presión considerable sobre los sistemas de salud y la sociedad”. Por todo ello, el organismo anti COVID de la UE reclama “acciones necesarias para seguir abordando la pandemia”. Y ahí exige a España y al resto de Estados miembros una implicación inexistente en estos momentos en el Gobierno de Pedro Sánchez.
“Se necesitan medidas urgentes y enérgicas para reducir la transmisión, mantener manejable la carga sobre los sistemas de salud y proteger a los más vulnerables en los próximos meses”, apunta el protocolo.

La vacunación sigue siendo clave

“La vacunación sigue siendo clave para abordar la circulación continua del virus y para reducir el impacto de los COV delta y ómicron”, y, además, “deben continuar los esfuerzos para aumentar la aceptación total de la vacunación en personas que actualmente no están vacunadas o que están parcialmente vacunadas, así como la aceleración del despliegue de dosis de refuerzo”.

Pero el ECDC apunta a un tipo de medidas donde el Gobierno de Sánchez hace aguas por todas partes: “Las intervenciones no farmacéuticas, como evitar grandes reuniones públicas o privadas, el uso prolongado de máscaras faciales, la reducción de los contactos entre grupos de personas en entornos sociales o laborales, el trabajo desde el hogar y la reducción de la mezcla entre hogares deben fortalecerse y mantenerse”. Y es que Sánchez ha decidido lavarse las manos y dejar en manos de las comunidades la inmensa mayoría de estas decisiones.

Por todo ello, la oficina anti COVID europea señala que “los estados miembros también deben evaluar urgentemente sus niveles aceptables de riesgos residuales, las capacidades actuales del sistema de salud y las opciones de gestión de riesgos disponibles”. En España, la gestión del sistema sanitario está transferida a las comunidades autónomas. Pero la coordinación de esos sistemas en caso de pandemia recae sobre el Gobierno central, que, pese a ello, ha hecho omisión absoluta de esta obligación.

El ECDC recuerda unos ejemplos dentro de esas medidas que deben ser “evaluadas urgentemente”: “Medidas de contingencia y continuidad de la actividad, estrategia de vigilancia y pruebas, y política de cuarentena y aislamiento, entre otras”.