El director del máster de Cifuentes se niega a declarar ante el juez

El que fuera director del Máster en Derecho Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Enrique Álvarez Conde, se ha acogido este lunes a su derecho a no declarar en la causa penal en la que se investigan las presuntas anomalías detectadas en el curso de postgrado que dirigía en el Instituto de Derecho Público (IDP) y que, entre otros, habría realizado la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El catedrático se ha limitado a señalar ante la jueza Carmen Rodríguez-Medel y los abogados de las partes que aclarará los hechos que se le imputan cuando se resuelvan los recursos interpuestos en la instrucción que le conciernen, han informado fuentes jurídicas.

Se trata de la primera ocasión que Conde, el principal imputado en la causa, ha comparecido ante la jueza de Instrucción número 51 de Madrid. El máster objeto de la investigación fue cursado por el candidato a presidir el PP Pablo Casado en 2008 y la expresidenta regional Cristina Cifuentes.

La instructora ha fijado para este lunes y mañana la comparecencia de los investigados. Hoy estaban citados cuatro profesores y el director del máster, mientras que mañana será el turno de Cifuentes y otros cuatro docentes.

La expectación que había generado su interrogatorio como investigado se ha visto desinflada después de que haya informado en un breve comunicado leído ante la decena de abogados que estaban presentes en la sala de vistas que se acogía a su derecho a no declarar, un derecho recogido en el artículo 24 de la Constitución y el 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC).

Además, el catedrático ha señalado que aclarará todos los hechos que se le imputan más adelante cuando se resuelvan dos recursos, según las mismas fuentes. Uno de ellos sería el recurso de apelación interpuesto contra la desestimación del escrito en el que pidió a la jueza que no instruyera el caso del máster como «una investigación general» por una supuesta continuidad delictiva.

En el auto desestimatorio, la jueza replicó a Conde que no hay «una investigación general», sino «una investigación que trata de esclarecer, a través de la policía judicial, si se está ante un delito continuado de falsificación documental, prevaricación administrativa y cohecho impropio» por ser «varios los alumnos beneficiados de conductas indiciariamente ilícitas» por parte de Conde en su condición de profesor.

Otro de los recursos en los que se ha amparado para no declarar se refiere a la petición de Cristina Cifuentes, a través de su defensa, de pasar la totalidad de la causa al Tribunal Supremo ante el aforamiento de Pablo Casado por su condición de diputado parlamentario. Este recurso deberá resolverse en las próximas horas.

Conde está imputado en otras dos piezas separadas. Una relativa al expediente académico de Pablo Casado y en otra sobre las irregularidades en las convalidaciones del exsubsecretario de Economía Miguel Temboury. Está citado a declarar de nuevo el próximo 2 de agosto, al igual que el exector de la URJC Fernando Suárez.

Presuntas presiones

La maratoniana jornada de declaraciones de investigados ha arrancado con la comparecencia de la presidenta del tribunal que habría examinado a Cifuentes de su Trabajo de Fin de Máster (TFM), Alicia López de los Mozos.

Según fuentes jurídicas, la docente ha afirmado que recibió supuestamente presiones por parte de la profesora que falsificó las firmas del acta de este propio trabajo, Cecilia Rosado, después de que ésta le pidiera que mintiera para que reconociera su rúbrica.

Se trata de la segunda vez que De los Mozos comparece ante la magistrada, pero en esta ocasión lo hace en calidad de investigada y acompañada por un abogado. Al inicio de la instrucción, declaró como testigo y pasó a ser imputada tras recocer que había calificado a varios alumnos sin hacer el curso. Se le imputo un delito de prevaricación administrativa.

Hoy, se ha ratificado en lo que manifestó entonces en sede judicial, ampliando la declaración en que habría recibido presiones de Cecilia Rosado. Al parecer, Rosado le pidió que «mintiera» y «diera por buena su firma» falsificada, según las mismas fuentes, a lo que ésta se negó.

Por su parte, Rosado se ha acogido a su derecho a no declarar. Sí habló la anterior vez que acudió al juzgado como imputada, señalando entonces que había recibido presiones presuntamente de Maite Feito, exasesora del Gobierno regional. Además, afirmó que el director del máster la presionó para «fabricar» el acta.

También ha comparecido el profesor Rodrigo Martín, quien habría negado haber examinado a Cifuentes, así como haberla visto por el Campus. Al inicio de la investigación, este profesor dijo que sí había examinado a la expresidenta regional, algo que ha aclarado hoy al señalar que no sabía quiénes eran los alumnos que calificaba ya que su asignatura no era presencial.

Maite Feito comparece esta tarde como investigada. Fuentes jurídicas han adelantado a Europa Press que negará las supuestas presiones que le imputa Rosado, quien dijo ante la jueza que la exasesora les manifestó que «Cristina» les iba a matar si no lo arreglaban, en referencia a la expresidenta madrileña.

Mañana está prevista la declaración como investigada de Cifuentes por los delitos de cohecho impropio y falsificación documental. Su defensa ha solicitado que se suspenda la citación y que se inhiba de la causa a favor del Tribunal Supremo.