Díaz pide «eliminar trámites» para acelerar la nacionalización de inmigrantes en busca de votos

Sumar, formación de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, ha exigido al Ejecutivo, del que su propio partido forma parte, que se eliminen «trámites innecesarios» en el proceso de nacionalización de inmigrantes. El objetivo es acelerar este procedimiento y permitir a los extranjeros acceder a la ciudadanía española lo antes posible. Por un lado, quieren que no sea obligatorio renunciar a la nacionalidad de origen y, por otro, que se compute el tiempo de estudios en España para este fin.

El Grupo Parlamentario Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados relativa a la «obtención de la nacionalidad española por residencia y la conservación de la nacionalidad de origen». En ella propone una modificación de los artículos del Código Civil para la «concesión de la nacionalidad».

Años del extranjero como estudiante

Por un lado, desde el partido magenta recuerdan que la legislación vigente «exige una residencia legal, continuada e inmediatamente anterior durante un mínimo de diez años para solicitar la nacionalidad española». Sin embargo, los años que un extranjero ha estado viviendo en España mediante una autorización de estancia por estudios «no son reconocidos a efectos de nacionalidad».

A ojos de la formación de Yolanda Díaz, esto «crea una desigualdad estructural que debe ser corregida» porque «para las obligaciones son residentes, pero para los derechos no se les reconoce como tales».

El problema, según Sumar, es que se «separó la residencia de la estancia, pasando a clasificar a los estudiantes como meros visitantes». «Esta exclusión ha provocado que el tiempo que pasan en España los estudiantes bajo régimen de estancia no compute a efectos de nacionalidad, a diferencia de otras figuras como la residencia no lucrativa, que también impide trabajar, o de los ciudadanos comunitarios que pueden residir en España sin restricciones similares y cuyos años sí son tenidos en cuenta», subrayan.

Además, plantean equiparar que los estudiantes extranjeros opten a las mismas ayudas que los españoles ya que, hasta ahora, había sido «excluidos de ayudas públicas como las becas MEC u otras convocatorias estatales o autonómicas».

Renuncia a la nacionalidad de origen

Por otro lado, subraya que el Código Civil «impone, como condición para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, opción o carta de naturaleza, la renuncia expresa a la nacionalidad anterior». Existen, eso sí, excepciones a esta norma, como por ejemplo para los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.

En opinión del partido magenta, «este requisito supone una barrera innecesaria y disuasoria para la integración de personas plenamente arraigadas en España». Lo califican como «desproporcionado» y creen que implica la ruptura de «vínculos afectivos, familiares, culturales e incluso patrimoniales» con el país de procedencia.

Sumar critica que «la raíz de esta norma se encuentra en la legislación heredada del franquismo, cuando el régimen imponía la renuncia como expresión de fidelidad exclusiva al Estado». Algo que consideran una «anomalía legal» que no se «corresponde» con la democracia.

Además, considera que debe eliminarse este requisito como «acto de reparación y actualización normativa en el marco de los valores que impulsa la Ley de Memoria Democrática». Y, por último, buscan un «ordenamiento jurídico más inclusivo, igualitario y respetuoso con los derechos fundamentales».

En definitiva, aseguran que eliminar el requisito de renunciar a la nacionalidad de origen «facilitaría la simplificación administrativa del proceso de nacionalización, eliminando trámites innecesarios y acercando el procedimiento a estándares internacionales».

Regularizar a 1 millón de inmigrantes

Esta medida llega apenas unos días después de que el Gobierno de Sánchez reconociera que tiene prevista la regularización de casi un millón de inmigrantes antes de las elecciones generales, es decir, antes de 2027.

El Ejecutivo, concretamente, aseguró que con el nuevo reglamento de extranjería que entró en vigor en mayo, pretende dar solución a la situación en la que se encuentran 300.000 extranjeros al año desde 2025 y hasta 2027. Esto les permitiría acceder a la nacionalidad en unos años, lo que les otorgaría, entre otras cosas derecho al voto.

El Ejecutivo socialista lo admitió a través de una respuesta parlamentaria a una pregunta del PP sobre los datos del «número de inmigrantes que prevé el Gobierno que se regularicen anualmente mediante la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería, así como número estimado de personas que se encuentran en situación administrativa irregular en España y su evolución durante los próximos dos años».