Denuncian al alcalde de Burjassot, próximo a Sánchez, por no renovar a una policía por estar embarazada

El sindicato UGT presentó una queja hace dos semanas al defensor del pueblo en Valencia (el Sindic de Greuges) contra el Ayuntamiento de Burjassot, cuyo alcalde Rafael García es cercano a Pedro Sánchez, por «vulnerar los derechos de una policía embarazada» que, según el sindicato, no obtuvo respuesta al no ver renovada su comisión.

M.J. V. trabajaba como policía en el Ayuntamiento de Burjassot. «Estaba comisionada desde el 1 de diciembre de 2011», explica en exclusiva a OKDIARIO. Estar ‘comisionado’ significa que M.J. tenía su plaza como policía en un ayuntamiento y cuando tuvo a su segundo hijo se trasladó a otro consistorio más cercano a su domicilio que es el de Burjassot. Aquí empezaron los problemas.

M.J. comunicó a su jefe el intendente José Mora que estaba embarazada y a partir de ahí vinieron los problemas. «Me trasladaron la mesa al pasillo y me pusieron ahí a trabajar gestionando multas. No es habitual que te hagan esto, cuando antes y con mi primer hijo trabajaba en un despacho», señala. A los pocos días le llamaron de Recursos Humanos para advertirle de que la iban a despedir. «Pregunté el motivo de mi no renovación porque al otro chico que estaba en mi situación de comisionado sí que lo renovaron», explica la policía.

M.J. habló con su intendente: «El motivo que me dio es que necesita a gente en la calle y yo no podía estar porque mi trabajo es prescindible». La policía tuvo que estar varios meses acudiendo al otro consistorio (donde tiene su plaza) a cinco horas de su domicilio actual en estado de gestación tras no renovarle su plaza en Burjassot.

Ya de baja por maternidad, la policía envió dos cartas al alcalde socialista de Burjassot. Rafael García es conocido por ser «amigo personal» de Pedro Sánchez. Fue uno de los que pilotó este fin de semana el 39 Congreso Federal del PSOE y además es el candidato ‘sanchista’ contra Ximo Puig en las próximas primarias valencianas. García es junto al secretario uno de los que tienen que firmar y dar su visto bueno a estas renovaciones

M.J. explicó a García en su primera misiva que no entendía el motivo de su despido. A lo que después de unos meses asegurando que miraría el caso, García le respondió que el principal motivo era «el económico».  La policía le envió una segunda carta donde le respondía que eso era mentira ya que «siguieron contratando a mi compañero el mismo día y también han ido renovando a varios agentes hasta la fecha de hoy», señala en su misiva. «Todavía no he obtenido respuesta por parte de García a esta carta y sigo esperándola», contesta M.J. que harta por no saber nada sobre su caso se dirigió al sindicato UGT para que acudiera al defensor del pueblo en Valencia.

«Llevamos el caso al defensor del pueblo de Valencia porque con posterioridad a M.J. se han concedido prórrogas de comisiones de servicio a agentes de la Policía Local de la plantilla del Ayuntamiento de Burjassot, que estaban prorrogadas durante varios años y en las que no ha existido impedimento económico», señala desde el sindicato Paco Caballero, responsable de la Administración Local y Servicios a la Comunidad de Valencia.

«El responsable que la atendió le dijo en su cara que por su estado de gestación no se la iba a renovar y no se puede permitir que siga pasando esto en los tiempos que estamos», señala Caballero a este medio.

El sindicato considera que se vulnera el artículo 14 de la Constitución, por «existir una clara actuación discriminatoria por razón de sexo, fundada en la maternidad» y la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo, y del Consejo de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refieres al acceso al empleo, a la formación, promoción profesional y condiciones de trabajo.

«La ley contempla que las mujeres que se encuentran en estado de gestación tiene una segunda actividad con trabajos administrativos y auxiliares para que no implique riesgo su actividad profesional hasta que cojan la correspondiente baja», explica Caballero.

Desde UGT explican que piden al síndic de Greuges que investigue sobre este caso «y se tomen las medidas oportunas ya que se están vulnerando derechos fundamentales a una trabajadora». Los próximos pasos a seguir consisten en la apertura un procedimiento administrativo para conocer si ha existido alguna ilegalidad y, en ese caso, se podría abrir un expediente informativo para asumir responsabilidades y subsanar los errores.