El PP rechaza cambiar la Ley de Extranjería pero vota a favor del reparto de 347 menas

La cumbre sobre los menas se ha saldado con un fracaso, pues el Gobierno se ha negado a aumentar las partidas económicas para que las Comunidades Autónomas acojan a más menas en el futuro tras la modificación de la Ley de Extranjería. El PP no ha aceptado la propuesta del Gobierno al negarse éste a dar más dinero para permitir futuros repartos de menas por la Península Ibérica, pero sí que ha votado a favor del reparto voluntario de 347 menores inmigrantes, de los que, en principio, les corresponderían 209.

Los gobiernos presididos por el PP quieren que sea Sánchez, junto los presidentes autonómicos, los que aborden la cuestión de la modificación de la Ley de Extranjería en una futura conferencia de presidentes en las próximas semanas. Moncloa se niega a ello. Una de las principales críticas que han lanzado los consejeros del PP es que se les ha remitido el documento con menos de 24 horas de antelación y que no han tenido tiempo de estudiarlo. Vox, que gobierna con los populares en varias autonomías, había amenazado con romper los pactos si aceptaba el reparto.

Cataluña, por su parte, ha rechazado aceptar la reforma de la ley que propone el Gobierno y que le permitiría trasladar menas sin consenso, no apoyan las derivaciones de los 400 menores y se han abstenido. El consejero de Bienestar Social del Govern, Carles Campuzano, socio de la coalición formada por el PSOE y Sumar, ha sido el más duro en su intervención a puerta cerrada, según han explicado fuentes presentes en la cita. Este martes, un día antes de la cita, ya apuntaba a que el reparto debía reconocer «la singularidad de Cataluña». Campuzano ha asegurado que el Gobierno central «no lo está haciendo bien», y ha remarcado que Cataluña no puede apoyar la modificación de la Ley de Extranjería en los términos que el Ejecutivo propone en la actualidad. Además ha advertido al Gobierno sobre la propuesta de reparto de los menas que la solución que se acuerde «implica también no trasladar los problemas a otros sitios».

La sensación en Moncloa es de haber «perdido una oportunidad» para «encauzar» un problema que acecha a las Canarias. En el Gobierno recuerdan que «la presión» que sufre el archipiélago por la llegada de menas es «muy fuerte» y lamenta que «las comunidades del PP han optado por dar la espalda al problema».

Antes de la reunión, los consejeros de Servicios Sociales de algunas comunidades autónomas -concretamente Navarra, Castilla-La Mancha y Cataluña y sin presencia de las que gobierna el PP- han visitado un centro de menores migrantes en Tenerife y han constatado la «frustración» de los jóvenes por la sobrecarga del sistema de acogida. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha ejercido de anfitriona en una visita con la que pretendía concienciar a sus colegas de la situación que vive el archipiélago. La mandataria canaria ha comentado que «es bueno» que las comunidades autónomas vean ‘in situ’ la situación que hay en Canarias y lo que «se puede venir» en los próximos meses a Canarias.

Delgado ha apuntado que los centros pequeños funcionan «muy bien» pero en los grandes, como el que han visitado con 234 menores, son «muchos» como para tener un programa óptimo de atención y es un ejemplo lo que va a ocurrir en los próximos meses y que ha obligado al Gobierno canario a habilitar una carpa en el puerto de Arrecife (Lanzarote). No obstante, ha aclarado que la competencia de reformar la ley de extranjería no es de las comunidades autónomas sino del Congreso de los Diputados y por eso ha pedido a los grupos políticos «ayuda» para mejorar la calidad de vida de los menores.

La consejera ha reconocido que con más de 5.500 menores bajo tutela no se puede garantizar la formación, pese a que se han suscrito convenios con asociaciones de empresarios y el Servicio Canario de Empleo. «Los niños a lo que vienen y lo que demandan también, lo que dejaron atrás, es que tengan un trabajo para poder derivar dinero a sus países. Entonces, bueno, el sentimiento de muchos de ellos es de frustración porque se ven que desde Canarias se les ha cortado ese vuelo hacia el territorio peninsular y hacia otros países europeos y se sienten un poco frustrados porque no tienen toda esa atención y toda esa formación, empleo y demás que ellos a lo que venían a Canarias», ha indicado.